Hacia el suroriente de la Sierra Nevada de Santa Marta se está levantando el primer parque solar arhuaco de Colombia. Miles de paneles solares para generar casi 40 megavatios de energía, suficientes para alimentar más de 30.000 hogares, prometen impulsar la generación de energías renovables desde tierras indígenas. Es el primer proyecto de este tipo en el país que no requiere consulta previa y en el que las comunidades participan como copropietarias.
Greenwood Energy, una multinacional estadounidense, llegó hace varios años al que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es “el lugar más irremplazable para las especies amenazadas en el mundo”.
No era la primera vez que en la Sierra Nevada de Santa Marta se hablaba de energía solar. “Nosotros tenemos varias comunidades que tienen sistemas de generación de energía con baterías que han llegado por medio de donaciones u otro tipo de proyectos”, cuenta Ati Viviam Villafaña, indígena arhuaca y politóloga de la Universidad Javeriana.
Sin embargo, la propuesta de la empresa norteamericana era distinta, pues proponía darle una participación a la comunidad indígena en la generación de recursos a partir de la venta de energía renovable al sistema eléctrico nacional. Además, planteaba la posibilidad de sumar tierras a su territorio.
Uno de los primeros pasos para construir el parque solar Terra Initiative, como decidieron llamar al proyecto, fue comprar un predio de 232 hectáreas. “De estas, solamente 38 hectáreas se intervienen para hacer el parque solar. Las demás son para la comunidad”, explica Marco Páez, director de Greenwood Energy en Colombia. El predio, explica, aunque fue comprado por la empresa, ya fue cedido en su totalidad (incluyendo las hectáreas que ocuparán los paneles solares) a la comunidad arhuaca. Allí, además, va a construirse un pueblo para la comunidad indígena, en el que tendrán acceso a vivienda, salud y educación.
Ahora, tanto la empresa como los arhuacos quieren expandir el proyecto para sumarle 120 megavatios de energía y la construcción de dos pueblos. Pero enfrentan varios retos en el camino: la falta de puntos de conexión para llevar la energía al resto del país y las dificultades para obtener la financiación que requiere construir un parque solar.
La protección de la Sierra
Ati Viviam Villafaña recuerda las primeras visitas de Guido Patrignani, fundador del proyecto Terra en la empresa, a la Sierra Nevada de Santa Marta. “Él siempre cuenta la anécdota de cómo se sentaba frente a muchos arhuacos a explicar diferentes temas técnicos del sistema eléctrico colombiano. Nadie le decía que sí, nadie le decía que no. Todos con mirada seria”, cuenta la politóloga.
La comunidad arhuaca, que tiene experiencia trabajando con empresas y entidades estatales para desarrollar proyectos en su territorio, suele ver con recelo las iniciativas que no están dispuestas a entender que las dinámicas de la Sierra no son las mismas que las de otras zonas del país.
Además de los proyectos de energía solar para algunas de las comunidades, allí se han impulsado iniciativas para la venta de café, cacao y miel producidos en diferentes zonas del territorio. Lo que les llamó la atención de Terra luego de varias visitas por parte de quien fundó el proyecto fue la posibilidad de atender una de las necesidades del pueblo arhuaco.
“Nosotros tenemos un propósito de protección de esas zonas en donde hay nacimientos y cuerpos de agua importantes para la comunidad”, explica Villafaña. Muchos de esos lugares, sin embargo, no están dentro de las tierras reconocidas como resguardo indígena dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La construcción de un pueblo arhuaco, por ejemplo, es algo que no ocurre desde hace más de 15 años y fue posible por la cesión del predio a la comunidad. Además, con los recursos que recibirán durante los 25 años de vida útil del proyecto, estima Villafaña, podrían comprar entre 15 y 20 hectáreas de tierra cada año, ampliando la cantidad de tierras disponibles para la protección de sus lugares sagrados.
El asentamiento que se está construyendo actualmente, cuenta Marco Páez, hace parte de los “pueblos talanquera”, lugares que tienen como objetivo “la reubicación de miembros de la comunidad arhuaca y la protección de sus lugares sagrados de la agresividad de la colonización occidental de la Sierra Nevada”.
Lo “paradójico”, dice Villafaña, es que lo más difícil del proyecto ha sido conseguir los permisos que se requieren para poner en marcha un parque solar en Colombia. “Conseguir los puntos de conexión fue difícil. Es, posiblemente, el cuello de botella más grande que hemos tenido”, añade la politóloga.
Los puntos de conexión, en términos simples, son los lugares a los que el proyecto debe llevar la energía para que, desde allí, pueda distribuirse al resto del país. En Terra, de acuerdo con Páez, se está construyendo una línea de conexión de más de 10 kilómetros, que llegará a la Subestación El Copey, en Cesar, para vender la energía al resto del país.
Para Greenwood, las demoras en este trámite tienen que ver con que hoy la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la entidad encargada de asignar las capacidades de generación y los puntos de conexión en el país, “tiene demasiados procesos. Uno entiende que hay cosas que han ido mejorando poco a poco, pero ese hoy es un punto complejo para cualquier empresa que quiera desarrollar un proyecto de energía renovable en Colombia”.
En 2025, el Ministerio de Minas y Energía aseguró que había “encontrado una mafia” en la asignación de los puntos de conexión en el país y anunció la modificación de la normativa que rige ese proceso para liberar miles de megavatios que hoy están asignados, pero no se utilizan. A finales de ese año, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó una resolución en la que estableció que los proyectos que ya tenían contratos para la venta de energía al sistema eléctrico y cumplieran con requisitos ambientales y técnicos deben ser priorizados para la asignación de puntos de conexión. Además, se estableció un plazo de cinco meses para la entrega de esos permisos desde la radicación de las solicitudes.
Sin embargo, aún hay solicitudes represadas y retrasos en la asignación. De hecho, dice el director de Greenwood Energy en Colombia, la fase dos de Terra ya ha sufrido retrasos por no contar con un punto de conexión.
Indígenas como socios del proyecto
Para Páez, el modelo que se implementó en Terra con la participación de las comunidades indígenas es “único en el país”. Uno de los puntos clave del proyecto es que no se requirió la realización de una consulta previa, uno de los puntos que más tiempo suele tomar a proyectos de energías renovables en territorios étnicos en Colombia, como hemos contado en este diario.
Hasta ahora esa participación ha incluido la cesión del territorio a las comunidades indígenas y el compromiso de que, tras 25 años de funcionamiento, la infraestructura del parque solar pasará a ser propiedad de los arhuacos, quienes podrán decidir si siguen adelante con la generación de energía. Pero desde las comunidades creen que esa participación puede ir más allá.
“Lo que queremos hacer para la segunda fase del proyecto es inyectar capital”, dice Villafaña. Esto quiere decir que entrarían a ser parte de la financiación del proyecto, lo que les daría derecho a un porcentaje de las ganancias que este genere.
De acuerdo con Greenwood, la inversión en la primera fase del proyecto fue de más de USD 50 millones. Por la cantidad de recursos que se requieren, señala Páez, es justamente allí en donde podría haber piedras en el zapato para que las comunidades participen en la financiación. En palabras de Villafaña, “la realidad que estamos viviendo ahora es que, si un proyecto que se encuentra en territorio indígena va a tocar la puerta de un banco, genera mucho escepticismo”.
Esto no es algo que ocurre únicamente con proyectos que tengan que ver con la comunidad indígena arhuaca. Los parques eólicos de La Guajira también han encontrado dificultades en la financiación de sus proyectos debido a los retrasos que suelen tener en procesos como la consulta previa o el licenciamiento ambiental. El desarrollo de los proyectos en el país, dice Páez, no tiene en cuenta “las particularidades de trabajar con comunidades indígenas”.
Todas las comunidades indígenas, añade el director de la compañía en Colombia, “deberían tener abiertas líneas de crédito preferenciales. Pero se necesita que el gobierno les dé facilidades y mecanismos, como servirles de garantes ante las entidades financieras. Así es que realmente se empodera una comunidad. Y si eso no se logra de esa forma, es muy difícil hacer estructuras asociativas, porque las comunidades no cuentan con los recursos”.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
Por Andrés Mauricio Díaz Páez
