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En diciembre de 2024, el Gobierno de Gustavo Petro celebró la inauguración de 80 comunidades energéticas en la zona rural de Uribia, La Guajira. Las Miichi Ka’i (Casas de Sol), como fueron llamadas por las comunidades wayuus, se unían a un total de 148 proyectos de energía solar que hoy le dan acceso a electricidad a 1.400 familias de esa región, que antes no tenían el servicio.
Las plantas solares fueron diseñadas por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), de acuerdo con varias necesidades de las familias. Según dijo Fernando Ramírez Bastidas, director de esa entidad, durante la inauguración, los sistemas “también brindan la posibilidad de incluir antenas de comunicación, la capacidad de operar sistemas de bombeo de agua y sistemas de refrigeración para la preservación de alimentos”.
El evento marcó un hito importante para la política de Comunidades Energéticas impulsada por el Gobierno. Allí, con una inversión de COP 47.000 millones, se estaban dando a conocer los primeros proyectos funcionales desde que surgió la idea, en 2022. Aunque esas 148 plantas solares aún están funcionando, hay dos promesas que no se han cumplido en su totalidad: que los sistemas de energía sean propiedad de las familias y que les permitan desarrollar proyectos más allá de su consumo diario de energía.
Así lo evidencia un informe de la organización Governance Action Hub (GAH), dedicada a analizar y plantear soluciones para la transición energética justa en Latinoamérica, en conjunto con la Universidad de La Guajira, la Universidad de Magdalena y la consultora Soluciones Estratégicas Responsables. Entre sus conclusiones destacan que, aunque este es uno de los gobiernos que mayores avances regulatorios ha hecho para implementar energías renovables en el ámbito comunitario, su implementación se está quedando corta para cumplir objetivos como el desarrollo de esas comunidades.
Del papel a la práctica
La política de Comunidades Energéticas del Gobierno nació en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. Allí se definió, por primera vez, la posibilidad de que los usuarios de energía se organicen para producir y usar o comercializar su energía a partir de fuentes como el sol o el viento. Además, se estableció que el Estado financiaría proyectos de este tipo para hogares de estrato 1 y 2, así como en zonas sin acceso a electricidad, como ocurrió en La Guajira. El presidente Gustavo Petro ha dicho en varias ocasiones, y así quedó en el PND, que su objetivo es “democratizar el acceso a la energía”.
Solo había un referente en Colombia para seguir su ejemplo. La comunidad de La Estrecha, en el barrio El Salvador, de Medellín, había sido la primera en implementar un piloto de generación de energía eléctrica con paneles solares y que aún funciona. El proyecto fue financiado por empresas privadas y es gestionado por las familias que componen la comunidad energética. Produce la energía suficiente para abastecer a sus hogares y, si genera de más, podría venderle al sistema eléctrico del país.
Juanita Giraldo, ingeniera ambiental, quien estuvo al frente de ese proyecto, explica que la esencia de una comunidad energética “está en que sea esta misma la que administre y gestione el sistema de generación de energía”. Tienen un acompañamiento técnico, que es la empresa que presta el servicio de energía en Medellín, que los asesora en aspectos como la operación y el mantenimiento del sistema. Sin embargo, la comunidad toma las decisiones sobre el costo de la energía, qué hogares la reciben y cómo pueden sumarse nuevos usuarios.
Sin embargo, no es tan sencillo llevar esto a la práctica con proyectos financiados por el Estado, como las 148 comunidades energéticas de La Guajira. Carlos Díaz Villán, quien estuvo al frente del informe de GAH en Colombia, cuenta que para su análisis hicieron talleres con varios actores vinculados a la transición energética en La Guajira, incluidas las comunidades beneficiarias de las Casas de Sol.
“Lo que vemos es que se está implementando una idea nueva, pero con una lógica similar a lo que se ha hecho antes en La Guajira, y eso impide que las comunidades puedan apropiarse de los resultados de la política”, comenta.
A lo que se refiere Díaz es a algo que han analizado organizaciones como el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI por su sigla en inglés) sobre las comunidades wayuus. Con la llegada de proyectos de transición energética, las personas esperan recibir beneficios directos de su implementación que les ayuden a superar problemáticas económicas y sociales que hay en el departamento. Pero, de acuerdo con el GAH, las Casas de Sol están fallando en dos puntos fundamentales para las familias wayuus.
Por una parte, por restricciones de la ley de servicios públicos en Colombia y la forma en la que se gestionan los recursos públicos, las entidades que financian las comunidades energéticas no pueden cederle la propiedad de estas a las personas. Jorge Flórez, director de GAH en Colombia, asegura que “hay un miedo que tiene que ver con que, después de ceder la propiedad, el sistema pueda dañarse o tener algún problema, y los funcionarios sean acusados de detrimento patrimonial”.
La solución que ha planteado el Ministerio de Minas y Energía, que está al frente de esta política, es que las entidades públicas que financien la comunidad energética hagan algo parecido a una concesión de la propiedad a la empresa que hace el acompañamiento técnico. El problema con esta posibilidad, dicen en GAH, es que esa empresa suele ser un “actor externo” que genera una dependencia de la comunidad hacia su presencia en el proyecto. Algunas consecuencias de esto, detalla el informe, es que “aumentan los costos de implementación, limitan la innovación y reducen las oportunidades de construir capacidades locales”.
A esto se suma, según el informe, que “las soluciones implementadas restringen el potencial de las comunidades para aprovechar la energía en actividades económicas y sociales que abran oportunidades e impulsen el desarrollo”. Es decir, que su capacidad para producir energía alcanza para satisfacer las necesidades básicas de cada comunidad, pero no para pensar en proyectos productivos, negocios u otras actividades que requieran electricidad.
El Espectador contactó desde el jueves 16 de octubre a Víctor Paternina, director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, la entidad que está al frente de esta política, para conocer si es viable hacer un cambio en la regulación para que las comunidades puedan ser dueñas de las plantas solares o si están pensando en alguna alternativa, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
El impulso a las comunidades energéticas
Otro de los cuellos de botella que analizó el GAH en su informe es la falta de financiación que están teniendo las comunidades energéticas de fuentes diferentes al Estado. En el PND, el Gobierno Petro se propuso que en 2026 habría 20.000 usuarios beneficiándose de las comunidades energéticas en el país, una meta que luego se transformaría en la de tener 5.000 proyectos de este tipo operando.
El Minminas, como contamos en un artículo de abril, tiene claro que la inversión de empresas privadas, organizaciones internacionales y bancos de desarrollo (como el BID) es fundamental para lograr la meta que se trazó en el PND. Para que esto ocurra, el Gobierno ha hecho varios cambios en las reglas de juego del sistema eléctrico del país. En palabras de Flórez, “es el Gobierno en el que más avances se han hecho en materia regulatoria para poner en marcha proyectos como las comunidades energéticas”. A pesar de esto, más allá de los casi 200 proyectos financiados por el Estado y que se han anunciado desde 2024, la inversión privada sigue sin aparecer.
“Parece que ya está todo el marco normativo, pero todavía no hay claridad sobre cómo funcionan esas reglas”, explica Flórez. El punto crucial está en la venta de la energía sobrante al sistema eléctrico, que les daría rentabilidad a los privados para invertir en comunidades energéticas. Aunque la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) discutió durante más de un año la resolución para regular esa transacción y ya la publicó, hace falta la confianza en que ese proceso funcionará como está planteado en el documento.
Es posible, señala Giraldo, “que el sector esté esperando que haya alguien que se arriesgue y demuestre que funciona. Cuando tengamos un par de casos de éxito, más empresas van a dar el paso al frente”. El problema es que restan 10 meses para que termine el Gobierno y las cifras que hasta ahora ha presentado el Minminas están lejos de cumplir con la expectativa de los 20.000 usuarios a los que se comprometió en 2022.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
