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Este lunes, un juez del Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó (Antioquia) decidió que los 11 campesinos que fueron acusados por la Fiscalía de la comisión de cuatro delitos, en el marco del conflicto socioambiental que se vive ese municipio por las intenciones de explotación minera, enfrenten lo que sigue del proceso en libertad hasta que se emita una sentencia definitiva. La decisión fue considerada un logro por Claudia Serna Cardona, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, quien hizo parte de la bancada de defensa de los campesinos.
El Espectador conversó con ella para saber cómo sigue el proceso.
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¿Cómo resumiría lo que se ha vivido durante este proceso?
Este proceso surge con unas denuncias penales por parte del abogado apoderado general de la minera de cobre Quebradona y de dos personas que tienen predios donde el interés es llevar a cabo unas servidumbres mineras. Fueron tres denuncias que se instauraron desde el año 2022. Este año fuimos llamados a la citación al juzgado de Jericó.
Durante estos dos o tres años, desde que se sucedieron esos primeros hechos hasta que llegamos a estas audiencias preliminares, estuvimos encontrándonos con la minera, los propietarios de los predios y los campesinos, no solo estos 11 sino alrededor de 70 personas que fueron querelladas en dos procesos por los hechos que configuraron delitos de secuestro para la Fiscalía, que fueron también tratados en las querellas policivas, pero a los que no se llegó a ninguna solución en esa instancia y escalaron hasta el proceso penal.
¿Cuáles son los delitos en investigación?
Son tres delitos, dos son generales para todos los procesados, el hurto calificado por un evento de desmonte de una plataforma minera en diciembre de 2023. Y son generales para todos también los hechos de secuestro simple que se les imputaron por nueve eventos que sucedieron entre 2022 y 2023, pero todos en el marco de protestas sociales, como plantones, asambleas permanentes que se vienen realizando desde el año 2022, posterior a que se le archivara la solicitud de licencia ambiental a la AngloGold Ashanti.
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¿Qué decidió el juez este lunes?
La Fiscalía había solicitado una medida privativa de la libertad en domicilio, según ella porque representaban un riesgo para la sociedad y para las víctimas. En la defensa que nosotros hicimos caracterizamos a las personas que hacen parte de veedurías ciudadanas, de organizaciones sociales como la Mesa Ambiental de Jericó y algunos de ellos fungen como presidentes de las Juntas de Acción Comunal o son dignatarios en las asociaciones de los acueductos comunitarios. Quisimos demostrar que, por el contrario, ellos no representan un peligro, puesto que gestionaban todo lo que tiene que ver con el territorio de sus veredas e incluso con el agua que les sirve a las personas que podían estar denunciándolos.
También argumentamos que no eran un peligro para las víctimas porque ellos se encuentran regularmente, incluso son vecinos, y las únicas veces que tienen algún tipo de tensión es en el marco de las actividades de exploración, haciendo énfasis en que todos los hechos se relacionan con acciones de protesta por la defensa del territorio.
Entonces, frente a esa solicitud que hizo la Fiscalía, no logró convencer al juez de que eran personas que requirieran estar privadas de la libertad y el juez les impuso unas medidas de aseguramiento, pero no privativas de la libertad. Estas son de tres tipos. Una es que no pueden salir del país, la otra es que tienen que observar buena conducta y la otra es que tienen que venir a presentarse al juzgado periódicamente, según citación del juzgado.
Para nosotros es un gran logro que no se les haya privado la libertad, porque nuestra mayor preocupación era que, en aras de buscar la protección de unas víctimas y de una sociedad en sentido abstracto, terminaran limitándoles la acción política y la participación social a través de la protesta.
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¿Y qué sigue en el proceso?
Acabamos de terminar las audiencias preliminares, que fueron la imposición de medida de aseguramiento y, antes de esta, la formulación de imputación. Sigue la audiencia de acusación, la preparatoria de juicio y el juicio. Este proceso apenas va a empezar, apenas vamos a tener la oportunidad de, primero, exigir que se concrete de mejor manera la imputación jurídica en la próxima audiencia de acusación y, posteriormente, tendremos posibilidad de conocer todos los elementos materiales con los que la Fiscalía está argumentando que aquí hay hechos de secuestro. Desde nuestro punto de vista, no se configuran ni siquiera unos delitos de secuestro ni de hurto.
Nosotros estamos a la espera de que se nos cite a una audiencia de acusación, conocer todos los elementos y plantear nosotros también los elementos que haremos valer para demostrar que estamos frente a defensores de los territorios y frente a hechos de protesta social contra una multinacional minera que está buscando a toda costa instalarse en este municipio.
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