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El Ministerio de Ambiente anunció que entre el 17 de enero y hasta el próximo 5 de febrero de 2025 desarrollará la presentación y un diálogo comunitario en los municipios de Suratá, Vetas, California, Charta, Matanza y Tona, en Santander, en la etapa de consulta pública ciudadana del proyecto de “Reserva de Recursos Naturales Renovables de Carácter Temporal en el Macizo de Santurbán”.
Hay que recordar que se trata de una figura que tiene el objetivo, en términos generales, de prohibir la minería durante un plazo de dos años en una porción del territorio. En teoría, esto busca las cuencas de Alto Lebrija y Cáchira Sur, la biodiversidad y capacidad hídrica que garantizan el agua en Bucaramanga y municipios aledaños.
Sin embargo, la medida ha generado diversas y masivas tensiones con el gremio dedicado a esta actividad en esa zona. De hecho, este fue la principal razón del paro minero que comenzó en Santander el 21 de octubre de 2024 y que se prolongó por varios días.
Para los mineros y habitantes del páramo, esta medida “termina condenando a la pequeña minería tradicional, así como a los campesinos, agricultores y ganaderos a la total ilegalidad en el territorio”, le dijo a este periódico hace unas semanas Fabio Maldonado, director de Consotonorte, agremiación de empresarios, mineros, agricultores, ganaderos, campesinos y organizaciones de la provincia Soto Norte, en Santander, zona que hace parte del páramo.
En el Minambiente tienen una visión distinta. “Hay que dejar claro que esta medida no tiene efectos sobre la agricultura, ganadería, infraestructura, ni licencias de construcción. La resolución reconoce la tradición minera de California y Vetas; por lo tanto, no afecta los procesos de formalización minera que están en curso con los pequeños mineros tradicionales de la región, ni frena actividades mineras que cuenten hoy con título minero e instrumento ambiental vigente”, explicó en semanas pasadas, la ministra de esta cartera, Susana Muhamad.
Minambiente también señala que la normativa no afecta los procesos de formalización minera que están en curso en este momento con los pequeños mineros tradicionales de la región. Tampoco, según el Gobierno, frena las actividades mineras que cuentan hoy con títulos mineros o con un instrumento ambiental vigente.
Desde el Gobierno plantean entonces estas mesas de diálogo con “el objetivo de resolver las inquietudes de las comunidades de estos seis municipios, sobre los fundamentos técnicos y jurídicos, así como los efectos de esta iniciativa normativa”.
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