La petición internacional del ministro de Ambiente: adoptar un impuesto al carbono

Una de las medidas que más contribuye a la conservación y la restauración del medio ambiente son los impuestos. Su aporte se traduce en inversiones monetarias para la acción climática. Esto, según un nuevo ensayo publicado en la revista científica Nature, podría ser una estrategia de otros países que, al igual que Colombia y Costa Rica, han implementado un tributo al carbono. La carta, firmada por el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, su homólogo costarricense Carlos Manuel Rodríguez, el experto Edward B. Barbier y el vicepresidente de la organización Conservation International, Sebastian Troëng, en Arlington, Virginia, EE. UU. (Lea: La contaminación por combustibles fósiles causa 4,5 millones de muertes al año) 

La propuesta de los cuatro expertos insta a que "más países que tienen bosques tropicales adopten un impuesto sobre el carbono tropical, en América del Sur y Central, África, Asia y el Pacífico. "Este es un impuesto sobre los combustibles fósiles que se invierte en soluciones climáticas naturales. Dicha política puede reducir el uso de petróleo, gas y carbón y movilizar fondos nacionales para la adaptación y la mitigación", explicaron en el artículo. 

Sus argumentos se ven sustentados en las experiencias de ambos países. En el caso de Costa Rica, este impuesto se ha recaudado desde 1997, cuando se estableció un tributo de 3,5 % sobre los combustibles fósiles, principales impulsores de la crisis climático. Según los cálculos, un total de 26,5 millones de pesos anuales son obtenidos a raíz de esta medida. Esa suma de dinero es destinada a proyectos como la protección de bosques y campañas de reforestación. 

El caso de Colombia, aunque más reciente, también ha sido satisfactorio. El impuesto al carbono, que recae sobre aquellas empresas que producen o importan este tipo de recurso, fue incluído en una reforma tributaria de 2016. Gracias a ello, un año después se obtuvo 148 millones de dólares a cambio de cobrar 5 dólares por cada tonelada de carbono emitido. Este dinero constituye el Fondo Colombia en Paz, el cual se distribuye 25 % para cuidado de ecosistemas y 5 % para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Ambas iniciativas tienen como fin mitigar las emisiones de dióxido de carbono de estos territorios. Una cuarta parte de estos contaminantes son liberados a partir de actividades humanas como la producción agrícola, forestal, de fibra y ganadería. A ello se suma la deforestación, otra causa que para 2050 se cree que haya acabado con una área de bosque tropical tan grande como la India. Tanto sería el efecto de esto que "podría desperdiciar la mitad del presupuesto global de carbono restante para limitar el calentamiento a 1.5 ° C por encima de los niveles preindustriales", sostienen los autores. 

Por eso, insisten, "si otros 12 países implementan un impuesto al carbono tropical similar al de Colombia, podrían recaudar US $ 1,8 mil millones cada año entre ellos para invertir en hábitats naturales que benefician el clima". Ese es el llamado de los expertos, agregando que la medida deberá tenerse en cuenta desde los Gobiernos, los bancos de desarrollo, las organizaciones y otros inversores financieros. 

Una de las medidas que más contribuye a la conservación y la restauración del medio ambiente son los impuestos. Su aporte se traduce en inversiones monetarias para la acción climática. Esto, según un nuevo ensayo publicado en la revista científica Nature, podría ser una estrategia de otros países que, al igual que Colombia y Costa Rica, han implementado un tributo al carbono. La carta, firmada por el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, su homólogo costarricense Carlos Manuel Rodríguez, el experto Edward B. Barbier y el vicepresidente de la organización Conservation International, Sebastian Troëng, en Arlington, Virginia, EE. UU. (Lea: La contaminación por combustibles fósiles causa 4,5 millones de muertes al año) 

La propuesta de los cuatro expertos insta a que "más países que tienen bosques tropicales adopten un impuesto sobre el carbono tropical, en América del Sur y Central, África, Asia y el Pacífico. "Este es un impuesto sobre los combustibles fósiles que se invierte en soluciones climáticas naturales. Dicha política puede reducir el uso de petróleo, gas y carbón y movilizar fondos nacionales para la adaptación y la mitigación", explicaron en el artículo. 

Sus argumentos se ven sustentados en las experiencias de ambos países. En el caso de Costa Rica, este impuesto se ha recaudado desde 1997, cuando se estableció un tributo de 3,5 % sobre los combustibles fósiles, principales impulsores de la crisis climático. Según los cálculos, un total de 26,5 millones de pesos anuales son obtenidos a raíz de esta medida. Esa suma de dinero es destinada a proyectos como la protección de bosques y campañas de reforestación. 

El caso de Colombia, aunque más reciente, también ha sido satisfactorio. El impuesto al carbono, que recae sobre aquellas empresas que producen o importan este tipo de recurso, fue incluído en una reforma tributaria de 2016. Gracias a ello, un año después se obtuvo 148 millones de dólares a cambio de cobrar 5 dólares por cada tonelada de carbono emitido. Este dinero constituye el Fondo Colombia en Paz, el cual se distribuye 25 % para cuidado de ecosistemas y 5 % para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Ambas iniciativas tienen como fin mitigar las emisiones de dióxido de carbono de estos territorios. Una cuarta parte de estos contaminantes son liberados a partir de actividades humanas como la producción agrícola, forestal, de fibra y ganadería. A ello se suma la deforestación, otra causa que para 2050 se cree que haya acabado con una área de bosque tropical tan grande como la India. Tanto sería el efecto de esto que "podría desperdiciar la mitad del presupuesto global de carbono restante para limitar el calentamiento a 1.5 ° C por encima de los niveles preindustriales", sostienen los autores. 

Por eso, insisten, "si otros 12 países implementan un impuesto al carbono tropical similar al de Colombia, podrían recaudar US $ 1,8 mil millones cada año entre ellos para invertir en hábitats naturales que benefician el clima". Ese es el llamado de los expertos, agregando que la medida deberá tenerse en cuenta desde los Gobiernos, los bancos de desarrollo, las organizaciones y otros inversores financieros.