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El Ministerio de Ambiente anunció este martes la ampliación del plazo para la consulta ciudadana sobre la creación de una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en el Macizo de Santurbán. La decisión, que extiende la consulta hasta el 14 de febrero, responde, según la entidad, a las solicitudes de las comunidades de Santander y busca fortalecer la participación ciudadana informada.
La propuesta es crear la primera zona de reserva temporal en el macizo de Santurbán, en un área de 76.012 hectáreas distribuidas en siete municipios: Suratá (34 %), Matanza (29 %), California (4,6 %), Vetas (2,4 %), Charta (14 %), Tona (7,7 %) y Bucaramanga (6,4 %), sobre las cuencas de los ríos Alto Lebrija y Cáchira Sur. Según Minambiente, la medida ordenará la actividad minera en la zona sin afectar la formalización de pequeños mineros tradicionales ni impactar la agricultura, el turismo, las vías o la actualización de planes de ordenamiento.
Desde diciembre, el Ministerio ha llevado a cabo 13 diálogos presenciales y varias reuniones virtuales con actores del territorio. Sin embargo, y como explicamos hace poco en esta nota, desde que se empezó a hablar sobre la posibilidad de declarar esta figura en Santurbán, algunas comunidades han expresado su preocupación y rechazo. De hecho, esa fue una de las razones del paro de campesinos y mineros que se realizó en octubre del año pasado, en medio de la COP16.
La principal inquietud es que la medida podría afectar a la pequeña minería tradicional, así como a los campesinos, agricultores y ganaderos. “Lo que hemos entendido es que una vez declarada la zona de reserva temporal nos quitan el derecho a desarrollar actividades ganaderas, agrícolas y agropecuarias. Eso quiere decir que vamos a ser desconocidos en nuestra propia tierra”, nos decía Liliana Ortiz, habitante de una de las veredas cercanas al páramo de Santurbán, en jurisdicción de Charta. Ortiz fue una de las pocas personas que estuvo presente en la reunión que se realizó en Charta el 4 de febrero en el marco de estos diálogos.
El Ministerio de Ambiente ha respondido, sin embargo, que la declaratoria de la reserva temporal no afectará las actividades agropecuarias ni otras prácticas tradicionales de las comunidades, asegurando que la medida está enfocada exclusivamente en la suspensión de nuevas concesiones mineras mientras se realizan estudios ambientales. Además, la entidad afirmó que los títulos mineros vigentes y los procesos de formalización de la pequeña minería tradicional podrán continuar operando dentro de unas 655 hectáreas identificadas para este fin.
Lo que sí ordenaría es que las autoridades mineras y ambientales competentes no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales. Tampoco se podrán tramitar solicitudes de modificación de licencia ambiental cuyo objeto sea ampliar nuevas áreas mineras o modificar el proyecto. A pesar de todas estas aclaraciones, la incertidumbre persiste.
El descontento también se debe a la falta de participación en la construcción del proyecto. Líderes comunitarios y alcaldes han manifestado su inconformidad, señalando que fueron consultados demasiado tarde y pidiendo un diálogo más amplio. Una vez finalizada la consulta, el Ministerio de Ambiente señala que se analizarán los aportes recibidos para determinar su viabilidad dentro del proyecto normativo, tras lo cual se expedirá la medida ambiental.
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