Minería, latente en la Amazonia

La minería en la Amazonia colombiana va con pasos de gigante. Aunque se creía que la zona escapaba de esta actividad, según información reciente de Catastro y Registro Minero, en la región hay cerca de 140 títulos vigentes que cubren un área aproximada de 100.000 hectáreas (la mayoría dedicada a la extracción de oro y coltán).

La entrada de la minería es tan evidente que en la última Encuesta de Percepción Ciudadana, realizada por Ipsos Napoleón Franco para Amazonas 2030, el 43% de la población encuestada manifestó haberse visto afectada negativamente por la actividad; en 2011 sólo el 13% lo aceptó.

Incluso Marta Carreño, secretaria de Planeación del Vaupés, comenta que “con la famosa locomotora minera se generó toda una expectativa en el departamento y uno nota que cada vez llega más gente detrás de oro y coltán”. De hecho, preocupada, la Gobernación decidió iniciar una investigación con la Universidad Nacional para determinar cuál es el impacto de esta actividad en la región.

El Gobierno, procurando ordenar y controlar las actividades mineras en el suroriente del país, decidió establecer como Área Estratégica Minera un territorio de 17’089.085 hectáreas, que incluye áreas protegidas, resguardos indígenas y zonas de reserva forestal, en donde se han detectado importantes yacimientos de al menos cuatro de los diez minerales estratégicos según el Ministerio de Minas y Energía.

El 15% del territorio continental colombiano, el 35,4% del bioma amazónico, quedaron regidos bajo esa figura, que establece un plazo máximo de diez años para efectuar los procesos de selección y adjudicación de 201 bloques y dando continuidad a las solicitudes vigentes a la fecha de publicación de la Resolución (961 solicitudes en un área de 4,7 millones de hectáreas).

Varias han sido las críticas a esta resolución anunciada durante Río +20. Julio Fierro, geólogo y experto en minería, afirma que “esa salvaguarda parece temporal” y “se está haciendo ordenamiento territorial basado en títulos mineros”. Fierro además se pregunta hasta qué punto, aunque se esté actuando bajo los marcos legales, esta resolución puede considerarse legal: “hay una resolución, pero se estaría pasando por encima de derechos constitucionales relacionados con el ambiente y las comunidades”.

Por su parte, Diana Castellanos, directora de Parques Nacionales Naturales en la región amazónica, considera que la resolución omitió un elemento clave: “el 80% de las 17 millones de hectáreas son resguardos indígenas a quienes nunca se les consultó si estaban de acuerdo o no con las Áreas Estratégicas Mineras”. Lo cierto es que según dice la directora, los efectos de la minería ya se dejan ver en la región: “acaban de levantar la reserva forestal en Taraira (Vaupés) para hacer minería ilegal y con títulos y podemos ver que ya no hay cobertura boscosa”, además en Puerto Inírida, Caquetá y Leticia “hay indicios de que hay mercurio en los peces, pero no hay algo contundente que lo demuestre”.

De otro lado, la incertidumbre sobre el posible impacto de la actividad minera en los ecosistemas amazónicos condujo a la elaboración y publicación por parte del Minambiente de la Resolución 1518 de agosto de 2012 que establece la suspensión de los trámites para la extracción hasta que se lleve a cabo la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal de la Amazonía.

Castellanos cuenta que inicialmente recibieron la noticia con expectativa en la región, pero pese a que muchos de los resguardos están sobre reserva forestal, en la norma no se precisa qué lineamientos se tendrán en cuenta para esos casos. “Hay una reserva forestal ocupada, no está sola, no es un tapiz de árboles quietos y eso hay que discutirlo con las poblaciones en los departamentos, de lo contrario, no va a ser el elemento que va a permitir organizar la región”, argumenta.

En otros aspectos, preocupa la situación en departamentos como Guainía, Putumayo y Vaupés que concentraban en 2010 el 86% de los títulos registrados. Al respecto Marta Carreño dice que “teniendo en cuenta que el departamento tiene una población indígena bastante grande, habría que mirar el impacto que va a generar en la población, ya que son grupos humanos muy pequeños y vulnerables”, y agrega que es fundamental evaluar muy bien hasta dónde se justifica someter estos departamentos a explotación minera.
Según Carreño, la historia de su departamento ha demostrado que las bonanzas en el Vaupés vuelven aún más frágil el tejido social de los indígenas: “hubo una bonanza del caucho, luego llegó la explotación de las pieles y en tiempos recientes la bonanza coquera en Mitú. A partir de esas situaciones tuvimos problemáticas realmente serias que no queremos repetir con la minería”.

Por su parte, Castellanos dice que hay que ir más allá de pensar en qué va a pasar con la minería, “el asunto es reflexionar sobre cuál va a ser la política que va a dirigir el desarrollo de la Amazonia y cómo se van a generar los recursos para esa región, porque, sin duda, tiene que vivir de algo”.

A la pregunta de si la minería es un modelo de desarrollo adecuado para la Amazonia, Fierro responde: “Un no rotundo. La minería no puede ser la receta de desarrollo en una zona que es frágil y que además es estratégica en términos del clima para la humanidad. Significa además el desplazamiento de personas y la remoción de los suelos para llegar al subsuelo. Los efectos son inevitables, muchas veces irreversibles y otras veces perpetuos”.

La minería en la Amazonia colombiana va con pasos de gigante. Aunque se creía que la zona escapaba de esta actividad, según información reciente de Catastro y Registro Minero, en la región hay cerca de 140 títulos vigentes que cubren un área aproximada de 100.000 hectáreas (la mayoría dedicada a la extracción de oro y coltán).

La entrada de la minería es tan evidente que en la última Encuesta de Percepción Ciudadana, realizada por Ipsos Napoleón Franco para Amazonas 2030, el 43% de la población encuestada manifestó haberse visto afectada negativamente por la actividad; en 2011 sólo el 13% lo aceptó.

Incluso Marta Carreño, secretaria de Planeación del Vaupés, comenta que “con la famosa locomotora minera se generó toda una expectativa en el departamento y uno nota que cada vez llega más gente detrás de oro y coltán”. De hecho, preocupada, la Gobernación decidió iniciar una investigación con la Universidad Nacional para determinar cuál es el impacto de esta actividad en la región.

El Gobierno, procurando ordenar y controlar las actividades mineras en el suroriente del país, decidió establecer como Área Estratégica Minera un territorio de 17’089.085 hectáreas, que incluye áreas protegidas, resguardos indígenas y zonas de reserva forestal, en donde se han detectado importantes yacimientos de al menos cuatro de los diez minerales estratégicos según el Ministerio de Minas y Energía.

El 15% del territorio continental colombiano, el 35,4% del bioma amazónico, quedaron regidos bajo esa figura, que establece un plazo máximo de diez años para efectuar los procesos de selección y adjudicación de 201 bloques y dando continuidad a las solicitudes vigentes a la fecha de publicación de la Resolución (961 solicitudes en un área de 4,7 millones de hectáreas).

Varias han sido las críticas a esta resolución anunciada durante Río +20. Julio Fierro, geólogo y experto en minería, afirma que “esa salvaguarda parece temporal” y “se está haciendo ordenamiento territorial basado en títulos mineros”. Fierro además se pregunta hasta qué punto, aunque se esté actuando bajo los marcos legales, esta resolución puede considerarse legal: “hay una resolución, pero se estaría pasando por encima de derechos constitucionales relacionados con el ambiente y las comunidades”.

Por su parte, Diana Castellanos, directora de Parques Nacionales Naturales en la región amazónica, considera que la resolución omitió un elemento clave: “el 80% de las 17 millones de hectáreas son resguardos indígenas a quienes nunca se les consultó si estaban de acuerdo o no con las Áreas Estratégicas Mineras”. Lo cierto es que según dice la directora, los efectos de la minería ya se dejan ver en la región: “acaban de levantar la reserva forestal en Taraira (Vaupés) para hacer minería ilegal y con títulos y podemos ver que ya no hay cobertura boscosa”, además en Puerto Inírida, Caquetá y Leticia “hay indicios de que hay mercurio en los peces, pero no hay algo contundente que lo demuestre”.

De otro lado, la incertidumbre sobre el posible impacto de la actividad minera en los ecosistemas amazónicos condujo a la elaboración y publicación por parte del Minambiente de la Resolución 1518 de agosto de 2012 que establece la suspensión de los trámites para la extracción hasta que se lleve a cabo la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal de la Amazonía.

Castellanos cuenta que inicialmente recibieron la noticia con expectativa en la región, pero pese a que muchos de los resguardos están sobre reserva forestal, en la norma no se precisa qué lineamientos se tendrán en cuenta para esos casos. “Hay una reserva forestal ocupada, no está sola, no es un tapiz de árboles quietos y eso hay que discutirlo con las poblaciones en los departamentos, de lo contrario, no va a ser el elemento que va a permitir organizar la región”, argumenta.

En otros aspectos, preocupa la situación en departamentos como Guainía, Putumayo y Vaupés que concentraban en 2010 el 86% de los títulos registrados. Al respecto Marta Carreño dice que “teniendo en cuenta que el departamento tiene una población indígena bastante grande, habría que mirar el impacto que va a generar en la población, ya que son grupos humanos muy pequeños y vulnerables”, y agrega que es fundamental evaluar muy bien hasta dónde se justifica someter estos departamentos a explotación minera.
Según Carreño, la historia de su departamento ha demostrado que las bonanzas en el Vaupés vuelven aún más frágil el tejido social de los indígenas: “hubo una bonanza del caucho, luego llegó la explotación de las pieles y en tiempos recientes la bonanza coquera en Mitú. A partir de esas situaciones tuvimos problemáticas realmente serias que no queremos repetir con la minería”.

Por su parte, Castellanos dice que hay que ir más allá de pensar en qué va a pasar con la minería, “el asunto es reflexionar sobre cuál va a ser la política que va a dirigir el desarrollo de la Amazonia y cómo se van a generar los recursos para esa región, porque, sin duda, tiene que vivir de algo”.

A la pregunta de si la minería es un modelo de desarrollo adecuado para la Amazonia, Fierro responde: “Un no rotundo. La minería no puede ser la receta de desarrollo en una zona que es frágil y que además es estratégica en términos del clima para la humanidad. Significa además el desplazamiento de personas y la remoción de los suelos para llegar al subsuelo. Los efectos son inevitables, muchas veces irreversibles y otras veces perpetuos”.