Las preguntas detrás de El Quimbo

Ayer, después de reiteradas peticiones por parte del presidente Juan Manuel Santos y de constantes solicitudes de varios de sus ministros, el Juzgado Tercero Penal de Neiva les dio la noticia que ellos y Emgesa tanto estaban esperando: El Quimbo, ese polémico proyecto hidroeléctrico que está entre las cordilleras Central y Oriental, a 69 kilómetros de la capital de Huila, puede ser reabierto.

La decisión debió ser un gran alivio tanto para el Gobierno como para la empresa. En las últimas semanas ambos se habían pronunciado con frecuencia en las plazas públicas y en los medios de comunicación para que el sistema judicial reversara la decisión de suspender las operaciones que tomó el Tribunal Administrativo del Huila y que luego ratificó la Corte Constitucional. En sus prolongados intentos alegaron diversas razones: se va a “reducir el riesgo de racionamiento de energía”, “se va a favorecer la navegación por el río Magdalena y se evitarán los sobrecostos”, “se va a prevenir la muerte de 19 mil toneladas de peces”, “se están perdiendo US$1 millón diarios por la parálisis”.

Pero más allá de todos esos argumentos, replicados en todos los medios, incluido este diario, la discusión que se ha generado alrededor de El Quimbo engloba un problema mucho mayor que debe ser analizado con detenimiento y no con la ligereza con la que el Gobierno y el país entero la están viendo. Eso, por lo menos, es lo que asegura Angélica Gutiérrez-Magness, hidróloga de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos y miembro del Grupo de Observaciones de la Tierra.

Para ella, colombiana, ingeniera civil y Ph.D. en modelación de la calidad del agua, la controversia que ha generado la hidroeléctrica es la mejor evidencia de un error que el país sigue cometiendo en materia ambiental, pese a que expertos como Julio Carrizosa lo denuncian cada vez que pueden: “El hecho de que un magistrado tenga la ley en sus manos no quiere decir que tenga el conocimiento para tomar una decisión acertada en asuntos ambientales”.

En otras palabras, a lo que se refiera Gutiérrez es que las decisiones en torno a El Quimbo se han tomado en juzgados y tribunales, así como desde escritorios donde se firman decretos, y no en una entidad que tenga en cuenta los datos técnicos. Y eso, dice, incluye desde la decisión que permitió el inicio del llenado de la represa hasta el fallo del Tribunal del Huila, que cerró las operaciones y condujo a este tire y afloje entre el Gobierno, empresarios y comunidades afectadas.

“En la apertura, por ejemplo, no se tuvieron en cuenta las recomendaciones técnicas que se hicieron en su momento, como la de retirar por completo la biomasa. Y en el cierre el Tribunal ordenó una suspensión provisional sin tener el conocimiento para decidir de forma acertada y con fundamento técnico. El Ideam, que tiene entre su equipo a excelentes profesionales cuyo trabajo está entre los mejores del mundo, ni siquiera fue consultado”, explica Gutiérrez a El Espectador desde EE. UU.

Lo correcto para ella fue haber reunido a todas las autoridades ambientales y evaluar cuál decisión generaba menor riesgo. Pero eso jamás se hizo. El Ideam no fue consultado en esa ocasión, como tampoco lo hizo el juzgado que ayer autorizó la reapertura de la represa. Y eso a Gutiérrez le resulta una extrañeza, cuando en su trabajo es frecuente asistir a los tribunales para darles sustento a las decisiones que la NOAA le recomienda al Gobierno estadounidense.

Ahora, de acuerdo con esta experta, todo este asunto no se puede mirar con la simpleza de si afecta o no los niveles del río Magdalena. Para empezar, cuenta, no es cierto que el transporte fluvial se mejore si se reabre El Quimbo ni que vaya a haber una crisis energética si se mantiene cerrado. “Su contribución es apenas del 20 o 25%. Hay cuencas que están involucradas y que enfrentan una crisis similar de sequía. Y sí podría haber perjudicados en temas energéticos, pero no será una crisis. ¿Por qué si el Ideam advirtió hace más de un año sobre la llegada del fenómeno de El Niño, las autoridades no tomaron medidas? ¿Por qué no están consultando a los expertos para tomar decisiones tan importantes para el país?”, cuestiona.

Pero detrás de todos esos pasos erráticos hay otro asunto que, en palabras de Gutiérrez, Colombia ha descuidado y aún no le quiere dar la importancia que merece: la calidad de las cuencas de los ríos. Su explicación es simple: estamos talando los bosques que las cuidan “y menos árboles implica menos agua. Los páramos están siendo deforestados y las autoridades locales y departamentales aún no tienen conciencia de sus riquezas, de lo que representan en términos ecológicos y económicos”.

Y como si fuera poco, hay otro tema de fondo al que nadie le quiere prestar atención y que también advierte Santiago Duque, experto en recursos hídricos y quien estuvo a cargo del estudio de impactos ambientales de El Quimbo, solicitado por la Anla. A sus ojos, a parte de la gran responsabilidad que representa el deterioro de la cuenca alta del río Magdalena, todavía las autoridades no se preocupan por las aguas residuales que vierten al río y que han ido mermando la calidad del afluente.

“En todo este asunto -afirma- hay una responsabilidad compartida que debe asumir la Anla, por permitir el llenado cuando aún no se había retirado la biomasa; el departamento, por no velar por la protección de la cuenca; la empresa, porque aún hay serios conflictos sociales que no ha solucionado con la población afectada, y los tomadores de decisiones, por no tener en cuenta los datos técnicos”.

Ojalá, insiste, “que los incluyan en la reapertura, porque no es una decisión que se debe tomar a la ligera. Esa operación endrá un impacto y seguro, por ser aguas desoxigenadas que estuvieron estancadas, generarán muertes masivas de peces. Colombia debe saber que la estabilización de El Quimbo tardará muchos meses. Tal vez años”.

Ayer, después de reiteradas peticiones por parte del presidente Juan Manuel Santos y de constantes solicitudes de varios de sus ministros, el Juzgado Tercero Penal de Neiva les dio la noticia que ellos y Emgesa tanto estaban esperando: El Quimbo, ese polémico proyecto hidroeléctrico que está entre las cordilleras Central y Oriental, a 69 kilómetros de la capital de Huila, puede ser reabierto.

La decisión debió ser un gran alivio tanto para el Gobierno como para la empresa. En las últimas semanas ambos se habían pronunciado con frecuencia en las plazas públicas y en los medios de comunicación para que el sistema judicial reversara la decisión de suspender las operaciones que tomó el Tribunal Administrativo del Huila y que luego ratificó la Corte Constitucional. En sus prolongados intentos alegaron diversas razones: se va a “reducir el riesgo de racionamiento de energía”, “se va a favorecer la navegación por el río Magdalena y se evitarán los sobrecostos”, “se va a prevenir la muerte de 19 mil toneladas de peces”, “se están perdiendo US$1 millón diarios por la parálisis”.

Pero más allá de todos esos argumentos, replicados en todos los medios, incluido este diario, la discusión que se ha generado alrededor de El Quimbo engloba un problema mucho mayor que debe ser analizado con detenimiento y no con la ligereza con la que el Gobierno y el país entero la están viendo. Eso, por lo menos, es lo que asegura Angélica Gutiérrez-Magness, hidróloga de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos y miembro del Grupo de Observaciones de la Tierra.

Para ella, colombiana, ingeniera civil y Ph.D. en modelación de la calidad del agua, la controversia que ha generado la hidroeléctrica es la mejor evidencia de un error que el país sigue cometiendo en materia ambiental, pese a que expertos como Julio Carrizosa lo denuncian cada vez que pueden: “El hecho de que un magistrado tenga la ley en sus manos no quiere decir que tenga el conocimiento para tomar una decisión acertada en asuntos ambientales”.

En otras palabras, a lo que se refiera Gutiérrez es que las decisiones en torno a El Quimbo se han tomado en juzgados y tribunales, así como desde escritorios donde se firman decretos, y no en una entidad que tenga en cuenta los datos técnicos. Y eso, dice, incluye desde la decisión que permitió el inicio del llenado de la represa hasta el fallo del Tribunal del Huila, que cerró las operaciones y condujo a este tire y afloje entre el Gobierno, empresarios y comunidades afectadas.

“En la apertura, por ejemplo, no se tuvieron en cuenta las recomendaciones técnicas que se hicieron en su momento, como la de retirar por completo la biomasa. Y en el cierre el Tribunal ordenó una suspensión provisional sin tener el conocimiento para decidir de forma acertada y con fundamento técnico. El Ideam, que tiene entre su equipo a excelentes profesionales cuyo trabajo está entre los mejores del mundo, ni siquiera fue consultado”, explica Gutiérrez a El Espectador desde EE. UU.

Lo correcto para ella fue haber reunido a todas las autoridades ambientales y evaluar cuál decisión generaba menor riesgo. Pero eso jamás se hizo. El Ideam no fue consultado en esa ocasión, como tampoco lo hizo el juzgado que ayer autorizó la reapertura de la represa. Y eso a Gutiérrez le resulta una extrañeza, cuando en su trabajo es frecuente asistir a los tribunales para darles sustento a las decisiones que la NOAA le recomienda al Gobierno estadounidense.

Ahora, de acuerdo con esta experta, todo este asunto no se puede mirar con la simpleza de si afecta o no los niveles del río Magdalena. Para empezar, cuenta, no es cierto que el transporte fluvial se mejore si se reabre El Quimbo ni que vaya a haber una crisis energética si se mantiene cerrado. “Su contribución es apenas del 20 o 25%. Hay cuencas que están involucradas y que enfrentan una crisis similar de sequía. Y sí podría haber perjudicados en temas energéticos, pero no será una crisis. ¿Por qué si el Ideam advirtió hace más de un año sobre la llegada del fenómeno de El Niño, las autoridades no tomaron medidas? ¿Por qué no están consultando a los expertos para tomar decisiones tan importantes para el país?”, cuestiona.

Pero detrás de todos esos pasos erráticos hay otro asunto que, en palabras de Gutiérrez, Colombia ha descuidado y aún no le quiere dar la importancia que merece: la calidad de las cuencas de los ríos. Su explicación es simple: estamos talando los bosques que las cuidan “y menos árboles implica menos agua. Los páramos están siendo deforestados y las autoridades locales y departamentales aún no tienen conciencia de sus riquezas, de lo que representan en términos ecológicos y económicos”.

Y como si fuera poco, hay otro tema de fondo al que nadie le quiere prestar atención y que también advierte Santiago Duque, experto en recursos hídricos y quien estuvo a cargo del estudio de impactos ambientales de El Quimbo, solicitado por la Anla. A sus ojos, a parte de la gran responsabilidad que representa el deterioro de la cuenca alta del río Magdalena, todavía las autoridades no se preocupan por las aguas residuales que vierten al río y que han ido mermando la calidad del afluente.

“En todo este asunto -afirma- hay una responsabilidad compartida que debe asumir la Anla, por permitir el llenado cuando aún no se había retirado la biomasa; el departamento, por no velar por la protección de la cuenca; la empresa, porque aún hay serios conflictos sociales que no ha solucionado con la población afectada, y los tomadores de decisiones, por no tener en cuenta los datos técnicos”.

Ojalá, insiste, “que los incluyan en la reapertura, porque no es una decisión que se debe tomar a la ligera. Esa operación endrá un impacto y seguro, por ser aguas desoxigenadas que estuvieron estancadas, generarán muertes masivas de peces. Colombia debe saber que la estabilización de El Quimbo tardará muchos meses. Tal vez años”.