En 2024, con la entrada en operación de grandes proyectos de energía solar, como el de La Loma, Cesar, o el de La Dorada, Caldas, el país alcanzó su primer gigavatio (1 GW) de producción con fuentes de energía no convencionales, lo que representa cerca del 5 % de la energía que se produce en el ámbito nacional. Este hecho fue celebrado por el Gobierno y el sector privado, pues pasaron diez años desde que firmó la Ley 1715, con la que buscaba promover este tipo de generación eléctrica.
Sin embargo, el logro está lejos de alcanzar los 6 GW que se propuso el gobierno Petro en su Plan Nacional de Desarrollo, que ya cumplió dos años. Aunque se ha podido desarrollar parte del potencial solar del país, hay otra fuente fundamental para acelerar la transición energética que todavía no despega: la energía eólica.
Este 14 de agosto, como parte de un Foro organizado por El Espectador, Caracol Televisión y el Grupo Energía de Bogotá, representantes del Gobierno, el sector privado y expertos en transición energética se reunieron para discutir cómo se puede impulsar la implementación de energías renovables en Colombia para alcanzar la meta trazada a 2026.
¿Es momento de revisar y cambiar los procesos de licenciamiento ambiental? ¿Cómo se pueden articular las entidades del Estado y las empresas para acelerar la aprobación de los proyectos? ¿Cómo resolver la desconfianza de las comunidades hacia las empresas que construyen los proyectos renovables? Estas fueron algunas de las preguntas que hicieron parte del debate, donde los actores concluyeron que el trabajo conjunto es clave para desatascar proyectos que hoy completan varios años a la espera de aprobación para construirlos.
Licenciamiento ambiental
Las licencias ambientales son uno de los pasos que deben cumplir los proyectos de generación de energía para poder iniciar su construcción. Además de informarle al Estado cuál es el área que utilizarán, qué tipo de obras adelantarán y cuál será su capacidad de generación, las empresas deben entregar un estudio detallado de los impactos sociales y ambientales que tendrá su operación.
En palabras de Julia Miranda, representante a la Cámara por Bogotá, quien ha impulsado discusiones ambientales en el Congreso de la República y participó en el foro, “la licencia ambiental está llamada a analizar cómo se pueden mitigar y compensar esos impactos que generan los proyectos”. Según el tamaño de los proyectos, las licencias deben ser tramitadas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) si superan los 50 megavatios (MW) o por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para los que generarán de 10 a 50 MW.
Algunos proyectos de energías renovables se han quedado estancados en el cumplimiento de este requisito para poder iniciar su construcción. Ese fue el caso de la línea de transmisión Colectora, que tardó cinco años en obtener su licencia ambiental, aprobada el pasado 12 de junio. También el de la línea de transmisión Sogamoso, licitada en 2014, pero que aún no ha logrado licenciar todos sus tramos.
“No estamos tomando decisiones a tiempo. Es algo que se está convirtiendo en una carga para las empresas”, dijo Miranda. Por eso, para la representante, “es hora de que revisemos la norma que regula el licenciamiento ambiental” para hacer modificaciones que permitan acelerar la transición energética. “Hay que cambiar el esquema”, coincidió Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), pues considera que el licenciamiento ambiental se ha convertido en una barrera para los proyectos de energías renovables.
No obstante, Rodrigo Negrete, director de la ANLA, no está de acuerdo. “Es cierto que se necesitan arreglos institucionales para agilizar los procesos, pero le estamos cargando a la licencia ambiental problemas que tienen que ver con otros asuntos”, aseguró. Por ejemplo, cuando se presentan suspensiones en el trámite de licencias, estas pueden deberse a la falta de aceptación social del proyecto, que genera demoras en los procesos de consulta previa.
En otros casos, dijo Negrete, “las necesidades energéticas del país no coinciden con la situación ambiental de un territorio”. Con esto se refiere a los proyectos que pretenden desarrollar en zonas declaradas reserva forestal y requieren que el terreno en el que construirán se excluya de ese parámetro de protección. “Eso requiere un análisis técnico para determinar, por ejemplo, que el proyecto no cambia el uso del suelo”, complementó el director de la ANLA.
Alternativas para acelerar la transición energética
Para Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), parte de los retrasos en los proyectos renovables en Colombia son por la desconfianza de las comunidades. “Hay territorios del país que no han disfrutado de los beneficios del desarrollo. Es apenas natural entender que, cuando hay nuevos proyectos, se presenten resistencias”, apuntó.
En regiones como La Guajira, fundamental para el desarrollo de proyectos eólicos, “hay una serie de desigualdades que debemos reconocer y solucionar para resolver las demoras en los proyectos”, añadió Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá.
Para esto, expertos, empresas y Gobierno coinciden en que es necesario mejorar la articulación en las entidades del Estado para acelerar algunos procesos del licenciamiento ambiental. Correa explicó que la UPME está realizando socializaciones de los proyectos que se planean con varios años de anticipación, para que las comunidades estén enteradas y se genere confianza antes de la llegada de las empresas.
Por su parte, Negrete, de la ANLA, y Sánchez, de Andesco, expresaron que durante los últimos años se han hecho mesas técnicas entre los gremios empresariales, el Estado y las comunidades. Así buscan acelerar procesos de consulta previa y advertir anticipadamente sobre ajustes en las solicitudes de licencia ambiental, entre otros aspectos técnicos que integran los proyectos. Esto haría parte de las estrategias para poner en marcha líneas de transmisión como la de Sogamoso, de la que depende que gran parte de la energía que se producirá en La Guajira se distribuya efectivamente al resto del país.
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