Lupa a la prórroga de Cerromatoso

Como se había advertido desde mediados de 2012, cuando el Congreso adelantó varios debates de control político, la prórroga para la explotación de la única mina de níquel que tiene el país, 686 hectáreas en el municipio de Montelíbano (Córdoba), terminó provocando una investigación de la Procuraduría. El pasado miércoles, el Ministerio Público anunció que evaluará si se presentaron irregularidades en la firma del otrosí que extendió la opción del negocio hasta 2044, reviviendo un debate con efectos jurídicos, económicos y sociales.

Entre los reparos formulados por la Procuraduría, se indica que los estudios técnicos e informes elaborados por consultores externos, base de la negociación para la prórroga suscrita el 27 de diciembre de 2012, fueron expedidos en fecha posterior a la de la ampliación del contrato. Además observó que no existen estudios para soportar algunos aspectos técnicos de la prórroga y que algunos de los reportes requeridos por el Ministerio Público para vigilar el proceso sólo fueron entregados después de la extensión del contrato.

Se trata de un pleito con larga historia. El yacimiento de níquel fue detectado en los años 50 del siglo XX, pero sólo hasta marzo de 1963 el Ministerio de Minas autorizó su explotación. Desde entonces se suscribió una serie de contratos y traspasos, hasta que en 1989 el negocio quedó en manos de la multinacional angloaustraliana BHP Billiton. La administración de la mina Cerro Matoso, situada a 22 kilómetros de Montelíbano, fue objeto de posteriores concesiones hasta 1996, cuando se abrió la opción de extender el negocio hasta 2029.

Este último aspecto fue el detonante de la controversia política de mediados del año pasado. Antes de terminar 2012, el Gobierno tenía que decidir si la prórroga hasta 2029 era válida o si, como lo reiteraron en su momento los congresistas Jorge Robledo y David Barguil, era preferible abrir una nueva licitación o pensar en la alternativa de que el Estado operara la mina.

Entre agosto y diciembre del año pasado la empresa minera fue blanco de serias críticas por parte de senadores y organizaciones sociales pertenecientes al Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso, quienes pidieron la nulidad de la prórroga argumentando que durante más de 30 años de concesión Cerro Matoso había incumplido en varias oportunidades el contrato de explotación.

El Comité aseguró ante el Congreso que la empresa (que produce utilidades por el orden de los $17.000 millones mensuales) no habría entregado al Estado los impuestos ni los dineros por regalías, responsabilizó a la compañía de la contaminación de las aguas de Montelíbano y la acusó de las enfermedades de 80 exempleados de la mina.

A estos señalamientos se sumó la contralora Sandra Morelli, quien en varias oportunidades declaró que la firma del contrato era “lesiva para los intereses de la Nación” y aseguró que la mina estaba operando sin una licencia ambiental que respondiera a las necesidades actuales del país.

En ese momento, la empresa se defendió diciendo que en 1981 había recibido dicha licencia de parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) y que en todo momento ha cumplido los requisitos de la ley.

Al final, la Agencia Nacional de Minería (ANM) pasó de largo y, argumentando su obligación de garantizar el uso racional del recurso, prorrogó el contrato hasta agosto de 2044.

Ahora, la Procuraduría busca evaluar si esta última decisión, que no limitó la prórroga hasta 2029 sino que la extendió hasta 2044 basándose en que Cerro Matoso puede aumentar su capacidad de procesamiento del níquel en un 50% en los próximos 10 años, amerita la apertura de un proceso disciplinario. Por lo pronto, el Ministerio Público quiere establecer si fue un negocio conveniente para la Nación. En su momento, la Contraloría argumentó que no existía suficiente claridad jurídica.

El Espectador conoció el punto de vista de la ANM frente a los anuncios de la Procuraduría, y en primer término el organismo aclaró que en éste y todos los casos similares su deber es velar por el mayor aprovechamiento del recurso. La Agencia dijo que, con base en estudios de CRU Strategies y las bancas de inversión Valora y Corficolombiana, la pérdida de concentración de níquel en el mineral extraído permitía concluir que la mina iba a perder su atractivo para que un nuevo operador empezara labores en 2029.

“Era una oportunidad para el Estado, a fin de hacer un mejor uso de sus recursos y obtener una mayor utilidad de explotación de la mina”, precisó la ANM, que defendió la política de las prórrogas en los contratos mineros como una manera de compensar los riesgos exploratorios que asumen los concesionarios. En este caso, aclaró la entidad, los estudios financieros demuestran que la Nación percibirá mayores ingresos y que, si se compara con cualquier otro escenario, el mayor valor para ésta se dará en cuanto más dure la concesión.

En respuesta a los reparos de la Procuraduría, en el sentido de que los estudios técnicos fueron expedidos en una fecha posterior a la prórroga del contrato de Cerro Matoso, la Agencia Nacional de Minería aseguró que existen actas que demuestran que todos los informes financieros, técnicos, económicos y de desarrollo sostenible aportados por prestigiosas firmas fueron entregados oportunamente al Ministerio Público. “El hecho de que se hayan entregado en versión preliminar no desconoce la validez del soporte para la negociación”, recalcó el organismo.

La ANM insistió en que durante la negociación de la prórroga se adelantaron varias mesas de trabajo informativas con la Procuraduría antes de la firma definitiva. Además, toda la información contenida en los estudios técnicos se complementó en su momento con los que ha realizado la empresa Cerro Matoso a lo largo de los últimos 30 años. Asimismo dijo que nunca en la historia minera colombiana se había condicionado una prórroga a una condición tan objetiva y medible, como en este caso, es decir, de aumentar las utilidades en el 50% en los próximos 10 años.

Esta misma semana, en el contexto de la controversia que la Procuraduría volvió a desatar frente al caso Cerro Matoso, la Agencia Nacional de Minería reportó que la empresa ya está cumpliendo con los términos del otrosí de diciembre de 2012 por el que se prorrogó el contrato hasta 2044. En concreto, la ANM sostuvo que el pasado 17 de enero el Gobierno recibió de Cerro Matoso $35.000 millones de pesos por concepto de una prima contractual, y que desde octubre del año pasado, antes de la prórroga, ya se reciben beneficios del negocio.
Según la Agencia Nacional de Minería las regalías totales recibidas desde la actualización del contrato han sido del orden de $56.200 millones en los últimos seis meses. La prórroga le garantiza al Estado “una operación sostenible y sin interrupción, de tal manera que no haya afectación en el flujo de recursos en regalías y en apoyo al departamento de Córdoba”.

Sobre este último aspecto, la ANM insistió en que ya viene adelantando reuniones con los alcaldes y las comunidades de Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador y La Apartada, para constituir mecanismos de seguimiento a las obligaciones en materia social que quedaron pactadas en la prórroga.

Frente al optimismo del organismo oficial se han venido escuchando voces de críticos de la prórroga que consideran que estaba cantado que la Procuraduría iba a intervenir más temprano que tarde para investigar los alcances económicos y legales del negocio. En general, los críticos sostienen que la multinacional BHP Billiton logró un aprovechamiento ventajoso y oportunista, que hubo trampas en las cifras presentadas durante la negociación de la extensión y que las comunidades no van a ser beneficiarias de la extensión del contrato.

Uno de ellos es el economista Álvaro Pardo, director del portal Colombia Punto Medio y miembro del Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso, quien asegura que las investigaciones de la Procuraduría comprueban que los órganos de control del país no participaron en las negociaciones y “desmienten a la autoridad minera”. Para el economista, uno de los puntos más cuestionables de la extensión de la concesión es haberle entregado a la compañía, de entrada, la garantía de prórroga hasta 2044: “Nadie, ni siquiera el Estado sabe qué va a ocurrir de aquí a 2029, ni con la mina ni con los problemas que la rodean. ¿Con qué derecho le dices a una empresa que desde ya puede proyectarse por treinta años más?”.

Consultada la empresa Cerro Matoso sobre la reapertura de un debate con efectos políticos y jurídicos, la firma se limitó a observar que en su momento suministró “exhaustiva y oportunamente” toda la información que le fue solicitada por la Agencia Nacional Minera. Por eso, agregó, están convencidos de que la autoridad minera podrá dar las respuestas satisfactorias a todos los puntos mencionados en el anuncio de la Procuraduría, respecto a las supuestas inconsistencias en la definición de la prórroga.

Ahora el Ministerio Público tiene la palabra.
 

Como se había advertido desde mediados de 2012, cuando el Congreso adelantó varios debates de control político, la prórroga para la explotación de la única mina de níquel que tiene el país, 686 hectáreas en el municipio de Montelíbano (Córdoba), terminó provocando una investigación de la Procuraduría. El pasado miércoles, el Ministerio Público anunció que evaluará si se presentaron irregularidades en la firma del otrosí que extendió la opción del negocio hasta 2044, reviviendo un debate con efectos jurídicos, económicos y sociales.

Entre los reparos formulados por la Procuraduría, se indica que los estudios técnicos e informes elaborados por consultores externos, base de la negociación para la prórroga suscrita el 27 de diciembre de 2012, fueron expedidos en fecha posterior a la de la ampliación del contrato. Además observó que no existen estudios para soportar algunos aspectos técnicos de la prórroga y que algunos de los reportes requeridos por el Ministerio Público para vigilar el proceso sólo fueron entregados después de la extensión del contrato.

Se trata de un pleito con larga historia. El yacimiento de níquel fue detectado en los años 50 del siglo XX, pero sólo hasta marzo de 1963 el Ministerio de Minas autorizó su explotación. Desde entonces se suscribió una serie de contratos y traspasos, hasta que en 1989 el negocio quedó en manos de la multinacional angloaustraliana BHP Billiton. La administración de la mina Cerro Matoso, situada a 22 kilómetros de Montelíbano, fue objeto de posteriores concesiones hasta 1996, cuando se abrió la opción de extender el negocio hasta 2029.

Este último aspecto fue el detonante de la controversia política de mediados del año pasado. Antes de terminar 2012, el Gobierno tenía que decidir si la prórroga hasta 2029 era válida o si, como lo reiteraron en su momento los congresistas Jorge Robledo y David Barguil, era preferible abrir una nueva licitación o pensar en la alternativa de que el Estado operara la mina.

Entre agosto y diciembre del año pasado la empresa minera fue blanco de serias críticas por parte de senadores y organizaciones sociales pertenecientes al Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso, quienes pidieron la nulidad de la prórroga argumentando que durante más de 30 años de concesión Cerro Matoso había incumplido en varias oportunidades el contrato de explotación.

El Comité aseguró ante el Congreso que la empresa (que produce utilidades por el orden de los $17.000 millones mensuales) no habría entregado al Estado los impuestos ni los dineros por regalías, responsabilizó a la compañía de la contaminación de las aguas de Montelíbano y la acusó de las enfermedades de 80 exempleados de la mina.

A estos señalamientos se sumó la contralora Sandra Morelli, quien en varias oportunidades declaró que la firma del contrato era “lesiva para los intereses de la Nación” y aseguró que la mina estaba operando sin una licencia ambiental que respondiera a las necesidades actuales del país.

En ese momento, la empresa se defendió diciendo que en 1981 había recibido dicha licencia de parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) y que en todo momento ha cumplido los requisitos de la ley.

Al final, la Agencia Nacional de Minería (ANM) pasó de largo y, argumentando su obligación de garantizar el uso racional del recurso, prorrogó el contrato hasta agosto de 2044.

Ahora, la Procuraduría busca evaluar si esta última decisión, que no limitó la prórroga hasta 2029 sino que la extendió hasta 2044 basándose en que Cerro Matoso puede aumentar su capacidad de procesamiento del níquel en un 50% en los próximos 10 años, amerita la apertura de un proceso disciplinario. Por lo pronto, el Ministerio Público quiere establecer si fue un negocio conveniente para la Nación. En su momento, la Contraloría argumentó que no existía suficiente claridad jurídica.

El Espectador conoció el punto de vista de la ANM frente a los anuncios de la Procuraduría, y en primer término el organismo aclaró que en éste y todos los casos similares su deber es velar por el mayor aprovechamiento del recurso. La Agencia dijo que, con base en estudios de CRU Strategies y las bancas de inversión Valora y Corficolombiana, la pérdida de concentración de níquel en el mineral extraído permitía concluir que la mina iba a perder su atractivo para que un nuevo operador empezara labores en 2029.

“Era una oportunidad para el Estado, a fin de hacer un mejor uso de sus recursos y obtener una mayor utilidad de explotación de la mina”, precisó la ANM, que defendió la política de las prórrogas en los contratos mineros como una manera de compensar los riesgos exploratorios que asumen los concesionarios. En este caso, aclaró la entidad, los estudios financieros demuestran que la Nación percibirá mayores ingresos y que, si se compara con cualquier otro escenario, el mayor valor para ésta se dará en cuanto más dure la concesión.

En respuesta a los reparos de la Procuraduría, en el sentido de que los estudios técnicos fueron expedidos en una fecha posterior a la prórroga del contrato de Cerro Matoso, la Agencia Nacional de Minería aseguró que existen actas que demuestran que todos los informes financieros, técnicos, económicos y de desarrollo sostenible aportados por prestigiosas firmas fueron entregados oportunamente al Ministerio Público. “El hecho de que se hayan entregado en versión preliminar no desconoce la validez del soporte para la negociación”, recalcó el organismo.

La ANM insistió en que durante la negociación de la prórroga se adelantaron varias mesas de trabajo informativas con la Procuraduría antes de la firma definitiva. Además, toda la información contenida en los estudios técnicos se complementó en su momento con los que ha realizado la empresa Cerro Matoso a lo largo de los últimos 30 años. Asimismo dijo que nunca en la historia minera colombiana se había condicionado una prórroga a una condición tan objetiva y medible, como en este caso, es decir, de aumentar las utilidades en el 50% en los próximos 10 años.

Esta misma semana, en el contexto de la controversia que la Procuraduría volvió a desatar frente al caso Cerro Matoso, la Agencia Nacional de Minería reportó que la empresa ya está cumpliendo con los términos del otrosí de diciembre de 2012 por el que se prorrogó el contrato hasta 2044. En concreto, la ANM sostuvo que el pasado 17 de enero el Gobierno recibió de Cerro Matoso $35.000 millones de pesos por concepto de una prima contractual, y que desde octubre del año pasado, antes de la prórroga, ya se reciben beneficios del negocio.
Según la Agencia Nacional de Minería las regalías totales recibidas desde la actualización del contrato han sido del orden de $56.200 millones en los últimos seis meses. La prórroga le garantiza al Estado “una operación sostenible y sin interrupción, de tal manera que no haya afectación en el flujo de recursos en regalías y en apoyo al departamento de Córdoba”.

Sobre este último aspecto, la ANM insistió en que ya viene adelantando reuniones con los alcaldes y las comunidades de Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador y La Apartada, para constituir mecanismos de seguimiento a las obligaciones en materia social que quedaron pactadas en la prórroga.

Frente al optimismo del organismo oficial se han venido escuchando voces de críticos de la prórroga que consideran que estaba cantado que la Procuraduría iba a intervenir más temprano que tarde para investigar los alcances económicos y legales del negocio. En general, los críticos sostienen que la multinacional BHP Billiton logró un aprovechamiento ventajoso y oportunista, que hubo trampas en las cifras presentadas durante la negociación de la extensión y que las comunidades no van a ser beneficiarias de la extensión del contrato.

Uno de ellos es el economista Álvaro Pardo, director del portal Colombia Punto Medio y miembro del Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso, quien asegura que las investigaciones de la Procuraduría comprueban que los órganos de control del país no participaron en las negociaciones y “desmienten a la autoridad minera”. Para el economista, uno de los puntos más cuestionables de la extensión de la concesión es haberle entregado a la compañía, de entrada, la garantía de prórroga hasta 2044: “Nadie, ni siquiera el Estado sabe qué va a ocurrir de aquí a 2029, ni con la mina ni con los problemas que la rodean. ¿Con qué derecho le dices a una empresa que desde ya puede proyectarse por treinta años más?”.

Consultada la empresa Cerro Matoso sobre la reapertura de un debate con efectos políticos y jurídicos, la firma se limitó a observar que en su momento suministró “exhaustiva y oportunamente” toda la información que le fue solicitada por la Agencia Nacional Minera. Por eso, agregó, están convencidos de que la autoridad minera podrá dar las respuestas satisfactorias a todos los puntos mencionados en el anuncio de la Procuraduría, respecto a las supuestas inconsistencias en la definición de la prórroga.

Ahora el Ministerio Público tiene la palabra.