14 Feb 2020 - 8:36 p. m.

Los investigadores que devolvieron el agua potable a Monterrey, Bolívar

El estudio reveló altos niveles de cianuro, mercurio y cadmio en el río Boque, principal fuente hídrica de Monterrey, causados por una mina ilegal de oro de grupos armados que operan en la región. Con ayuda de la comunidad y de una abogada se logró que el Gobierno instalara una nueva planta de tratamiento y salvaguardara el derecho al agua potable.

Cerca de 1.800 habitantes del corregimiento de Monterrey, en Simití, Bolívar, notaron desde 2014 que el agua del río Boque, que consumían y utilizaban para sus actividades diarias, había cambiado. Pasó de ser un afluente cristalino en el que se bañaban y pescaban, a tener un aspecto turbio, un sabor extraño y a causarles diarreas, vómitos y afecciones en la piel. ¿El motivo? Una mina ilegal de oro de un grupo armado, que había sido ubicada aguas arriba, estaba acabando con su principal fuente hídrica, aseguraron.

Simití, como muchos municipios de esa región, ha sido históricamente un centro importante de minería (legal e ilegal) y de extracción de oro, pero también un territorio de difícil acceso, con actores armados, narcotráfico y pocas condiciones de seguridad.

Hace cinco años llegó a esa zona la investigadora Claudia Campos, microbióloga ambiental que trabaja en temas de calidad del agua y docente recién jubilada de la Universidad Javeriana. En 2014 había aplicado a una convocatoria institucional que fomentaba el trabajo conjunto entre investigadores y estudiantes, y que tenía como misión detectar un problema y aportar una solución. “La zona del Magdalena Medio es muy rica en recursos hídricos, pero también tiene graves problemas de contaminación y minería. De todos los lugares con problemas de agua que conocí, me llamó mucho la atención Monterrey, porque era una zona donde había una población cautiva”, recuerda Campos.

El mercurio, cianuro y otras sustancias químicas que son sencillas de aplicar, económicas y de fácil acceso, usadas en el proceso de extracción de oro, terminan en los ríos. Además, alrededor de las minas empiezan a crecer asentamientos de manera desordenada sin sistemas de saneamiento y en donde la contaminación fecal va directamente a los afluentes cercanos. ¿Qué tan grave era el problema en Monterrey y qué efectos podía tener en la población?

Para resolverlo, Campos invitó al químico Crispín Celis. “Ya teníamos las herramientas microbiológicas y de toxicidad, pero los análisis fisico-químicos no. Celis, como especialista en esa área, fue quien pudo medir los niveles de metales pesados y cianuro, y comprobar que no se estaba cumpliendo la normativa establecida”, señala la investigadora. “Además, la contaminación de origen fecal también era altísima”.

Un trabajo en equipo

Las muestras se tomaron tres veces (en julio, septiembre y diciembre de 2015) en cinco puntos de recolección, entre esos casas del corregimiento al azar y pozos de aguas subterráneas que los pobladores empezaron a usar cuando no pudieron abastecerse del río. “LosAlgunos habitantes actuaron como coinvestigadores, y con ellos recolectamos las muestras, ya que son quienes conocen la región. Para eso hubo un proceso de formación, porque debíamos traer el agua de vuelta al laboratorio en la universidad antes de que pasaran más de 24 horas de su recolección, sino el resultado no era fiable”, explica.

Uno de los habitantes se ofreció a recolectar la del punto más lejano. Salía la noche anterior en su moto y a las cuatro de la mañana recogía la muestra. Estaba de vuelta en el pueblo cerca de las 11 de la mañana, cuando los investigadores ya habían terminado de tomar las de los demás puntos. Después venía el largo trayecto de regreso. “Nos íbamos de Monterrey a San Pablo, allí tomábamos una chalupa que nos llevaba a Barrancabermeja por el río Magdalena y en Barranca viajábamos en avión hasta Bogotá, a donde llegábamos a procesar las muestras inmediatamente”. En cada parada tenían que cambiar el hielo que las mantenía a 4° centígrados entre el calor del Magdalena Medio.

¿Qué encontraron? Alta contaminación de origen fecal, metales pesados (cadmio, cromo, cinc, níquel, mercurio y cianuro). “Se superaron los límites permitidos (1 mg/L) de cianuro en dos de los muestreos de un mismo punto (1.02 y 1.32 mg/L); en otro de los puntos el nivel de cianuro alcanzó los 1,57 mg/L. En una de las casas, donde el límite permitido de cianuro es de 0,05 mg/L, se alcanzó un nivel de 1,11 mg/L. El mercurio también superó el límite establecido en dos puntos de recolección; el cadmio, cuyo nivel máximo es de 0,003 mg/L, alcanzó los 0,01mg/L en un pozo de agua subterránea y 0,03 en el agua que llega a las casas.

Dentro de los estudios también se evaluó el riesgo de toxicidad y mutagenicidad tanto en las aguas del río Boque como en el agua de consumo de la población con bioensayos y una prueba llamada Test de Ames.

“Lo que se sabe tras años de investigación es que el hecho de cumplir con una norma no garantiza que no existan trazas de esos contaminantes que puedan llegar a las personas y se acumulen en los tejidos causando a largo plazo enfermedades. La única forma de saberlo es utilizando modelos animales, vegetales y bacterianos que, si al ponerlos en contacto con esa agua se ven afectados, encienden una alarma: la posibilidad de que afecte la salud humana está ahí”, explica Campos sobre los bioensayos. En los realizados, los metales pesados generaron efectos de muerte en el animal y la inhibición del crecimiento de la planta utilizados como indicador.

Con el Test de Ames –una prueba que se hace con una bacteria y permite detectar si en el agua hay sustancias que pueden producir mutaciones o cáncer en la población que la consume– se encontró que sí había sustancias mutágenas. De hecho, la comunidad había denunciado previamente algunos casos de malformaciones en recién nacidos.

Más allá de la investigación

En 2016 se unió al equipo la abogada y docente de derecho constitucional Vanessa Suelt. “Al tener los resultados y darse cuenta de la realidad de esas personas, los investigadores decidieron activar los mecanismos políticos y jurídicos para que los derechos de esa población fueran respetados”, cuenta. En ese momento, Suelt dirigía el semillero de Acciones Constitucionales de la misma universidad y fueron los estudiantes quienes investigaron el caso para buscar la respuesta adecuada.

“Una vez conocimos el tema, concluimos que lo que teníamos que hacer era una tutela para proteger el derecho al agua en conexión con el derecho al medioambiente”, explica. Como cualquier trámite jurídico, el proceso tomó un buen tiempo. El alcalde, que había prometido filtros para las casas si no se instauraba la acción de tutela, no cumplió, por lo que el equipo radicó ante la Procuraduría de Bolívar una carta explicando la situación. Tras meses sin contestarles, aseguraron que el tema tenía que remitirse a la procuraduría provincial de Barrancabermeja, donde el proceso también estuvo estancado por meses. Después de mucha espera y pocas respuestas, Campos y Suelt pasaron un derecho de petición en Interés General, y la Procuraduría de oficio finalmente instó al alcalde a tomar acciones. En 2019 el alcalde respondió con una partida presupuestal destinada a la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas.

“Esto no solamente pasa en esta comunidad”, asegura Suelt, “son muchos los que ahora acuden a consultorios jurídicos o grupos de acciones constitucionales de las universidades para enfrentarse a una administración pública que incumple con los deberes constitucionales y afecta a la población”. Para ella, la entrada y el acompañamiento de las instituciones ayuda a que se tome en serio la petición de la comunidad y permite que todos conozcan, se sensibilicen y aprendan.

Finalmente, los investigadores lograron salvaguardar el derecho a la salud, al agua potable y al medioambiente sano de los habitantes de Monterrey: “Hicieron lo que pedíamos, buscaron un punto de captación diferente al río, con una fuente de agua que viene de las montañas y no tiene influencia de minería. También aprobaron $3.600 millones para construir una nueva planta de tratamiento. Su inauguración está proyectada para abril”.

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