Las cuentas pendientes de Visión Amazonia, el programa contra deforestación del gobierno

En Colombia hay datos y alertas sobre la deforestación desde 1990. Sin embargo, el pasado 10 de abril fue la primera vez que se citó a un debate de control político por este tema en el Congreso.

En el acalorado debate, citado por Harry González, representante a la Cámara por el Caquetá, se puso en entredicho la gestión de dos de las entidades implicadas en la lucha contra la deforestación: el Ministerio de Ambiente y Visión Amazonia, en cabeza de Ricardo Lozano y José Yunis respectivamente. Por un lado, el representante pidió la renuncia del ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, por sus titubeos frente a la deforestación, que para 2017 alcanzó la alarmante cifra de 219.973 hectáreas.

González también puso en entredicho las cuentas de Visión Amazonia, el programa que ha recibido $242.850 millones de los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido para reducir la desaparición del bosque amázónico. “¿Dónde están los US$52 millones que ya giraron los contribuyentes europeos? Revisando los contratos veo mucha consultoría por ahí (…), pero los resultados son demasiado malos”, dijo el representante, quien pidió a la Contraloría y Procuraduría investigar las cuentas de la entidad. José Yunis, director de Visión Amazonia, dijo: “Estamos dispuestos a responderle a cualquier persona o entidad”. El Espectador habló con él sobre las denuncias de inconsistencias en el programa que dirige desde sus inicios, en julio de 2016.

¿Qué ha pasado con los más de US$52 millones que los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido han invertido en Visión Amazonia?

Visión Amazonia funciona con el desembolso de US$85 millones (más o menos $242.850 millones), entre 2016 y 2021, que corresponden al pago por emisiones reducidas entre 2013 y 2016. Incluso ese presupuesto se redujo de US$100 a US$85 millones porque la deforestación no se redujo para 2017.

Se han planificado US$60 millones ($173.690 millones), pero de eso tenemos disponibles para ejecución US$44 millones ($127.552 millones), y hemos ejecutado el 29 %. El resto no puede usarse hasta que salgan los resultados del Registro Nacional de Emisiones, como si estuviera congelado, aunque ya está planeado a dónde va. Por ejemplo, a planes de ordenamiento forestal en el Caguán o el Tarapacá.

¿Entonces, cuál es el acuerdo con los noruegos, ingleses y alemanes?

Hay cinco estrategias y a cada una hay que dedicarle un porcentaje. Para gobernanza forestal es el 15 %. Eso es el ajuste de políticas, como el PND por ejemplo, que este año incluyó la Amazonia como una región en sí misma. El Pilar Agroambiental, que es el que entrega asistencia técnica al campesino amazónico y que le da valor al bosque, como ha venido haciendo Minambiente, se destina el 38 %. Al Pilar Indígena, 22 %, y al de condiciones habilitantes, que son inversiones en comunicaciones o el inventario forestal, un 15 %. Los donantes nos dijeron: ‘Si logra reducir la deforestación entre 2013 y 2017, con respecto al promedio de deforestación entre esas fechas, que son unas 82.883 hectáreas, le pagamos por resultado porque significa que habrían reducir las emisiones de CO2 asociadas a la deforestación en la Amazonia’. En 2016 la deforestación subió a 178.597 hectáreas en todo el país y 56.952 en la Amazonia. Esas 30.000 hectáreas en promedio que se dejaron de deforestar son las que se pagan. Ya en 2017 se disparó a 144.147 hectáreas solo en la Amazonia. Nos volamos la tasa que habíamos pactado y por eso no hay pago por resultados.

¿Dentro de ese presupuesto está el convenio con el Ideam por $15.000 millones que el representante mencionó en el debate?

Sí, eso está previsto y acordado con los donantes desde el inicio del programa. De ese contrato resultan las alertas tempranas que publica cada cuatro meses el Ideam en donde te dicen dónde está ocurriendo la deforestación. Colombia todavía no sostiene su propio sistema de información, y el Ideam tiene una metodología muy especializada que ha sido verificada internacionalmente, validados por los donantes. La idea es robustecer ese sistema de información. El programa sostiene financieramente el 60 % de esa operación y no de gratis. El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam es el que genera las cifras oficiales de reducción de emisiones de CO2. Con base en eso, los donantes desembolsan o no.

¿Por qué solo han desembolsado el 29 % del dinero, si estamos a un año y siete meses de 2021, que es cuando se acaba el programa?

De nuevo, el programa funciona por planes de inversión que dependen de cómo funcionen los programas. Por eso no operamos por año fiscal. Esto es un programa con un manual operativo muy claro que aprueban los donantes. Ese presupuesto del que solo he ejecutado el 29 % lleva corriendo seis o siete meses.

¿Solo Visión Amazonia maneja el dinero de los donantes? ¿O son las asociaciones campesinas o resguardos indígenas quienes deciden cómo invertirla?

Visión apoya que las asociaciones campesinas manejen la plata. Al medio término del programa hay que tener ciertos requisitos, y si no los tiene, el programa no les puede desembolsar. ¿Qué pasa con esa plata mientras no se usa? Se renta en inversiones de bajo riesgo, como se acordó. Con algunas asociaciones llevamos un año o más y cada zona tiene su particularidad. Esa también es una de las razones por las cuales se ha ejecutado el 29 %.

Le elevo la duda que envía un indígena kamsá del Valle del Sibundoy (Putumayo): si la Amazonia es un sistema ecológico que va desde las montañas y los páramos donde nacen los ríos, ¿por qué el programa solo atiende desde la cota 600 msnm hacia abajo?

El acuerdo que tiene Visión Amazonia con los donantes es que se actúa en la jurisdicción de lo que el Ideam considera como “bioma amazónico”, de la cota de los 500 msnm para abajo, incluyendo una parte de la Serranía de La Macarena. No entramos en la cuenca alta de la Amazonia, pero hay programas como GEF Corazón de la Amazonia que atienden esa zona. No es por restarle importancia, es una cuestión administrativa.

Tal como se dijo en el debate, los contratos de Visión Amazonia no aparecen registrados en páginas oficiales de contratación pública como Colombia Compra Eficiente o el Secop. ¿Cuál es la razón?

Nosotros tenemos todos los contratos colgados en la página de Visión Amazonia para que se pongan al escrutinio público. Es verdad que no está en el Secop y es porque la plata de Visión no está incorporada a ningún presupuesto nacional y por tanto no sigue las reglas de la Ley 80, que es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. No somos funcionarios públicos, somos pagados por cooperación. Ahora, eso no quiere decir que no haya escrutinio internacional.

Si el Gobierno Nacional no le hace auditoría a Visión Amazonia, ¿quién sí?

Visión tiene requisitos incluso más estrictos que los nacionales. En este momento se han realizado dos auditorías internacionales y ahorita viene la evaluación de medio término. KFW y el Gobierno de Colombia, en cabeza del Ministerio de Ambiente, invitaron a ocho firmas para la licitación de proyectos y manejo financiero. La primera fue hecha por la firma Valencia & Falla, y la segunda por DSA. Eso lo recoge y lo aprueba el Banco Alemán, o sea, KFW.

¿Solo los auditaron a ustedes o también a las corporaciones y a los parques que han ganado proyectos de Visión Amazonia?

A nosotros. Se han hecho proyectos por cerca de $7.000 millones en tres años con las tres corporaciones de la Amazonia (Corpoamazonia, Cormacarena y CDA) y con Parques Nacionales. En el Pilar Indígena ya hemos invertido unos $18.000 millones y se viene un nuevo ciclo, recibimos 49 propuestas y estaremos seleccionando unas veinte o 25. El acuerdo es que el 38 % de la plata debe ir a planes agroambientales, y ya llevamos 64.000 hectáreas de conservación y más de 207.000 hectáreas en clarificaciones prediales. Para la asistencia técnica al campesino especializado en las particularidades de la región amazónica, que no existe en Colombia, ya hay $12.000 millones programados, pero no ejecutados. Todo eso está en la auditoría muy claro.

Para González es sospechoso que Visión Amazonia haya decidido cambiar su misión de cero deforestación para el año 2020. ¿Cómo cambió esa meta? Porque sí es verdad que faltan siete meses para 2020 y la cero deforestación quedó lejos.

No. La meta no cambió. Es que una meta de deforestación cero para 2020 nunca fue meta de Visión Amazonia y yo creo que aquí hay una confusión. La idea de Visión Amazonia es apoyar un modelo distinto de desarrollo para la Amazonia que se centre en la conservación.

Colombia firmó el Acuerdo de París y dijo que iba a reducir a cero la deforestación si lograba contar con apoyo internacional. Eso es promesa del Gobierno de Colombia, no de Visión Amazonia. Tenemos un marco lógico que apunta hacia esa meta, pero lo que hace Visión es ayudar al país a reducir las emisiones de CO2 asociadas a la deforestación. Transitar de un modelo extractivo a uno sostenible. Es que no es cualquier bobadita lo que pasó, el posconflicto es sensacional para el país, pero para los bosques ha sido devastador. Sabíamos que iba a pasar porque en todos los países en posconflicto ha sucedido, y por eso el apoyo internacional.

El debate en el Congreso es una buena oportunidad para reflexionar sobre los tres años del programa. ¿Le parece que está funcionando la estrategia de Visión Amazonia?

Me da pena traer esto a colación, pero hay tres corporaciones con presupuestos raquíticos para cubrir cuarenta millones de hectáreas o más que tiene la Amazonia. El control a la deforestación no va a lograrse tampoco con todos los recursos de Visión Amazonia, hay que articularse mejor. Es un poco injusto decir que Visión Amazonia sea responsable por omisión en el control a la deforestación.

Lo más importante es que existe el sistema de monitoreo del Ideam, que es la herramienta más importante que tenemos porque nos dice dónde concentrar esfuerzos. Veo varios plus; por ejemplo, las alcaldías empiezan a tener enfoques ambientales, los medios han puesto el grito en el cielo por fin, porque no lo hacían entre 1990 y 2010, cuando se deforestaban 300.000 hectáreas anuales. Los altos mandos de las Fuerzas Militares ahora también serán evaluados por el control ambiental que ejerzan en el territorio. Se está elevando la conciencia, pero falta mucho, una Fiscalía más fuerte, por ejemplo.

*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.

En Colombia hay datos y alertas sobre la deforestación desde 1990. Sin embargo, el pasado 10 de abril fue la primera vez que se citó a un debate de control político por este tema en el Congreso.

En el acalorado debate, citado por Harry González, representante a la Cámara por el Caquetá, se puso en entredicho la gestión de dos de las entidades implicadas en la lucha contra la deforestación: el Ministerio de Ambiente y Visión Amazonia, en cabeza de Ricardo Lozano y José Yunis respectivamente. Por un lado, el representante pidió la renuncia del ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, por sus titubeos frente a la deforestación, que para 2017 alcanzó la alarmante cifra de 219.973 hectáreas.

González también puso en entredicho las cuentas de Visión Amazonia, el programa que ha recibido $242.850 millones de los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido para reducir la desaparición del bosque amázónico. “¿Dónde están los US$52 millones que ya giraron los contribuyentes europeos? Revisando los contratos veo mucha consultoría por ahí (…), pero los resultados son demasiado malos”, dijo el representante, quien pidió a la Contraloría y Procuraduría investigar las cuentas de la entidad. José Yunis, director de Visión Amazonia, dijo: “Estamos dispuestos a responderle a cualquier persona o entidad”. El Espectador habló con él sobre las denuncias de inconsistencias en el programa que dirige desde sus inicios, en julio de 2016.

¿Qué ha pasado con los más de US$52 millones que los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido han invertido en Visión Amazonia?

Visión Amazonia funciona con el desembolso de US$85 millones (más o menos $242.850 millones), entre 2016 y 2021, que corresponden al pago por emisiones reducidas entre 2013 y 2016. Incluso ese presupuesto se redujo de US$100 a US$85 millones porque la deforestación no se redujo para 2017.

Se han planificado US$60 millones ($173.690 millones), pero de eso tenemos disponibles para ejecución US$44 millones ($127.552 millones), y hemos ejecutado el 29 %. El resto no puede usarse hasta que salgan los resultados del Registro Nacional de Emisiones, como si estuviera congelado, aunque ya está planeado a dónde va. Por ejemplo, a planes de ordenamiento forestal en el Caguán o el Tarapacá.

¿Entonces, cuál es el acuerdo con los noruegos, ingleses y alemanes?

Hay cinco estrategias y a cada una hay que dedicarle un porcentaje. Para gobernanza forestal es el 15 %. Eso es el ajuste de políticas, como el PND por ejemplo, que este año incluyó la Amazonia como una región en sí misma. El Pilar Agroambiental, que es el que entrega asistencia técnica al campesino amazónico y que le da valor al bosque, como ha venido haciendo Minambiente, se destina el 38 %. Al Pilar Indígena, 22 %, y al de condiciones habilitantes, que son inversiones en comunicaciones o el inventario forestal, un 15 %. Los donantes nos dijeron: ‘Si logra reducir la deforestación entre 2013 y 2017, con respecto al promedio de deforestación entre esas fechas, que son unas 82.883 hectáreas, le pagamos por resultado porque significa que habrían reducir las emisiones de CO2 asociadas a la deforestación en la Amazonia’. En 2016 la deforestación subió a 178.597 hectáreas en todo el país y 56.952 en la Amazonia. Esas 30.000 hectáreas en promedio que se dejaron de deforestar son las que se pagan. Ya en 2017 se disparó a 144.147 hectáreas solo en la Amazonia. Nos volamos la tasa que habíamos pactado y por eso no hay pago por resultados.

¿Dentro de ese presupuesto está el convenio con el Ideam por $15.000 millones que el representante mencionó en el debate?

Sí, eso está previsto y acordado con los donantes desde el inicio del programa. De ese contrato resultan las alertas tempranas que publica cada cuatro meses el Ideam en donde te dicen dónde está ocurriendo la deforestación. Colombia todavía no sostiene su propio sistema de información, y el Ideam tiene una metodología muy especializada que ha sido verificada internacionalmente, validados por los donantes. La idea es robustecer ese sistema de información. El programa sostiene financieramente el 60 % de esa operación y no de gratis. El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam es el que genera las cifras oficiales de reducción de emisiones de CO2. Con base en eso, los donantes desembolsan o no.

¿Por qué solo han desembolsado el 29 % del dinero, si estamos a un año y siete meses de 2021, que es cuando se acaba el programa?

De nuevo, el programa funciona por planes de inversión que dependen de cómo funcionen los programas. Por eso no operamos por año fiscal. Esto es un programa con un manual operativo muy claro que aprueban los donantes. Ese presupuesto del que solo he ejecutado el 29 % lleva corriendo seis o siete meses.

¿Solo Visión Amazonia maneja el dinero de los donantes? ¿O son las asociaciones campesinas o resguardos indígenas quienes deciden cómo invertirla?

Visión apoya que las asociaciones campesinas manejen la plata. Al medio término del programa hay que tener ciertos requisitos, y si no los tiene, el programa no les puede desembolsar. ¿Qué pasa con esa plata mientras no se usa? Se renta en inversiones de bajo riesgo, como se acordó. Con algunas asociaciones llevamos un año o más y cada zona tiene su particularidad. Esa también es una de las razones por las cuales se ha ejecutado el 29 %.

Le elevo la duda que envía un indígena kamsá del Valle del Sibundoy (Putumayo): si la Amazonia es un sistema ecológico que va desde las montañas y los páramos donde nacen los ríos, ¿por qué el programa solo atiende desde la cota 600 msnm hacia abajo?

El acuerdo que tiene Visión Amazonia con los donantes es que se actúa en la jurisdicción de lo que el Ideam considera como “bioma amazónico”, de la cota de los 500 msnm para abajo, incluyendo una parte de la Serranía de La Macarena. No entramos en la cuenca alta de la Amazonia, pero hay programas como GEF Corazón de la Amazonia que atienden esa zona. No es por restarle importancia, es una cuestión administrativa.

Tal como se dijo en el debate, los contratos de Visión Amazonia no aparecen registrados en páginas oficiales de contratación pública como Colombia Compra Eficiente o el Secop. ¿Cuál es la razón?

Nosotros tenemos todos los contratos colgados en la página de Visión Amazonia para que se pongan al escrutinio público. Es verdad que no está en el Secop y es porque la plata de Visión no está incorporada a ningún presupuesto nacional y por tanto no sigue las reglas de la Ley 80, que es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. No somos funcionarios públicos, somos pagados por cooperación. Ahora, eso no quiere decir que no haya escrutinio internacional.

Si el Gobierno Nacional no le hace auditoría a Visión Amazonia, ¿quién sí?

Visión tiene requisitos incluso más estrictos que los nacionales. En este momento se han realizado dos auditorías internacionales y ahorita viene la evaluación de medio término. KFW y el Gobierno de Colombia, en cabeza del Ministerio de Ambiente, invitaron a ocho firmas para la licitación de proyectos y manejo financiero. La primera fue hecha por la firma Valencia & Falla, y la segunda por DSA. Eso lo recoge y lo aprueba el Banco Alemán, o sea, KFW.

¿Solo los auditaron a ustedes o también a las corporaciones y a los parques que han ganado proyectos de Visión Amazonia?

A nosotros. Se han hecho proyectos por cerca de $7.000 millones en tres años con las tres corporaciones de la Amazonia (Corpoamazonia, Cormacarena y CDA) y con Parques Nacionales. En el Pilar Indígena ya hemos invertido unos $18.000 millones y se viene un nuevo ciclo, recibimos 49 propuestas y estaremos seleccionando unas veinte o 25. El acuerdo es que el 38 % de la plata debe ir a planes agroambientales, y ya llevamos 64.000 hectáreas de conservación y más de 207.000 hectáreas en clarificaciones prediales. Para la asistencia técnica al campesino especializado en las particularidades de la región amazónica, que no existe en Colombia, ya hay $12.000 millones programados, pero no ejecutados. Todo eso está en la auditoría muy claro.

Para González es sospechoso que Visión Amazonia haya decidido cambiar su misión de cero deforestación para el año 2020. ¿Cómo cambió esa meta? Porque sí es verdad que faltan siete meses para 2020 y la cero deforestación quedó lejos.

No. La meta no cambió. Es que una meta de deforestación cero para 2020 nunca fue meta de Visión Amazonia y yo creo que aquí hay una confusión. La idea de Visión Amazonia es apoyar un modelo distinto de desarrollo para la Amazonia que se centre en la conservación.

Colombia firmó el Acuerdo de París y dijo que iba a reducir a cero la deforestación si lograba contar con apoyo internacional. Eso es promesa del Gobierno de Colombia, no de Visión Amazonia. Tenemos un marco lógico que apunta hacia esa meta, pero lo que hace Visión es ayudar al país a reducir las emisiones de CO2 asociadas a la deforestación. Transitar de un modelo extractivo a uno sostenible. Es que no es cualquier bobadita lo que pasó, el posconflicto es sensacional para el país, pero para los bosques ha sido devastador. Sabíamos que iba a pasar porque en todos los países en posconflicto ha sucedido, y por eso el apoyo internacional.

El debate en el Congreso es una buena oportunidad para reflexionar sobre los tres años del programa. ¿Le parece que está funcionando la estrategia de Visión Amazonia?

Me da pena traer esto a colación, pero hay tres corporaciones con presupuestos raquíticos para cubrir cuarenta millones de hectáreas o más que tiene la Amazonia. El control a la deforestación no va a lograrse tampoco con todos los recursos de Visión Amazonia, hay que articularse mejor. Es un poco injusto decir que Visión Amazonia sea responsable por omisión en el control a la deforestación.

Lo más importante es que existe el sistema de monitoreo del Ideam, que es la herramienta más importante que tenemos porque nos dice dónde concentrar esfuerzos. Veo varios plus; por ejemplo, las alcaldías empiezan a tener enfoques ambientales, los medios han puesto el grito en el cielo por fin, porque no lo hacían entre 1990 y 2010, cuando se deforestaban 300.000 hectáreas anuales. Los altos mandos de las Fuerzas Militares ahora también serán evaluados por el control ambiental que ejerzan en el territorio. Se está elevando la conciencia, pero falta mucho, una Fiscalía más fuerte, por ejemplo.

*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.