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El pasado 12 de junio, la aprobación de la licencia ambiental al proyecto Colectora, uno de los más importantes para poner en marcha energías renovables en La Guajira, puso sobre la mesa discusiones importantes sobre el avance de la transición energética en el actual Gobierno. Esta línea de transmisión, que será la encargada de llevar la energía de siete proyectos eólicos de la región al resto del país, estuvo estancada durante cinco años antes de cumplir con los requisitos para obtener este permiso.
Una de las razones tiene que ver con las complejidades de construir proyectos renovables en un territorio con presencia de comunidades indígenas, con autoridades fragmentadas y sin mecanismos claros para establecer la relación entre las empresas, el Estado y las comunidades que se verán afectadas por el proyecto.
Aunque estos mismos desafíos los enfrenta la construcción de parques eólicos y solares, se evidencian más en las líneas de transmisión, pues estas requieren extensiones de cientos de kilómetros. Además, estos proyectos son claves, ya que de estos depende que la generación de energías renovables que se está construyendo llegue al resto del país. “Si no somos capaces de construir más líneas para 2026, no habrá suficiente electricidad para la demanda de ciudades grandes como Bogotá”, explicó a El Espectador Juan Ricardo Ortega López, presidente del Grupo Energía Bogotá.
De acuerdo con el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, por su sigla en inglés), en un informe publicado a finales de 2023, las consultas previas son una de las barreras que existen para la construcción de proyectos renovables en La Guajira, que concentra la mayor parte de proyectos eólicos que se tienen planificados para la generación eléctrica en Colombia. Uno de los puntos que influye allí es que las comunidades no confían en que recibirán beneficios de los proyectos que van a instalarse en su territorio.
En las más de 200 consultas previas que se adelantaron en Colectora, según dijo el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, fue necesario “construir un mecanismo de confianza” entre las empresas y las comunidades. El informe del SEI se destaca que, para que esto funcione, es necesario que la información sobre los beneficios y los impactos de los proyectos se transmita de manera “transparente” a las personas que se encuentran en las zonas de influencia.
Además, los procesos también se ven retrasados por las capacidades de las autoridades ambientales para revisar los estudios de impacto ambiental y las solicitudes de licenciamiento de los proyectos. Esta tarea, que le corresponde a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales o a las Corporaciones Autónomas Regionales, de acuerdo con el tamaño del proyecto, es uno de los requisitos de deben cumplir las empresas para empezar su construcción.
Una de las propuestas que se ha planteado desde el Gobierno es reducir el plazo de tiempo con el que cuentan las autoridades ambientales para aprobar o rechazar licencias. Actualmente, el plazo es de 120 días, y un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Minas y Energía en diciembre de 2023 propuso que fuera de 90 días para proyectos relacionados con la transición energética.
Expertos consultados por El Espectador, cuando se conoció la iniciativa, aseguraron que la idea por sí sola no aceleraría el trámite de las licencias ambientales. Consideraban que las demoras en el trámite no tenían que ver con el plazo, sino con la poca disponibilidad de funcionarios de las autoridades ambientales para analizar las solicitudes presentadas por las empresas. “Si en 120 días se incumple, esto seguirá pasando en 90″, decía una de las fuentes.
A esto se suma que reducir el tiempo, aumentando la carga de trabajo de los funcionarios, podría resultar en una pérdida de rigurosidad al momento de estudiar las solicitudes. “El análisis en términos de prevención y precaución ambiental, por parte de funcionarios con una alta carga de trabajo, va a derivarse en unos riesgos territoriales de tomar decisiones sin el sustento técnico necesario”, mencionaba otra de las fuentes consultadas por El Espectador.
También, un vocero de la Mesa Más Guajira de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) dijo a este medio que este tipo de ajustes en el trámite de las licencias no solucionaría problemas estructurales que generan retrasos, como la falta de confianza de las comunidades hacia las empresas. Este proyecto de ley, hasta ahora, no ha llegado a discutirse en el Congreso de la República, pero tampoco ha sido retirado por el Ministerio de Minas y Energía.
La ANLA y el Ministerio de Ambiente también se pronunciaron, cuando se anunció la aprobación de la licencia para Colectora, sobre la posibilidad de establecer cambios en la forma en la que se tramitan licencias para proyectos de transición energética. Sin embargo, esa propuesta aún no se conoce.
El próximo 14 de agosto, El Espectador, junto a Caracol Televisión y el Grupo de Energía de Bogotá, realizarán un foro llamado “Ambiente e infraestructura: retos para construir la transición energética justa”. Allí se reunirán expertos, empresas y autoridades del Estado para discutir acerca de la regulación ambiental en Colombia y qué alternativas existen para impulsar el desarrollo de proyectos claves para la descarbonización en Colombia, como las líneas de transmisión.
En el evento, que se llevará a cabo a las 9 a.m. en el Hotel Holiday INN Express, en Bogotá, también se presentarán Alexandra Klass, profesora de derecho de la U. de Michigan (EE. UU.), y Rob Gramlich, fundador y presidente de Grid Strategies LLC, además de expertos en regulación ambiental y transición energética. Será un día clave para comprender los retos de estos proyectos.
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