Hoy más que nunca la justicia climática debe importarnos. Minimizar los impactos negativos del cambio climático en nuestras poblaciones más vulnerables no son ni deben ser palabras huecas, ya que Latinoamérica es una de las regiones con más alta vulnerabilidad y baja capacidad de respuesta de las comunidades para enfrentar sus efectos. De acuerdo con la OCDE, la región concentra el mayor número de muertes asociadas a desastres causados por eventos climáticos extremos en los últimos 50 años. Tampoco es menor hablar de maximizar los beneficios y atender los cambios que conlleva la transición a una economía baja en carbono, lo cual requiere integrar a los diferentes sectores económicos, y que dé garantías a las comunidades de que esta transición sea justa.
El sector energético es conocido por todos como un sector que debe transicionar para ir integrando cada vez más fuentes de energía renovable e ir reduciendo gradualmente la dependencia del carbón, petróleo y gas natural; pero hablar de transición también significa pensar en las actividades en las que se ocuparan las personas que se dedican actualmente a labores que están condenadas a desaparecer en el futuro, para encontrar nuevos empleos en el sector agropecuario, residuos, transporte, entre otros.
Es precisamente por lo anterior que, desde nuestra perspectiva y experiencia de trabajo con comunidades en la Amazonía colombiana, la expresión de la transición justa requiere atender la situación desde varias perspectivas: la nacional, la regional y la internacional.
Con las recientes elecciones territoriales en Colombia se abre la oportunidad para que se integren medidas en los nuevos planes de desarrollo a nivel departamental y municipal enfocadas en asegurar la transición justa, para que fortalezcan la resiliencia ambiental y comunitaria, como por ejemplo, la generación de empleos verdes y desarrollo de la bioeconomía, aunado a la implementación de los planes de gestión del cambio climático existentes.
Adicionalmente, medidas de adaptación al cambio climático como el establecimiento de áreas protegidas que aseguran la prestación de servicios ecosistémicos pueden abrir oportunidades para el uso sostenible de recursos, como los no maderables, agregando valor por medio de la investigación y el rescate de saberes comunitarios.
La región de la Amazonía-Orinoquía tiene un potencial de desarrollo de empleos verdes, basados en sectores como la bioeconomía y el uso sostenible de los recursos. Adicionalmente, las propuestas de gobierno de los gobernadores electos ya abordan tangencialmente algunas de las temáticas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, en el Amazonas y Vaupés se incluye el abordaje integral del cambio climático, neutralizar la deforestación, y construir infraestructura verde; en Guainía y Guaviare, ampliar los programas de pago por servicios ambientales.
Por lo anterior, la región Amazonía-Orinoquía, basado en las propuestas de gobierno, tendría la capacidad de generar una transformación productiva hacia sectores más sostenibles y en concordancia con la vocación del suelo, fortaleciendo los negocios verdes, el turismo de naturaleza, la ganadería regenerativa y otras actividades que se alineen con la conservación que se espera se dé en las selvas; y desde la sociedad civil debemos asegurarnos que estas propuestas se hagan realidad y propicien la transición justa.
Ahora, extrapolandonos a Latinoamérica, los gobiernos han incorporado en sus políticas y agenda climática el concepto de transición justa. En el caso de Argentina, éste es un eje transversal para cumplir los objetivos climáticos, destacando la importancia del trabajo decente y los empleos verdes. Sin embargo, con los recientes resultados electorales, quedaremos a la espera de lo que pase en el nuevo gobierno y la continuidad en estos objetivos. En Chile, la Contribución Determinada Nacional (NDC) actualizada en 2020 incluyó un pilar sobre transición justa donde se propuso elaborar una estrategia que proteja a las poblaciones vulnerables durante el proceso de descarbonización del sector energético.
En la NDC actualizada de México y Colombia, también se incluye el concepto de transición justa hacia la carbono-neutralidad y, específicamente, Colombia propuso que durante el 2023 el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Trabajo y con apoyo de entidades como la Organización Internacional del Trabajo, formularía una estrategia de transición justa de la fuerza laboral para identificar las necesidades y oportunidades de las comunidades afectadas por el cambio climático.
Se deben implementar estas estrategias tanto a nivel de país como a nivel región para asegurar una transición climática justa. Esto se puede lograr con la actualización e implementación de planes y programas nacionales y municipales derivados de las NDC. La justicia climática también se extiende a la arena internacional y pasa por que nuestra región exija recibir subvenciones e inversiones que apoyen nuestras transiciones a economías bajas en carbono, y que tomen en cuenta nuestras necesidades de construir resiliencia, y de fortalecer la adaptación.
Es por esto que es necesario articular los esfuerzos entre gobiernos de la región para solicitar mayor apoyo por parte de la comunidad internacional en escenarios como la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). La siguiente cita es la COP28 en Dubái, que comienza el próximo 30 de noviembre, donde se debe acelerar el desarrollo y el financiamiento de soluciones sostenibles en la región, que incorporen el diálogo y la protección social como elementos clave de una transición justa para reducir los impactos que ha exacerbado la crisis climática.
*Asociadas a Transforma e integrantes del equipo en Colombia de la Alianza Latinoamérica Sostenible, ALAS.
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