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Las autoridades ambientales locales y nacionales han comenzado a reaccionar y actuar ante la amplia devastación que está sufriendo el sur de la Ciénaga Grande de Santa Marta a manos de ganaderos y agricultores que han invadido ilegalmente sus límites naturales.
El viernes pasado, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) se desplazaron hasta la finca Mendegua, predios de la hacienda Los Patos, donde se concentra una buena parte de la construcción de diques y terraplenes con los que se están desecando terrenos de este importante complejo de lagunas consideradas patrimonio de la biosfera por la Unesco y sitio Ramsar. En su visita, los funcionarios se encontraron con una cara del problema aún más dramática de la que hasta ahora ha salido a la luz pública.
Como lo informó el periódico El Heraldo, al recorrer el terreno los funcionarios de Corpamag identificaron potentes bombas de succión, buldózeres y retroexcavadoras. El diagnóstico inicial realizado por funcionarios de Parques Nacionales, la Fuerza Aérea y la Policía estimaba que en la zona ya habían sido construidos 17 kilómetros de diques para quitarle terreno a la Ciénaga Grande. Pero tras la visita de campo, los funcionarios calculan que esa cifra asciende a 27 kilómetros.
“Durante el recorrido fue posible observar, de manera cercana, las afectaciones que vienen sufriendo el suelo, la vegetación y los humedales”, revelaron los funcionarios.
Aunque el director de Corpamag, Luis Orlando Cabrera, le aseguró a este diario la semana pasada que las obras en la zona se habían suspendido, periodistas de El Heraldo informaron que las obras civiles para desecar y acondicionar estos terrenos para la ganadería y la agricultura continuaban al menos hasta el viernes.
Por otra parte, la Unidad de Restitución de Tierras recordó que el sector Los Patos es una de las zonas más emblemáticas de la violencia paramilitar en la región. Hoy, al menos 36 familias reclaman haber sido víctimas de los ejércitos de Salvatore Mancuso y Jorge 40. Vestigios de esa violencia, palpables en bandas criminales que operan en la zona, así como herederos de los antiguos jefes paramilitares, han hecho que el acceso a la zona por parte de funcionarios sea limitado.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, también intervino en el grave problema ecológico y pidió a las distintas entidades que operan en esta jurisdicción, que presenten ante el Ministerio Público informes detallados sobre las gestiones que han realizado hasta ahora para afrontar las invasiones sobre uno de los ecosistemas estratégicos del país. La Gobernación del Magdalena, Corpamag, la Unidad Territorial de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía seccional, la Policía del Magdalena y la Capitanía de Puertos son algunas de las entidades citadas a una reunión el próximo viernes por la Procuraduría.
También la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto y anunció la apertura de una investigación.
Títulos ilegítimos
Un informe elaborado por Parques Nacionales, Ministerio de Justicia y Superintendencia de Notariado y Registro, y revelado por el periodista y abogado samario Alejandro Arias, reveló problemas en la titulación de tierras que coinciden con los límites del Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Ocho títulos acreditados con adjudicación de baldíos, que se encuentran dentro del área protegida, en realidad fueron entregados después de la declaración del Parque Nacional, por lo que su legitimidad está en duda.
En cuanto a títulos de propiedad privada en la misma zona, la investigación de las tres instituciones arrojó que diez de ellos corresponden a títulos precarios y sucesiones ilíquidas, por lo que el Estado también podría intervenir en la mayoría de ellos.
Detener la depredación sobre la Ciénaga Grande dependerá, sin duda, de una acción coordinada de todas las autoridades.