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Las comunidades energéticas se han convertido en uno de los pilares de la transición energética promovida por el Gobierno Petro. En el último año, ha anunciado la puesta en marcha de proyectos comunitarios de generación de energía, como el impulsado por excombatientes en Fonseca, La Guajira; o enfocadas en salud para zonas que no están conectadas al sistema eléctrico nacional, como la del Hospital Departamental Lynd Newball, en San Andrés.
Pero, hasta el momento, la iniciativa ha estado en deuda de poner normas claras para la entrada de inversión privada a las comunidades energéticas. Este es un paso clave para lograr los 20.000 usuarios beneficiados con esta estrategia, una promesa que el Gobierno hizo en su Plan Nacional de Desarrollo. Para esto, el exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quería “masificar” las comunidades organizadas para generar energía, incluso en las grandes ciudades.
En junio pasado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) había publicado un borrador de resolución que buscaba saldar esta deuda. Sin embargo, el documento recibió comentarios por parte de empresas y ONG del sector energético, que consideraban que faltaba dar claridad en varios puntos. Por ejemplo, establecer si las comunidades debían convertirse en empresas de servicios públicos para comercializar la energía que les sobrara de su producción, o comprar la que les hiciera falta.
Bajo la normativa existente, explicaba en junio pasado Manuel Peña, excomisionado (e) experto de la CREG, comprar y vender energía es algo que “solo puede hacer una empresa comercializadora de energía”. Eso dejaba dos alternativas para las comunidades energéticas: volverse empresas comercializadoras de energía o contratar a una que les prestara ese servicio. Tras revisar ese primer borrador de la regulación, Santiago Ortega, quien asesoró la creación de la primera comunidad energética del país, consideraba que este trámite “complica el proceso” para estas iniciativas.
Después de varios meses de espera, el pasado 7 de abril, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG anunciaron la aprobación del proyecto de resolución publicado en 2024, aplicando varias modificaciones. Aunque el documento definitivo no se ha publicado, El Espectador accedió a un borrador actualizado de la resolución, que contiene cambios clave para las comunidades energéticas, y que resolvería algunas de las críticas que recibió el año pasado. Este documento estuvo bajo revisión de la Superintendencia de Industria y Comercio durante dos meses y sería el que publicaría la CREG en los próximos días.
Los cambios en la prestación de servicios públicos
El documento incluye varias aclaraciones sobre los que es un servicio público. Mientras que el borrador de junio de 2024 solo tenía una mención este tema (se refería a la protección de los derechos de los usuarios de energía), ahora, la resolución aclara que los usuarios de servicios públicos no necesariamente cambian de prestador del servicio al vincularse a una comunidad energética.
En otras palabras, el documento plantea que una comunidad energética puede constituirse como empresa comercializadora de energía si desea adquirir funciones como la de facturar a cada uno de sus miembros el sistema de energía. Sin embargo, ese no sería el objetivo de estas iniciativas.
Un ejemplo de esto es el de “una comunidad de vecinos que esté conectada al sistema eléctrico nacional, que decida montar un proyecto para producir energía y tener ahorros entre los beneficiarios. Puede tener transacciones normales de sus excedentes con el sistema y, a menos de que quiera hacer esas transacciones libremente en el mercado, no tiene por qué constituirse como empresa de servicios públicos”, explica Simón García, ingeniero, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, y miembro de la comunidad energética La Estrecha, la primera del país.
Aun así, la resolución deja abierta la posibilidad de que estas comunidades se conviertan en empresas de servicios públicos, algo que podría funcionar en las Zonas No Interconectadas, como zonas rurales alejadas en donde no hay otras empresas comercializadoras y tampoco hay una red a la cual venderle los excedentes de energía. Esto es algo que ya se ha aplicado en departamentos como Vichada o La Guajira, aunque con apoyo estatal y no con inversiones privadas.
Con esto, los usuarios que hagan parte de una comunidad energética seguirán teniendo derechos y deberes, amparados por la superintendencia de servicios públicos, aunque se vinculen a estas iniciativas. Sin embargo, se incluyó otro cambio que plantea que los beneficiarios de las comunidades energéticas tengan que ser necesariamente hogares, que fue la idea propuesta inicialmente por el Gobierno.
La entrada de los privados
Días antes de salir de la cartera de Minas y Energía, hace poco más de un mes, el exministro Andrés Camacho dijo a El Espectador que esta resolución sería clave para que las comunidades energéticas crecieran en número. De 18.000 proyectos que se propusieron, hay menos de 1.000 funcionando. El Gobierno ha sido enfático en que esta es la vía para “democratizar” el servicio de energía en el país, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, el borrador de la resolución podría cambiar el rumbo de ese objetivo.
En el documento se establece que los autogeneradores colectivos a pequeña escala, los que el Gobierno espera que sean la modalidad más usual de comunidad energética, tendrán solo un requisito: no superar los 100 kilovatios de potencia por usuario. Es decir, no es obligatorio que los usuarios sean personas naturales o viviendas residencias.
“Esto implica que una empresa puede tener un proyecto de 5 megavatios (suficiente para abastecer unos 700 hogares), distribuidos en apenas 50 usuarios de cualquier tipo”, explica García.
Un caso podría ser el de una compañía que construya una granja solar para abastecer a sus puntos de venta en una ciudad como Bogotá. “Esto es un gran incentivo a la inversión privada, pero, probablemente, no tanto para el beneficio de las poblaciones vulnerables”, añade el ingeniero.
Para él, será necesario que haya incentivos para que los privados inviertan en proyectos que beneficien a estas personas, como lo quiso el Gobierno en un principio. Mientras tanto, los proyectos financiados por el Estado deberán seguir enfocados en resolver las necesidades energéticas en regiones como el Caribe, la Amazonía y San Andrés.
De acuerdo con la CREG, a la resolución solo le falta la firma de Edwin Palma, nuevo ministro de Minas y Energía. Sin embargo, desde esa cartera hicieron el anuncio oficial de su aprobación y aseguran que su publicación depende de la Comisión.
Este es el borrador de la resolución que publicaría la CREG en los próximos días
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
