El pasado 2 de enero, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) firmó una resolución con la que suspendió la operación del Muelle 13 de Buenaventura. Como explicamos en El Espectador, esta decisión es una medida preventiva que surtió efectos inmediatos y que solo podrá ser levantada cuando el Grupo Portuario acredite que cuenta con un instrumento de manejo y control ambiental que cumpla con la normativa vigente.
Unos días después, la Procuraduría General de la Nación le solicitó formalmente a la Anla sustituir la medida por una amonestación escrita, con el fin de exigir a la empresa ajustar y actualizar el Plan de Manejo Ambiental que maneja desde 2002. El requerimiento del órgano de control se dio luego de que el Grupo Portuario pidiera la intervención directa de la entidad, argumentando que la medida afecta sus derechos fundamentales.
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Ahora, el Ministerio de Ambiente se ha pronunciado públicamente frente al caso. Este viernes 17 de enero, durante una rueda de prensa, la jefe de dicha cartera, Susana Muhamad, explicó que, según se logró comprobar, “durante tres años el operador omitió reportar a las autoridades competentes que había sobrepasado el calado y el volumen bajo el cual se le había otorgado el plan de manejo ambiental”.
En consecuencia, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado demandó dicho plan de manejo, por lo que un juez de Buenaventura lo suspendió y ordenó a la Anla asumir la competencia sobre el Muelle 13, así como su expediente ambiental. Esta labor de autoridad la venía ejerciendo el Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura, pero su autoridad ya había sido cuestionada con anterioridad.
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Al tratarse de lo que la ministra señala como un puerto de gran calado, es decir que moviliza una carga igual o superior a 1.500.000 toneladas por año y en él pueden atracar barcos con calado superior a 27 pies, la Anla, en efecto, debería ser la encargada.
Aunque el Grupo Portuario ha asegurado cumplir todo lo dispuesto por el EPA y ha dicho a este diario que nunca ha movilizado más de 1.500.000 toneladas anuales por el muelle 13, esta versión no concuerda con los registros de la Superintendencia de Transporte que dimos a conocer. Solo en 2023, de acuerdo con las cifras, el Grupo Portuario movilizó 1.850.945 y el año anterior, 2022, fueron 1.595.018 toneladas.
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“No puede operar un puerto de este tamaño sin licencia ambiental dada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La licencia ambiental tiene un fin preventivo. Si aquí hay descontrol ambiental, hay una violación de derechos a la población de Buenaventura y una situación altamente irregular”, expresó la ministra.
Durante el encuentro de este viernes, Muhamad también se refirió al expediente que entregó el EPA, es decir el archivo que contiene todas las actuaciones de control que ha ejercido la autoridad ambiental para proteger el derecho colectivo a un ambiente sano, en este caso, en relación con el muelle.
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El expediente, que debería contener información desde 2013, año desde el cual el EPA era responsable, es “una cantidad de documentos sueltos y sin consistencia”, aseguró la ministra. “Lo que implica la realidad fáctica de cómo está operando este puerto, cuando se compara con el expediente, es que aquí no hubo control ambiental”, agregó. La Anla y el sector ambiental, según dijo la jefe de cartera, pondrán denuncias penales y disciplinarias frente a la situación.
Muhamad, finalmente, hizo un llamado al recién posesionado Procurador General, Gregorio Eljach, a revisar las acciones de su delegado ambiental y agrario bajo este contexto. “No entiendo cómo con las evidencias técnicas y jurídicas, el Procurador Delegado no está apoyando la actuación de las autoridades ambientales, sino por el contrario, está intercediendo en su posición a favor del operador portuario”, dijo. “El deber de una Procuraduría es prevenir los efectos, en este caso, de posibles riesgos frente a los derechos colectivos al ambiente sano”.
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