Las cuentas pendientes con el río Bogotá

La desviación del arroyo Bruno en La Guajira, la explotación petrolera en el Área de Manejo Especial de La Macarena, la urbanización de la Reserva Thomas van der Hammen, la carretera Barranquilla-Santa Marta que tiene en jaque el complejo lagunar más grande del país y las nuevas cifras de deforestación que arrojó la semana pasada el Ideam tienen encendido el debate ambiental. Sin embargo, a esta lista hay que añadir un problema más: el incumplimiento de la sentencia que ordenó limpiar el río más contaminado del país, el Bogotá.

En marzo de 2014, el Consejo de Estado les ordenó a cerca de 72 entidades (incluidos 46 municipios y seis ministerios) la titánica tarea de sanear y recuperar la cuenca del río Bogotá. Los desechos de casi 8 millones de habitantes que estaba recibiendo diariamente, más la contaminación de las curtiembres, fábricas y mineras de los demás municipios, tenían en vilo el principal cauce de la capital. Pero dos años después de haberse emitido el fallo la catástrofe ecológica continúa. Todo parece indicar que aún hace falta mucho tiempo, coordinación, interés y recursos económicos para empezar a cumplirlo.

“Sin duda, esta es la sentencia más compleja que hay en materia ambiental en el país, porque involucra a varias entidades y cambia el paradigma de las decisiones judiciales, pues ahora no es la administración quien tiene que marcar el rumbo de los ecosistemas, sino los jueces. Para cumplirla, se requiere que el Estado esté preparado, pero no lo está, entre muchas razones, porque los nuevos alcaldes hasta ahora están conociendo qué es lo que tienen que hacer y cuáles fueron los avances de sus antecesores”, explica el procurador ambiental, Óscar Darío Amaya.

Para saber en qué nivel de cumplimiento se encuentra la sentencia, la Procuraduría realizó 44 audiencias en los municipios involucrados. En ellas encontró que hay deficiencias en el manejo de las aguas residuales, en el sistema de alcantarillado y en el acueducto. Además advirtió que el Consejo Estratégico de Cuenca, entidad que tenía que dirigir, articular, gestionar y coordinar las órdenes del fallo, no ha hecho su tarea.

En palabras del ingeniero Luis Felipe Aparicio, asesor de la Procuraduría, las alcaldías involucradas en la recuperación del río tampoco están haciendo muy bien su labor, aunque reconoce que enfrentan dificultades, principalmente ligadas a temas de presupuesto. “Tienen que actualizar, por ejemplo, el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca), el Plan de Ordenamiento Territorial o el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. También tienen que mejorar o construir plantas de tratamiento, hacer separación de aguas lluvias y aguas negras, pero la mayoría de los plazos ya vencieron y parece no haber la suficiente coordinación y monitoreo. Las obligaciones exceden su presupuesto”, dice.

Una buena muestra de lo que cuenta Aparicio es que, hasta el momento, hay diez municipios que no tienen planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), doce están en optimización y siete sí tienen, pero no saben en qué condición. “Preocupa mucho que Villapinzón y Girardot no tengan”, afirma.

Aunque la construcción de estas plantas estaría cofinanciada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), hay diferencias entre los empresarios que están dificultando su implementación.

“No todos los dueños de estas empresas están de acuerdo y prefieren un conector que recoja las aguas residuales y las lleve directamente a la PTAR. Su costo sería de US$250 millones. El problema es que algunas cumplen con toda la normatividad y por eso no quieren ser trasladadas, mientras que hay otras 32 curtiembres que están en la ronda del río, lo contaminan y deben ser reubicadas prontamente”, dice el director de la CAR, Néstor Franco.

Pero, pese a los desacuerdos, lo cierto es que ninguna de esas dos opciones está en marcha. A la fecha no hay pactos concretos ni se sabe con certeza cuáles serían los costos. “Ha habido poca seriedad a la hora de analizar el horizonte de inversión para la recuperación del río Bogotá. Por eso cada quien da cifras diferentes”, asegura Franco.

Los esfuerzos para salvar el río

Hasta el momento los esfuerzos de la CAR se han concentrado, principalmente, en sacar adelante el proyecto que permitiría ampliar el cauce del río. Esa adecuación hidráulica evitaría inundaciones y mejoraría la calidad del agua. Según el ingeniero Aníbal Acosta, líder del proyecto, más del 70 % del trabajo está adelantado. Para ser precisos, hacen falta 16 de los 68 kilómetros de la cuenca media, que van desde Alicachín (Soacha) hasta el puente La Virgen. En este punto el río recibe el 84 % de la contaminación, además de las aguas residuales de los ríos Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelito.

En sus trabajos, la CAR ha retirado cerca de 6 millones de toneladas de basuras. Colchones, sillas, electrodomésticos, tapetes y cualquier cantidad de llantas y plásticos son sólo algunos de los artículos que encuentran usualmente. La corporación también ha comprado cerca de 680 hectáreas para que el río tenga zonas de inundación controladas y ha sembrado más de 250.000 especies nativas como cajeto, cedro, roble, nogal y magnolio. Además, continúa la construcción de un parque con senderos y ciclorrutas que tiene que superar una dificultad mayor: está en una zona donde el olor es nauseabundo.

A lo anterior hay que sumar la ampliación y optimización de la PTAR El Salitre, que, según la CAR, ya fue adjudicada por una suma superior a US$430 millones, de los cuales el Banco Mundial aportará US$250 millones. Quien está al frente de la obra es el consorcio Expansión PTAR Salitre, conformado por la firma griega Aktor, la española Aqualia y la colombiana Cass Constructores. En palabras simples, esa obra permitiría que el agua tratada pueda ser reutilizada para fines agropecuarios sin que la salud pública esté en riesgo. En términos técnicos, ampliará la capacidad de tratamiento de las aguas de 4 metros cúbicos por segundo a 7,1.

Por su parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tiene a su cargo el diseño y la construcción de la PTAR Canoas, que trataría 14 metros cúbicos de aguas residuales por segundo, y los interceptores. Pero pese a que El Espectador insistió en saber cuál era su estado, al cierre de esta edición la entidad no había respondido. Suponiendo que la construcción marche de acuerdo a los planes, estas obras permitirán tener un río completamente limpio en 2025.

Calificación: deficiente

A los ojos de la Contraloría Delegada de Medio Ambiente, todos esos esfuerzos se quedan cortos al mirarlos en detalle. A inicios de este año advirtió que “no se ha avanzado en el propósito de mejorar la calidad del agua y reducir la contaminación del río Bogotá” y calificó como “deficiente” la gestión de la CAR. ¿Por qué? Porque ha habido un incremento de metales pesados, como mercurio, cadmio, plomo, arsénico y cromo, que son altamente nocivos para la salud y el medioambiente. Villapinzón, Chocontá y Cajicá, en la cuenca alta; Bogotá, Funza y Mosquera, en la cuenca media, y San Antonio del Tequendama, Tena y La Mesa, en la baja, son los municipios peor calificados.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente asegura que, pese a que se han implementado medidas que contribuyen a la descontaminación del afluente, no han sido suficientes. “El problema de la contaminación se ha generado desde hace décadas y el crecimiento de la población y la industria ha generado un aumento acelerado de los vertimientos de aguas residuales al río”.

Estas razones le bastaron a la Procuraduría para emitir una circular en la que les da un jalón de orejas a los municipios y los invita a incluir todos los puntos relacionados con la descontaminación del río Bogotá en los Planes de Desarrollo 2016-2020 y los POT. Advierte de que lo esencial es que haya coherencia en las decisiones, y eso implica que todas estén encaminadas a salvar el río, desde su nacimiento en el páramo de Guacheneque hasta su desembocadura en el río Magdalena.

La desviación del arroyo Bruno en La Guajira, la explotación petrolera en el Área de Manejo Especial de La Macarena, la urbanización de la Reserva Thomas van der Hammen, la carretera Barranquilla-Santa Marta que tiene en jaque el complejo lagunar más grande del país y las nuevas cifras de deforestación que arrojó la semana pasada el Ideam tienen encendido el debate ambiental. Sin embargo, a esta lista hay que añadir un problema más: el incumplimiento de la sentencia que ordenó limpiar el río más contaminado del país, el Bogotá.

En marzo de 2014, el Consejo de Estado les ordenó a cerca de 72 entidades (incluidos 46 municipios y seis ministerios) la titánica tarea de sanear y recuperar la cuenca del río Bogotá. Los desechos de casi 8 millones de habitantes que estaba recibiendo diariamente, más la contaminación de las curtiembres, fábricas y mineras de los demás municipios, tenían en vilo el principal cauce de la capital. Pero dos años después de haberse emitido el fallo la catástrofe ecológica continúa. Todo parece indicar que aún hace falta mucho tiempo, coordinación, interés y recursos económicos para empezar a cumplirlo.

“Sin duda, esta es la sentencia más compleja que hay en materia ambiental en el país, porque involucra a varias entidades y cambia el paradigma de las decisiones judiciales, pues ahora no es la administración quien tiene que marcar el rumbo de los ecosistemas, sino los jueces. Para cumplirla, se requiere que el Estado esté preparado, pero no lo está, entre muchas razones, porque los nuevos alcaldes hasta ahora están conociendo qué es lo que tienen que hacer y cuáles fueron los avances de sus antecesores”, explica el procurador ambiental, Óscar Darío Amaya.

Para saber en qué nivel de cumplimiento se encuentra la sentencia, la Procuraduría realizó 44 audiencias en los municipios involucrados. En ellas encontró que hay deficiencias en el manejo de las aguas residuales, en el sistema de alcantarillado y en el acueducto. Además advirtió que el Consejo Estratégico de Cuenca, entidad que tenía que dirigir, articular, gestionar y coordinar las órdenes del fallo, no ha hecho su tarea.

En palabras del ingeniero Luis Felipe Aparicio, asesor de la Procuraduría, las alcaldías involucradas en la recuperación del río tampoco están haciendo muy bien su labor, aunque reconoce que enfrentan dificultades, principalmente ligadas a temas de presupuesto. “Tienen que actualizar, por ejemplo, el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca), el Plan de Ordenamiento Territorial o el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. También tienen que mejorar o construir plantas de tratamiento, hacer separación de aguas lluvias y aguas negras, pero la mayoría de los plazos ya vencieron y parece no haber la suficiente coordinación y monitoreo. Las obligaciones exceden su presupuesto”, dice.

Una buena muestra de lo que cuenta Aparicio es que, hasta el momento, hay diez municipios que no tienen planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), doce están en optimización y siete sí tienen, pero no saben en qué condición. “Preocupa mucho que Villapinzón y Girardot no tengan”, afirma.

Aunque la construcción de estas plantas estaría cofinanciada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), hay diferencias entre los empresarios que están dificultando su implementación.

“No todos los dueños de estas empresas están de acuerdo y prefieren un conector que recoja las aguas residuales y las lleve directamente a la PTAR. Su costo sería de US$250 millones. El problema es que algunas cumplen con toda la normatividad y por eso no quieren ser trasladadas, mientras que hay otras 32 curtiembres que están en la ronda del río, lo contaminan y deben ser reubicadas prontamente”, dice el director de la CAR, Néstor Franco.

Pero, pese a los desacuerdos, lo cierto es que ninguna de esas dos opciones está en marcha. A la fecha no hay pactos concretos ni se sabe con certeza cuáles serían los costos. “Ha habido poca seriedad a la hora de analizar el horizonte de inversión para la recuperación del río Bogotá. Por eso cada quien da cifras diferentes”, asegura Franco.

Los esfuerzos para salvar el río

Hasta el momento los esfuerzos de la CAR se han concentrado, principalmente, en sacar adelante el proyecto que permitiría ampliar el cauce del río. Esa adecuación hidráulica evitaría inundaciones y mejoraría la calidad del agua. Según el ingeniero Aníbal Acosta, líder del proyecto, más del 70 % del trabajo está adelantado. Para ser precisos, hacen falta 16 de los 68 kilómetros de la cuenca media, que van desde Alicachín (Soacha) hasta el puente La Virgen. En este punto el río recibe el 84 % de la contaminación, además de las aguas residuales de los ríos Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelito.

En sus trabajos, la CAR ha retirado cerca de 6 millones de toneladas de basuras. Colchones, sillas, electrodomésticos, tapetes y cualquier cantidad de llantas y plásticos son sólo algunos de los artículos que encuentran usualmente. La corporación también ha comprado cerca de 680 hectáreas para que el río tenga zonas de inundación controladas y ha sembrado más de 250.000 especies nativas como cajeto, cedro, roble, nogal y magnolio. Además, continúa la construcción de un parque con senderos y ciclorrutas que tiene que superar una dificultad mayor: está en una zona donde el olor es nauseabundo.

A lo anterior hay que sumar la ampliación y optimización de la PTAR El Salitre, que, según la CAR, ya fue adjudicada por una suma superior a US$430 millones, de los cuales el Banco Mundial aportará US$250 millones. Quien está al frente de la obra es el consorcio Expansión PTAR Salitre, conformado por la firma griega Aktor, la española Aqualia y la colombiana Cass Constructores. En palabras simples, esa obra permitiría que el agua tratada pueda ser reutilizada para fines agropecuarios sin que la salud pública esté en riesgo. En términos técnicos, ampliará la capacidad de tratamiento de las aguas de 4 metros cúbicos por segundo a 7,1.

Por su parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tiene a su cargo el diseño y la construcción de la PTAR Canoas, que trataría 14 metros cúbicos de aguas residuales por segundo, y los interceptores. Pero pese a que El Espectador insistió en saber cuál era su estado, al cierre de esta edición la entidad no había respondido. Suponiendo que la construcción marche de acuerdo a los planes, estas obras permitirán tener un río completamente limpio en 2025.

Calificación: deficiente

A los ojos de la Contraloría Delegada de Medio Ambiente, todos esos esfuerzos se quedan cortos al mirarlos en detalle. A inicios de este año advirtió que “no se ha avanzado en el propósito de mejorar la calidad del agua y reducir la contaminación del río Bogotá” y calificó como “deficiente” la gestión de la CAR. ¿Por qué? Porque ha habido un incremento de metales pesados, como mercurio, cadmio, plomo, arsénico y cromo, que son altamente nocivos para la salud y el medioambiente. Villapinzón, Chocontá y Cajicá, en la cuenca alta; Bogotá, Funza y Mosquera, en la cuenca media, y San Antonio del Tequendama, Tena y La Mesa, en la baja, son los municipios peor calificados.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente asegura que, pese a que se han implementado medidas que contribuyen a la descontaminación del afluente, no han sido suficientes. “El problema de la contaminación se ha generado desde hace décadas y el crecimiento de la población y la industria ha generado un aumento acelerado de los vertimientos de aguas residuales al río”.

Estas razones le bastaron a la Procuraduría para emitir una circular en la que les da un jalón de orejas a los municipios y los invita a incluir todos los puntos relacionados con la descontaminación del río Bogotá en los Planes de Desarrollo 2016-2020 y los POT. Advierte de que lo esencial es que haya coherencia en las decisiones, y eso implica que todas estén encaminadas a salvar el río, desde su nacimiento en el páramo de Guacheneque hasta su desembocadura en el río Magdalena.