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Antes del medio día del 16 de junio, las varias centenas de personas que se congregaron en el parque central de Jericó (Antioquia), celebraron alrededor de los parlantes que instalaron horas antes. No seguían un partido de fútbol ni un evento de farándula: escuchaban el desenlace del primer round de una batalla jurídica tan desigual e inédita como larga e incierta.
A pocos metros del parque, donde se erige una centenaria ceiba, un juez decidía sobre el futuro más cercano de once campesinos de entre 44 y 86 años, apodados desde hace meses como los 11 de Jericó, que se enfrentan en un proceso judicial contra Minera Quebradona, filial de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti.
En esta batalla jurídica, que recuerda a la pelea bíblica entre David y Goliat en ese pueblo católico y conservador —hay más de 10 iglesias en el casco urbano—, los once campesinos son imputados por la Fiscalía de cometer los delitos de hurto calificado y secuestro simple (a uno, además, se le acusa de lesiones personales) tras denuncias realizadas por la minera.
Esa mañana, el juez decidió que los 11 de Jericó podrían enfrentar el proceso, que hasta ahora empieza, en libertad y no privados de ella, como lo solicitaba la entidad encargada de investigar y acusar.
La decisión, celebrada por los once campesinos, su equipo de abogados, centenas de personas en el pueblo, e incluso ministerios como el de Ambiente, era esperada por varias entidades a nivel nacional e internacional. Días antes de la audiencia, la Oficina en Colombia de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamado a “observar las garantías procesales y derechos humanos en el caso de 11 líderes campesinos defensores del medio ambiente, detenidos en el marco de protestas ambientales en su municipio”. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, manifestó que “el derecho penal no debería ser usado como herramienta de represión frente al ejercicio de la defensa de derechos fundamentales y colectivos”.
De acuerdo con Vanessa Torres, abogada y subdirectora de Ambiente y Sociedad, “este caso resulta importante porque evidencia un escenario de poder desigual en donde once campesinos acompañados de todo un movimiento buscan la garantía de su derecho fundamental al medio ambiente sano y debido a esto son atacados con una estrategia legal que busca silenciar su lucha y su rol como líderes ambientales en su territorio”.
Para entender las raíces del proceso judicial, hay que remontarse a 2007, cuando AngloGold Ashantí aterrizó en el suroeste antioqueño con los planes de extraer cerca de 4.9 millones de toneladas de concentrado de cobre, otro y otros minerales. Aunque desde el inicio hubo oposición al proyecto, como recuerda Porfirio Garcés Garcés, de 86 años, y el mayor de los “11 de Jericó”, sobre todo por los posibles impactos en el agua subterránea, el conflicto escaló a partir de 2021. Ese año, la ANLA archivó la solicitud de licencia ambiental presentada por Minera Quebradona tras detectar falencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Entre 2022 y 2023 se presentaron los eventos por los que ahora son acusados los 11 campesinos y que han llevado que la empresa haya querellado a más de 80 personas de la región. Los “11 de Jericó”, su defensa y miles de personas que hacen parte del movimiento social de la región han defendido su participación en el marco de la protesta social pacífica.
“Para nosotros es un gran logro que no se les haya privado la libertad, porque nuestra mayor preocupación era que, en aras de buscar la protección de unas víctimas y de una sociedad en sentido abstracto, terminaran limitándoles la acción política y la participación social a través de la protesta”, le dijo a este diario ese lunes Claudia Serna Cardona, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, quien hace parte de la bancada de defensa.
A pesar del ambiente de celebración y tranquilidad que generó la decisión del juez a mediados de junio, el mayor de los “11 de Jericó” y la abogada Serna son conscientes de que el proceso hasta ahora inicia.
En agosto de este año, sin tanta atención mediática, la Fiscalía radicó el escrito de acusación para todos los procesados y se sostuvo en los delitos y eventos por los que los imputó. El proceso, sin embargo, se reactivará a inicios de agosto del próximo año, cuando se hará la formulación de acusación y se reciban los elementos materiales probatorios (en otras palabras, las pruebas) con los que la Fiscalía defenderá su posición. Serna y su equipo de abogados avanza en un camino paralelo, pero diametralmente opuesto, para defender la inocencia de sus defendidos.
“El fallo de este caso será un precedente clave para la lucha ambiental en Colombia”, anota Torres, de Ambiente y Sociedad.
Tan incierto y extenso como podría tornarse el proceso judicial luce el futuro de los planes de Minera Quebradona. Aunque desde que era candidato el presidente Gustavo Petro ha prometido detener los proyectos mineros, lo cierto es que eso, a ocho meses del fin de su periodo, no ha sucedido. Si bien a inicios de diciembre de este año la Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la solicitud de prórroga que la empresa solicitó para continuar con las labores de exploración —una decisión que Garcés Garcés celebra—, existen varios caminos y alternativas para que Minera Quebradona persista en su idea de explotar estas tierras.
Mientras ambos escenarios se resuelven, lo cual podría tomar años, el campesino de 86 años recalca que “todo ha venido marchando bien a Dios gracias”. Aunque reconoce que a él y a sus 10 compañeros les ha dolido los calificativos que han recibido en medio del proceso judicial, enfatiza en que se sienten orgullos de lo que han logrado al enfrentarse a la multinacional.
A ritmo de tangos, bambucos y pasillos, y entre novelas, poesía y crítica, Garcés Garcés, quien representa un acueducto comunitario que abastece de agua a 100 familias de la región, espera justicia en este caso que resume como un “abuso a punto de mentiras”.
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