Los enredos jurídicos tras la sequía del Cauca

Las imágenes esta semana del bajo nivel del río Cauca quedarán grabadas en la memoria de muchos colombianos como uno de los mayores trastornos ecológicos de los últimos años. Tomará mucho tiempo, como escribió en este diario la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, evaluar los impactos que generó en las comunidades y en el resto del ecosistema. “Se requiere un trabajo sereno”, apuntó. “No hay referentes acerca de la manera ni tiempos en los que un río de tal envergadura retoma su funcionalidad biológica”.

Su llamado y el de varios ecólogos, biólogos, ingenieros y geólogos fue un esfuerzo por entender las complejidades de esta tragedia en la que aún quedan varios interrogantes por responder. ¿Quiénes son los responsables? ¿De qué manera se compensarán los daños? ¿Habrá sanciones? ¿Quién debería asumir los errores que poco a poco han delatado los tropiezos de un proyecto que prometía satisfacer la demanda energética de 17 % de Colombia a partir de diciembre de 2018?

Estas inquietudes engloban un problema aún más complejo que solo se zanjará con el tiempo. Se trata de una serie de dificultades jurídicas que se avecinan y para las que tampoco hay respuestas concretas aún.

Para explicarlas, Diana Rodríguez, subdirectora de Dejusticia, prefiere dividirlas en cuatro grupos. El primero reúne las implicaciones jurídicas que podría tener Empresas Públicas de Medellín (EPM), encargada de la construcción de la represa. “Es hora de tomarse en serio el delito de daños a los recursos naturales”, dice.

A lo que se refiere es a que Colombia se ha acostumbrado a investigar y observar muchos delitos asociados con la violencia, pero el interés de la justicia por indagar sobre los problemas relacionados con el ambiente ha quedado rezagado. A sus ojos, la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, creada apenas en 2011, debería empezar a actuar con más interés y agilidad.

En el hipotético caso de que una posible investigación hallara culpables, en la red de delitos también podría incluirse el detrimento patrimonial. Sin embargo, hablar de posibles penas es moverse más en el terreno de la especulación que en el de los hechos.

El segundo punto que le es útil a Rodríguez para aclarar un incierto panorama jurídico tiene que ver con los intereses de las comunidades. El agua, el trabajo, la educación, la salud y el mínimo vital hacen parte de los derechos que podrían reclamar las comunidades luego de esta semana de afectaciones. Asegurar que impondrán tutelas es apenas una hipótesis, pero está en la baraja de posibilidades de los próximos meses.

Dos puntos más deben incluirse en esta discusión. Uno es, quizás, de los más complejos, porque abarca varios de los interrogantes que han acompañado los debates técnicos. ¿Qué sucederá con la licencia ambiental de Hidroituango? ¿Cómo operará la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)? Las respuestas a esas incógnitas son inciertas hasta el momento. Los caminos que tiene esta entidad van desde modificar o suspender una licencia hasta revocarla.

En todo caso, advierte María del Pilar García, directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado, con lo ocurrido parece claro que hay suficientes motivos para que se inicie un proceso sancionatorio, aunque aclara que se debe reconocer que ha habido presencia de la autoridad ambiental. ¿El motivo? Por un lado, se trata de una licencia que, desde que fue otorgada, ha tenido doce modificaciones. Por otro lado, asegura García, la licencia ambiental para un proyecto de esta envergadura debería contemplar las actividades de impacto y las rutas que hay para mitigarlas, controlarlas o eliminarlas. Pero lo que ha sucedido con el río Cauca parece reflejar otra realidad.

¿Qué sanciones habrá? Es muy pronto para responder esa pregunta, pero Rodrigo Suárez, director de la ANLA, explicó el viernes en varios medios que todo dependerá de la evaluación de la infraestructura. Para ello, dijo, solicitó la opinión de un perito internacional. En abril podrán empezar a conocerse las primeras conclusiones de su evaluación.

Sin embargo, para un conocido abogado ambiental que omite su nombre, los procesos sancionatorios que incluyen multas han dejado de cobrar efectividad. “En muchas ocasiones, las empresas los contemplan dentro del presupuesto de los proyectos”, dice.

Rodrigo Negrete, experto en derecho ambiental, se suma a esa postura y prefiere ser más tajante: “Hay que revocar la licencia y ordenar el desmantelamiento del proyecto. Hay que actuar de manera contundente porque en el medio hay mucha gente. Esto no debió haber ocurrido”.

El último punto clave en esta discusión tiene que ver con los procesos disciplinarios que puede abrir la Procuraduría. Al ser EPM una empresa pública, aquella entidad puede iniciar investigaciones para establecer si hubo fallas en procesos corporativos. En otras palabras, si un funcionario violó la ley.

Aunque hasta el momento no se ha pronunciado, una fuente de esa entidad que prefiere mantenerse en el anonimato aseguró que ya hay investigaciones en curso. Son de carácter reservado. La idea, advierte, es revisar si existió responsabilidad de los funcionarios públicos en las decisiones técnicas o corporativas. ¿Eso incluye a los altos mandos de EPM? “Sí. Ya hay antecedentes. Cuando se produjo el derrame de petróleo en el pozo Lisama de Ecopetrol abrimos procesos. El resultado fue la suspensión de dos vicepresidentes de la compañía. Hay que esperar qué podemos encontrar”.

Las imágenes esta semana del bajo nivel del río Cauca quedarán grabadas en la memoria de muchos colombianos como uno de los mayores trastornos ecológicos de los últimos años. Tomará mucho tiempo, como escribió en este diario la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, evaluar los impactos que generó en las comunidades y en el resto del ecosistema. “Se requiere un trabajo sereno”, apuntó. “No hay referentes acerca de la manera ni tiempos en los que un río de tal envergadura retoma su funcionalidad biológica”.

Su llamado y el de varios ecólogos, biólogos, ingenieros y geólogos fue un esfuerzo por entender las complejidades de esta tragedia en la que aún quedan varios interrogantes por responder. ¿Quiénes son los responsables? ¿De qué manera se compensarán los daños? ¿Habrá sanciones? ¿Quién debería asumir los errores que poco a poco han delatado los tropiezos de un proyecto que prometía satisfacer la demanda energética de 17 % de Colombia a partir de diciembre de 2018?

Estas inquietudes engloban un problema aún más complejo que solo se zanjará con el tiempo. Se trata de una serie de dificultades jurídicas que se avecinan y para las que tampoco hay respuestas concretas aún.

Para explicarlas, Diana Rodríguez, subdirectora de Dejusticia, prefiere dividirlas en cuatro grupos. El primero reúne las implicaciones jurídicas que podría tener Empresas Públicas de Medellín (EPM), encargada de la construcción de la represa. “Es hora de tomarse en serio el delito de daños a los recursos naturales”, dice.

A lo que se refiere es a que Colombia se ha acostumbrado a investigar y observar muchos delitos asociados con la violencia, pero el interés de la justicia por indagar sobre los problemas relacionados con el ambiente ha quedado rezagado. A sus ojos, la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, creada apenas en 2011, debería empezar a actuar con más interés y agilidad.

En el hipotético caso de que una posible investigación hallara culpables, en la red de delitos también podría incluirse el detrimento patrimonial. Sin embargo, hablar de posibles penas es moverse más en el terreno de la especulación que en el de los hechos.

El segundo punto que le es útil a Rodríguez para aclarar un incierto panorama jurídico tiene que ver con los intereses de las comunidades. El agua, el trabajo, la educación, la salud y el mínimo vital hacen parte de los derechos que podrían reclamar las comunidades luego de esta semana de afectaciones. Asegurar que impondrán tutelas es apenas una hipótesis, pero está en la baraja de posibilidades de los próximos meses.

Dos puntos más deben incluirse en esta discusión. Uno es, quizás, de los más complejos, porque abarca varios de los interrogantes que han acompañado los debates técnicos. ¿Qué sucederá con la licencia ambiental de Hidroituango? ¿Cómo operará la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)? Las respuestas a esas incógnitas son inciertas hasta el momento. Los caminos que tiene esta entidad van desde modificar o suspender una licencia hasta revocarla.

En todo caso, advierte María del Pilar García, directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado, con lo ocurrido parece claro que hay suficientes motivos para que se inicie un proceso sancionatorio, aunque aclara que se debe reconocer que ha habido presencia de la autoridad ambiental. ¿El motivo? Por un lado, se trata de una licencia que, desde que fue otorgada, ha tenido doce modificaciones. Por otro lado, asegura García, la licencia ambiental para un proyecto de esta envergadura debería contemplar las actividades de impacto y las rutas que hay para mitigarlas, controlarlas o eliminarlas. Pero lo que ha sucedido con el río Cauca parece reflejar otra realidad.

¿Qué sanciones habrá? Es muy pronto para responder esa pregunta, pero Rodrigo Suárez, director de la ANLA, explicó el viernes en varios medios que todo dependerá de la evaluación de la infraestructura. Para ello, dijo, solicitó la opinión de un perito internacional. En abril podrán empezar a conocerse las primeras conclusiones de su evaluación.

Sin embargo, para un conocido abogado ambiental que omite su nombre, los procesos sancionatorios que incluyen multas han dejado de cobrar efectividad. “En muchas ocasiones, las empresas los contemplan dentro del presupuesto de los proyectos”, dice.

Rodrigo Negrete, experto en derecho ambiental, se suma a esa postura y prefiere ser más tajante: “Hay que revocar la licencia y ordenar el desmantelamiento del proyecto. Hay que actuar de manera contundente porque en el medio hay mucha gente. Esto no debió haber ocurrido”.

El último punto clave en esta discusión tiene que ver con los procesos disciplinarios que puede abrir la Procuraduría. Al ser EPM una empresa pública, aquella entidad puede iniciar investigaciones para establecer si hubo fallas en procesos corporativos. En otras palabras, si un funcionario violó la ley.

Aunque hasta el momento no se ha pronunciado, una fuente de esa entidad que prefiere mantenerse en el anonimato aseguró que ya hay investigaciones en curso. Son de carácter reservado. La idea, advierte, es revisar si existió responsabilidad de los funcionarios públicos en las decisiones técnicas o corporativas. ¿Eso incluye a los altos mandos de EPM? “Sí. Ya hay antecedentes. Cuando se produjo el derrame de petróleo en el pozo Lisama de Ecopetrol abrimos procesos. El resultado fue la suspensión de dos vicepresidentes de la compañía. Hay que esperar qué podemos encontrar”.