Justo cuando se creía que la producción de carbón en Colombia comenzaba a reducirse, pareciera que a este subsector de la economía ‘se le apareció la Virgen’, como dicen coloquialmente, por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania. La búsqueda de Europa por reducir su dependencia al suministro energético del gas ruso, y con esto los ingresos que le permitan continuar con la guerra, le estaría abriendo oportunidades al mineral colombiano.
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El ‘milagrito’ hizo que en mayo el presidente Iván Duque anunciara que ya estaba vendida toda la producción de carbón de 2022 dando, además, señales positivas para las ventas en 2023. Estos anuncios son bien recibidos por los carboneros colombianos que habían visto cómo el mercado global venía reduciéndose, con compradores limitados, concentrados principalmente en Asia.
El aparente buen momento del mercado ha hecho, incluso, que aparezcan interesados en los títulos mineros a los que Prodeco renunció el año pasado, y que ahora el gobierno busca adjudicar rápidamente para aumentar la producción nacional, y poder aprovechar los precios históricos que se están dando para nivelar caja. A la fecha, la tonelada está por encima de los US$400, después de apenas superar los US$50 durante algunos años y haber mostrado un máximo de US$200, en 2021.
Lo cierto es que esta ‘bonanza’ podría no durar mucho tiempo, pues ya varios países de Europa están buscando la manera de solucionar sus problemas energéticos sin sacrificar sus compromisos climáticos con el planeta, lo que se traduce en encontrar nuevos proveedores, pero no de carbón sino de gas u otras fuentes no convencionales de energía, tratando, además, de reemplazar totalmente el gas ruso a partir de 2025. En esta fecha, entonces, el carbón colombiano podría perder de nuevo el mercado europeo, y tener dificultades para continuar en el asiático, puesto que para países como China su principal proveedor sería Rusia.
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Resulta imperativo, incluso en un escenario de ‘bonanza’, cambiar el rumbo y planificar una transición energética justa que vaya en línea con las metas climáticas globales, y que no deje a nadie atrás. Transitar no significa intensificar la producción e inversión en infraestructura de combustibles fósiles. Narrativa que por estos días suena como aceptable y con gran fuerza. Seguir postergando la transición solo traerá consecuencias negativas para el país y el planeta. No tenemos ni 40 y menos 50 años para lograrlo. Lo coherente y responsable sería comenzar ya a desincentivar la producción y uso de estas materias primas para generar energía. En otras palabras, como afirma Giovanni Pabón, experto en el tema, “sí la transición energética fuera una fiesta, el carbón no debería estar invitado y el gas debería irse máximo a las diez de la noche”.
Continuar apostando por el carbón es, además de incoherente, irresponsable. El país no cumpliría las metas de reducir las emisiones nacionales de GEI en 51% y alcanzar la carbono neutralidad en 2050, alejándonos cada vez más de la senda de evitar que la temperatura aumente en 1.5 grados centígrados. Es inaceptable que Colombia haga anuncios de grandes compromisos climáticos a nivel internacional e internamente siga enviando mensajes de que “la descarbonización no significa dejar de producir carbón.”
Es irresponsable fiscalmente porque una vez los países que hoy comercian con Colombia encuentren otras fuentes más amigables con el planeta y, además, más baratas, van a dejar de comprarle carbón. Lo que dejaría al país con una cantidad de activos varados representados en infraestructura que no se utilizaría, una disminución en el PIB nacional y, por su puesto, en regalías.
Es irresponsable con las más de cien mil personas que dependen de esta actividad, y que el gobierno y las empresas no han tomado en serio para hacer un plan que les permita transitar a otras posibilidades económicas sostenibles en el tiempo; o capacitarlas para poder hacer parte de la cadena de generación de energía a partir de fuentes no convencionales u otras actividades sostenibles que se pueden dar en los mismos territorios, dónde hoy hay explotación minera de carbón.
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Es irresponsable con las regiones que van a estar en unos años con buena parte de su población desempleada, así como con tierras y ecosistemas degradados.
Es claro que los retos de la transición energética son grandes, pues incluyen, entre otros, diversificar nuestra economía, lo que hace aún más urgente tener un plan ya. Pero, no cualquiera. Se requieren soluciones con una mirada integral, una que no solo recaiga en los ministerios de Energía o de Ambiente, sino que involucre el compromiso de otras carteras como la de trabajo, educación y hacienda, solo por mencionar algunas, así como la responsabilidad de las empresas ancla en la cadena de valor de los combustibles fósiles. También es fundamental comenzar a capacitar a las personas en nuevas tecnologías y crear currículos escolares con ese propósito, ir instalando capacidades, generando empleos verdes que garanticen que el transitar se haga con justicia y equidad. En esto, las comunidades parecen ser más realistas que el propio gobierno. Un grupo de sindicatos y trabajadores del sector minero creó recientemente un centro de pensamiento, con el apoyo de la Universidad del Magdalena, entre otros, para entender cómo promover una política energética que considere aspectos sociales, laborales y ambientales.
Transitar responsable y ordenadamente hacia un futuro (no lejano) sin carbón y otros combustibles fósiles como el petróleo y el gas para generar energía es una tarea que le quedará al próximo gobierno. Esperemos que sus políticas muestren un camino más claro, coherente y con mayor ambición que el actual; y que la coyuntura por la que hoy atraviesa el mundo ante la guerra entre Rusia y Ucrania nos permita aprender a estar mejor preparados para que la acción climática y la soberanía energética puedan continuar aun ante situaciones tan complejas.
*Periodista. Directora de comunicaciones de Transforma.
** Profesional en Gobierno y Asuntos Públicos y Economista. Asociado de Transforma