Minambiente y Minagricultura denuncian redes criminales detrás de la deforestación
Los jefes de ambas carteras señalaron desde el sur del país que redes criminales estarían detrás de la deforestación que afecta a la región, y que pone en riesgo el cumplimiento de las metas para frenar el cambio climático en el país.
Redacción VIVIR
Desde la Amazonía, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y el del Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, volvieron a apuntar el dedo hacia los deforestadores de la selva más importante de Colombia. En eventos distintos, ambos señalaron que detrás de la tala ilegal en este bosque, hay redes de delincuentes bien organizadas.
El ministro Murillo confirmó que detrás de la deforestación existen redes criminales en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo, “para fomentar la tala y la quema de bosque para después buscar de alguna manera acaparar las tierras”.
La hipótesis también fue expuesta por el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, desde La Macarena. Allí, el funcionario público le dijo a un grupo de campesinos que “hay algunos que están diciendo que mientras más tumben monte, mientras más tumben montaña y mientras más monten potrero, más rápido les van a adjudicar las tierras. Se equivocan. Esa no es la política de la Agencia Nacional de Tierras. A quienes están haciendo esto los van es a judicializar porque están cometiendo delitos ambientales”.
Pero, ¿para qué alguien querría hacerse dueño de tierra pelada? Una causa puede ser el acaparamiento de tierras para la venta, según la hipótesis de la profesora de ecología del paisaje y experta en fuegos, Dolores Armenteras. “La tumba y quema del bosque tiene más que ver con el acaparamiento de tierras que con la ganadería extensiva. Cuando hay deforestación, los precios del ganado no suben, tampoco el número de cabezas de ganado, pero la deforestación sí. Creemos que las personas deforestan y esperan a que se valorice la tierra”, le dijo hace unos días a El Espectador.
El ministro Luis Gilberto Murillo también ha apoyado en otras ocasiones la tesis de que los deforestadores amazónicos son acaparadores con gran músculo económico. “Hace 30 o 40 años, los colonos llegaban a tumbar monte para montar sus propias fincas. Ahora, una persona llega y les ofrece comprar 3.000 hectáreas para ganadería. Talar y quemar una sola hectárea cuesta entre 1 y 3 millones de pesos. La gente local no tiene ese dinero, hay algo más ahí", le dijo hace unas semanas a este diario.
El ministro de Agricultura también apoya esa idea, tal como le dijo a los campesinos en La Macarena: “no aceptamos el argumento de que ‘es que solo tenemos un hacha y un machete, para poder coger cultivos de pancoger’, porque esta deforestación vale mucha plata. Lo están haciendo personas que ustedes saben quiénes son y a quienes me refiero”.
Pero el acaparamiento no es la única causa. El ministro Zuluaga cree que la ganadería tiene mucho que ver: “le quiero pedir, con todo el respeto, la mayor responsabilidad a los señores ganaderos, porque, principalmente, para lo que más se tumba montaña, es para potrerizar y para meter ganado”. Esto no es una simple percepción del jefe de cartera. Según un informe del Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo), en Colombia la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente para ganadería extensiva, representa el 60 % de la deforestación en el país.
Para hacerle frente a estas redes criminales, el Ministerio de Ambiente se alió con entidades judiciales como la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Además, incluyó a la Agencia Nacional de Tierras y la Fiscalía General de la Nación en el Puesto de Mando Unificado que instaló hace un mes en San José del Guaviare.
En las selvas amazónicas colombianas ya hay una fiscal para derechos humanos y ambiente, Stella Sánchez, cinco fiscales y 100 policías judiciales, solo en Guaviare. Además, en la región ya hay 90 investigaciones por delitos ambientales asociados a la deforestación. Sin embargo, todavía no se ha desmantelado ni una de las redes criminales que todos parecen conocer, pero nadie se atreve a pronunciar con nombre y apellido.
Desde la Amazonía, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y el del Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, volvieron a apuntar el dedo hacia los deforestadores de la selva más importante de Colombia. En eventos distintos, ambos señalaron que detrás de la tala ilegal en este bosque, hay redes de delincuentes bien organizadas.
El ministro Murillo confirmó que detrás de la deforestación existen redes criminales en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo, “para fomentar la tala y la quema de bosque para después buscar de alguna manera acaparar las tierras”.
La hipótesis también fue expuesta por el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, desde La Macarena. Allí, el funcionario público le dijo a un grupo de campesinos que “hay algunos que están diciendo que mientras más tumben monte, mientras más tumben montaña y mientras más monten potrero, más rápido les van a adjudicar las tierras. Se equivocan. Esa no es la política de la Agencia Nacional de Tierras. A quienes están haciendo esto los van es a judicializar porque están cometiendo delitos ambientales”.
Pero, ¿para qué alguien querría hacerse dueño de tierra pelada? Una causa puede ser el acaparamiento de tierras para la venta, según la hipótesis de la profesora de ecología del paisaje y experta en fuegos, Dolores Armenteras. “La tumba y quema del bosque tiene más que ver con el acaparamiento de tierras que con la ganadería extensiva. Cuando hay deforestación, los precios del ganado no suben, tampoco el número de cabezas de ganado, pero la deforestación sí. Creemos que las personas deforestan y esperan a que se valorice la tierra”, le dijo hace unos días a El Espectador.
El ministro Luis Gilberto Murillo también ha apoyado en otras ocasiones la tesis de que los deforestadores amazónicos son acaparadores con gran músculo económico. “Hace 30 o 40 años, los colonos llegaban a tumbar monte para montar sus propias fincas. Ahora, una persona llega y les ofrece comprar 3.000 hectáreas para ganadería. Talar y quemar una sola hectárea cuesta entre 1 y 3 millones de pesos. La gente local no tiene ese dinero, hay algo más ahí", le dijo hace unas semanas a este diario.
El ministro de Agricultura también apoya esa idea, tal como le dijo a los campesinos en La Macarena: “no aceptamos el argumento de que ‘es que solo tenemos un hacha y un machete, para poder coger cultivos de pancoger’, porque esta deforestación vale mucha plata. Lo están haciendo personas que ustedes saben quiénes son y a quienes me refiero”.
Pero el acaparamiento no es la única causa. El ministro Zuluaga cree que la ganadería tiene mucho que ver: “le quiero pedir, con todo el respeto, la mayor responsabilidad a los señores ganaderos, porque, principalmente, para lo que más se tumba montaña, es para potrerizar y para meter ganado”. Esto no es una simple percepción del jefe de cartera. Según un informe del Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo), en Colombia la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente para ganadería extensiva, representa el 60 % de la deforestación en el país.
Para hacerle frente a estas redes criminales, el Ministerio de Ambiente se alió con entidades judiciales como la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Además, incluyó a la Agencia Nacional de Tierras y la Fiscalía General de la Nación en el Puesto de Mando Unificado que instaló hace un mes en San José del Guaviare.
En las selvas amazónicas colombianas ya hay una fiscal para derechos humanos y ambiente, Stella Sánchez, cinco fiscales y 100 policías judiciales, solo en Guaviare. Además, en la región ya hay 90 investigaciones por delitos ambientales asociados a la deforestación. Sin embargo, todavía no se ha desmantelado ni una de las redes criminales que todos parecen conocer, pero nadie se atreve a pronunciar con nombre y apellido.