*Director Ejecutivo Patrimonio Natural
La sociedad colombiana tiene tres grandes deudas con la naturaleza en general y con las poblaciones que habitan o habitaban la ruralidad de nuestro país. La primera es la degradación de cerca del 50% del territorio continental. La segunda es la brecha de bienestar existente entre las poblaciones urbanas y las rurales, según la Misión para la Transformación del Campo organizada en el contexto del proceso de paz. Y la tercera es la reparación de los 8 millones de víctimas del conflicto, incluyendo la devolución de las más de 6 millones de hectáreas que les fueron arrebatadas. Estas deudas son el resultado de décadas del predominio de una economía depredadora y de políticas que no han sabido compensar las conductas asociadas a esta y, con frecuencia, han reforzado o inducido esa clase de comportamiento.
La aproximación al costo de esas deudas es un ejercicio difícil, pero unas cifras que dan las magnitudes y los tiempos requeridos para asumirlas se pueden resumir así: la restauración de cerca de 24 millones de hectáreas, con un costo total de entre $144 billones y $360 billones, según se invierta entre $6 millones y 15 millones por hectárea (de acuerdo a cálculos moderados).
Por otro lado, cerrar la brecha social y económica urbano-rural tiene un costo total de $195 billones para el período 2016-2030, a precios del primer año cuando se presentó informe de la Misión para la Transformación del Campo, incluidos solo $6.5 billones para lo ambiental, o unos $270 billones que están pendientes de ser orientados a esta política (ajustando por inflación y descontando los presupuestos invertidos en estos primeros siete años). Finalmente, sobre la reparación a víctimas, el costo podría ser del orden de los $60 billones.
Hablamos, entonces, de una deuda conjunta que puede estar entre los $474 billones y los $690 billones, es decir, casi la totalidad del Presupuesto General de la Nación de un año como 2024 e incluso más.
Para responder por estos costos, los colombianos tendríamos que esperar décadas, teniendo en cuenta los ritmos promedio de gasto destinados a tales fines. En el caso del Gobierno anterior, se estima que lo destinado a los temas recomendados por la Misión para la Transformación del Campo fue de tan solo la cuarta parte del promedio de $13 billones anuales que el presupuesto del informe calculó. Es decir, tomaría 60 años realizar lo recomendado.
La inversión estimada por el actual gobierno para cumplir con las 750.000 hectáreas es de $11 billones o, como mínimo, $4.4 billones. Los niveles de inversión serían entre 15 y 37 veces los niveles de inversión promedio de los 5 años anteriores a 2023, pero tomaría entre 40 y 85 años recuperar las áreas susceptibles de restauración.
La reparación a las víctimas también tomaría décadas, mucho más de lo dispuesto por la norma, en virtud de la incapacidad del aparato estatal para exigir a quienes se enriquecieron con la guerra la devolución de toda esa riqueza para reparar a las poblaciones e invertir lo necesario para el retorno de esos millones de hectáreas arrebatadas.
Ante las magnitudes de estas tres deudas en la raíz de la pérdida de la biodiversidad y de la estrategia nacional para atenderlas de manera viable y sistemática, cabe preguntarse, ¿qué hacer? Subrayo unos puntos generales:
1. Tener un entendimiento de las interrelaciones entre estas tres deudas para asegurar enfoques de gestión lo más integrales posibles, al llegar a los territorios con los recursos de las entidades nacionales, que a menudo no se coordinan ni buscan complementarse en torno a una visión de Estado. Es decir, tener presente las tres deudas para diseñar una gestión con la que se busque hacer viable su atención, procurando pautas de política y de programas, proyectos e instrumentos públicos que las atiendan en forma simultánea hasta donde sea posible.
2. Comprender que los responsables de la degradación de la biodiversidad han sido, a menudo, los mismos responsables de la guerra, pero a la vez, que la lógica económica dominante en la ruralidad colombiana —de acumulación por desposesión y de maximización de utilidades a todo costo en muchos agentes de producción— incluye un espectro mayor de responsables de la degradación, a los que se debe inducir a asumir sus obligaciones y compromisos.
3. Procurar la debida conciencia colectiva para generar las obligaciones consecuentes frente a la responsabilidad de las zonas urbanas frente a las rurales, en particular con la biodiversidad, por el abastecimiento de servicios ecosistémicos y la generación de pasivos ambientales.
4. Inferir y asumir las consecuencias frente a la magnitud de las necesidades y las agudas restricciones en financiación, de una manera que se favorezca enfoques que vayan más allá de la financiación y su optimización, procurando ante todo el fortalecimiento de tejidos sociales y de gobernanzas que creen condiciones para mejorar el bienestar de las poblaciones de manera estable, entendiendo que dicho bienestar depende, fundamentalmente, de recuperar la naturaleza degradada.
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Por Alberto Galán S.*
