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La posibilidad de que grupos de personas se organicen para producir y gestionar sus sistemas de energía eléctrica en Colombia toma cada vez más forma. Durante 2024, el Gobierno recibió más de 18.000 postulaciones desde barrios, veredas, alcaldías y escuelas para conformar comunidades energéticas, una de las estrategias bandera del Ministerio de Minas y Energía.
Aunque la discusión central durante el segundo semestre del año pasado tuvo que ver con la regulación para que estas se conectaran a la red de energía eléctrica del país, uno de los puntos claves para que el sector privado entre a financiar proyectos, este no sería el factor más importante para que las comunidades energéticas funcionen.
En 2023, en el barrio El Salvador, en Medellín, empezó a funcionar el primer piloto de un grupo de personas que producen energía para su propio uso y venden sus excedentes al sistema eléctrico. El proyecto tenía como objetivo inicial funcionar en la Comuna 13, pero varios problemas impidieron que allí se creara la primera comunidad energética del país.
Las lecciones que dejó ese primer intento, publicadas recientemente en un artículo, fueron importantes para crear una metodología adaptada al contexto colombiano, que podría ser la base para que la generación de energía comunitaria tenga éxito en Colombia.
Los aprendizajes de la Comuna 13
Algunos de los referentes a escala mundial en comunidades energéticas son Dinamarca, Alemania y Reino Unido, países de ingresos altos, con mayores avances en la implementación de energías renovables y mejores capacidades institucionales. “Ese es un contexto muy diferente al que hay en Colombia”, señala Santiago Ortega, uno de los autores del estudio publicado en la revista EIA.
Con el primer piloto de una comunidad energética en el país se buscaba entender cuáles eran las diferencias al implementarlas. Los procesos de resistencia comunitarios que surgieron a partir del impacto del conflicto armado fueron uno de los motivos para querer hacerlo en la Comuna 13. Los investigadores establecieron el contacto a través de una integrante de El Partido de las Doñas, organización de la comuna.
Con una metodología de cocreación, empezaron a trabajar en el proyecto. “La filosofía detrás de esto era precisamente involucrar a las participantes para que definieran, a partir del proceso organizativo que ya tenían, cómo se podía construir esto”, dice Ortega. Además de instalar paneles solares en los techos de algunas casas, la comunidad energética debe establecer parámetros de funcionamiento: la forma en la que se van a tomar las decisiones, qué tan involucradas estarán las personas que estén conectadas y cómo distribuirán los beneficios económicos que se obtengan en caso de tener excedentes que se vendan al sistema.
Por ejemplo, en la Comuna 13 se estableció que las personas debían asistir a todas las reuniones que se hicieran para la toma decisiones sobre el proyecto y mostrar su compromiso con las actividades que requiriera su funcionamiento. Además, definieron crear un fondo común para los beneficios de la generación de energía, que podría utilizarse en la compra de útiles escolares de niños de la comunidad, así como para el cubrimiento de gastos en momentos de crisis, como la atención de una persona enferma. “Esto es algo que nunca se nos había ocurrido y que enriqueció completamente el proceso”, asegura Ortega. Sin embargo, el proyecto también tuvo varios aspectos que no funcionaron adecuadamente. Juanita Giraldo, otra de las autoras del estudio, recuerda que una de las principales barreras era “la falta de constancia de los encuentros en medio de la pandemia”. Algunos encuentros virtuales no resultaban tan efectivos como los presenciales, pero en la Comuna 13 no tenían un espacio de reunión que pudiera garantizarles bioseguridad.
“También hay que tener en cuenta que estábamos trabajando con madres cabeza de familia. Desplazarse a otro punto de la ciudad implicaba pagar transporte y desatender responsabilidades en el hogar. Y eso generaba molestias, porque el proyecto se iba a implementar en su barrio”, apunta Giraldo.
El avance de las comunidades energéticas
Cuando ya se había diseñado el proyecto, varias cosas no salieron como se esperaba. Por ejemplo, algunos hogares tenían dificultades con su factura de energía que no pudieron resolver y otros decidieron retirarse de la iniciativa. Algunas de las personas que salieron eran las que habían dispuesto los techos de sus viviendas para instalar los paneles, por lo que no se pudo implementar el piloto.
En este punto, se decidió llevar el proyecto a El Salvador y se corrigieron cosas que no habían funcionado en la Comuna 13. “Allí se dispuso de una casa dentro del barrio para tener las reuniones, que eran más constantes”, dice Giraldo. El relacionamiento que habían tenido con las mujeres de El Partido de las Doñas fue clave para que el segundo intento pudiera implementarse.
Los resultados de estos dos proyectos fueron socializados en mesas de trabajo y reuniones con el Ministerio de Minas y Energía, tanto en el gobierno pasado como en el actual. “Yo creo que todos esos aprendizajes se han tenido en cuenta en la regulación con la que se están impulsando las comunidades energéticas”, afirma Ortega.
Ya hay una definición de qué es una comunidad energética, que se creó en 2022, y varias claridades sobre su funcionamiento. Para Ortega y Giraldo, más allá de los aspectos técnicos de poner en marcha un sistema energético comunitario, tener un enfoque social será clave para que el Gobierno logre la meta de 5.000 comunidades energéticas en 2026.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
