En febrero del año pasado la Corte Constitucional le puso un tatequieto a la minería al prohibir cualquier actividad de extracción en los páramos. Pero, según un reporte de la Contraloría, no se ha acatado esta orden. Especialmente, en los páramos de Santurbán y Miraflores.
De acuerdo con el informe, esta situación provocaría acciones disciplinarias para las autoridades ambientales responsables, como Corponor, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Regional del Alto Magdalena (CAM) y Corpoamazonía.
En el caso de Corponor, la Contraloría asegura que no tomó acciones administrativas efectivas para acatar la decisión de la Corte Constitucional frente al páramo de Santurbán. Así como también advierte que en Miraflores las autoridades regionales aún permiten las actividades mineras de la empresa Emerald Energy.
“La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) no han iniciado las acciones dirigidas a impedir la continuidad de actividades de explotación de hidrocarburos”, indica el estudio.
La Contraloría también insistió que, aunque las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo sostenible han procurado la protección de estos ecosistemas, “no se han adelantado las acciones suficientes, pertinentes y necesarias para asegurar el efecto esperado”.
Otra conclusión del reporte es que el proceso de delimitación de páramos no se está cumpliendo, pues las CAR no elaboran los estudios necesarios para evaluar el estado actual de los páramos ni los planes de manejo ambiental. Incluso el Ministerio de Ambiente “ha sido permisivo frente a estos incumplimientos, motivo por el cual se le atribuyó también un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria”, advirtió la Contraloría.
Los resultados del informe son desesperanzadores. Según el reporte, el 71,48 % de las superficies de ecosistemas de páramo aún no están delimitadas. Y de estas superficies, el 60,45 % corresponde a áreas desprotegidas. Es decir, “no cuentan con ningún instrumento de protección ambiental dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, indica el estudio.
Por Redacción Medio ambiente
