Minería, una sombra que no deja en paz a Cajamarca

El 26 de marzo de 2017 Cajamarca llevó a cabo una histórica consulta popular para prohibir la minería. / El Espectador

Foto: OSCAR PEREZ

Hace cuatro años, el 26 de marzo de 2017 a las 4:45 p.m., las personas de Cajamarca (Tolima) estaban recibiendo una noticia que, creyeron, por fin iba a blindar a su municipio de los intereses mineros. Tras un juicioso conteo por parte de la Registraduría, conocieron los resultados de una consulta popular por la que pelearon desde el 2015. Con el 97,92 % de los votos, los ciudadanos le dijeron que no a la pregunta de si estaban de acuerdo con que en el municipio se ejecutaran actividades que implicaran contaminación de aguas o apartadas de la vocación agropecuaria, como lo es la minería.

De este resultado no solo estaban pendientes los cajamarquinos. La iniciativa, que buscaba detener el proyecto La Colosa, de AngloGold Ashanti, también se había convertido en la primera ficha que generó un efecto dominó de consultas contra el extractivismo alrededor de Colombia. Para mediados del 2017, según el Ministerio de Minas, eran 44 los municipios que tenían intención de convocar consultas populares. “Cajamarca tiene conciencia y dignidad. Acá prevalecieron la cultura y la historia ancestral de la comunidad. Nosotros somos agricultores, no mineros. Si tumbamos La Colosa, tumbamos cualquier cosa”, fueron las palabras con las que José Domingo Rodríguez, un campesino de Cajamarca, celebró entonces.

Pero hoy este triunfo se ha convertido en un sinsabor. A pesar de que el 27 de abril de 2017 Cajamarca firmó el Acuerdo Municipal que hace los resultados de la consulta legalmente vinculantes (en otras palabras, los lleva a la práctica), las reglas del juego sobre las consultas y la minería empezaron a cambiar. La sensación de haber blindado al municipio del extractivismo se llenó de poros.

“Tanto las instituciones de acá como el municipio y la autoridad ambiental han dejado claridad de que los resultados de la consulta están vigentes. La discusión es con el Gobierno nacional, que no la ha reconocido”, comenta Róbinson Mejía, líder del Comité Ambiental por la Defensa del Agua. Lo que le preocupa tanto a él como a parte de la comunidad es que AngloGold aún mantiene vigentes tres títulos mineros (aunque se encuentran suspendidos) y que, según los datos que han podido rastrear, la Agencia Nacional Minera (ANM) ha recibido cinco nuevas solicitudes de minería.

Tres de estas han sido pedidas por la canadiense Iamgold Corporation (que comparte una mina en Mali, África, con AngloGold), y las otras dos fueron solicitadas por Morena Minerales SAS y Nacional de Minerales y Metales SAS.

Ante esto, AngloGold afirma que “ninguna consulta popular tiene el efecto de producir la cancelación de los contratos de concesión minera ni la nulidad de los títulos mineros existentes”, razón por la que no ha renunciado a los títulos. “En AngloGold Ashanti estamos concentrados en sacar adelante los proyectos existentes en Antioquia, los cuales están diseñados para convertir la riqueza mineral del territorio en progreso social, económico y ambiental, y revisaremos en un futuro las condiciones jurídicas con relación al proyecto La Colosa”. Recuerdan, además, que no tienen ninguna relación con Iamgold.

Según Mejía, esto no debería estar sucediendo tras el Acuerdo Municipal. “Nosotros tenemos demandados tanto al Gobierno nacional como a AngloGold por no renunciar del todo a los títulos. Además, le hemos pedido a la ANM que deniegue las solicitudes de concesión minera en jurisdicción del municipio de Cajamarca que se encuentran en curso y que se abstenga de tramitar cualquier otra solicitud que llegue a su despacho”.

La ANM, sin embargo, le explicó a El Espectador que, debido a que la Corte Constitucional (sentencia SU 095 de 2019 y SU 411 de 2020) dijo que los municipios no pueden vetar las actividades mineras de manera unilateral, “la ANM no puede declarar la nulidad absoluta del contrato”. Además, dijo que, bajo esta misma lógica, “la Agencia puede seguir adelantando la evaluación de las solicitudes radicadas”.

En cuanto a en qué van las nueva cinco solicitudes mineras en Cajamarca, señaló que cuatro de estas fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos legales, lo que no significa que las empresas no las puedan volver a solicitar. Mientras que para una quinta solicitud se le exige al proponente cumplir con un requisito “una vez otorgado el contrato para poder realizar sus actividades mineras”.

Las reglas del juego que han cambiado

La razón por la que en Cajamarca se afirma que el Acuerdo Municipal es suficiente para sacar a la minería del municipio, mientras que para la ANM hasta el momento no hay nada que lo prohíba, tiene que ver con que las reglas del juego han cambiado mucho en cuatro años.

Aunque son varios los documentos que se han publicado al respecto, Yenny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), menciona dos sentencias que han sido claves para entender el proceso: la T445 de 2016 y la SU 095 de 2018. La esencia de la primera, emitida un año antes de la consulta en Cajamarca, era que los municipios sí tenían la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer esa facultad terminan prohibiendo la minería. Bajo estas reglas del juego fue que Cajamarca impulsó la consulta.

Sin embargo, en el 2018, justo un año después de lo que sucedió en Cajamarca, la Corte de alguna manera se echó para atrás. Dijo que las consultas populares no tienen la capacidad de prohibir la minería en los territorios; razón en la que se escudan ANM y AngloGold. “Pero también señaló que el suelo y los recursos naturales son propiedad del Estado en un sentido amplio, lo que significa que las regiones y los entes territoriales también son propietarios. Identificó que hay un vacío y le ordenó al Gobierno que cree una ley para regularlo”, cuenta Rodríguez.

El año en que se publicó esta sentencia es el punto álgido de la disputa. Para la ANM, este pronunciamiento de la Corte aplica para el caso de Cajamarca así se haya dado un año después de la consulta. Mientras, para un grupo de organizaciones de abogados, entre las que se encuentran AIDA, Podion, Dejusticia, Cosajuca y las Clínicas Jurídicas de las universidades Javeriana, de Antioquia, y Libertadores, la regla solo es válida del 2018 en adelante.

“Con esta coalición buscamos incidir en el litigio que se está adelantando. Aunque hay cuatro demandas contra el Acuerdo Municipal, estamos participando en dos procesos, uno en el Juzgado 2 Administrativo de Ibagué y otro en el Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué respaldando que se prohibió la minería”, señala la abogada de AIDA.

Para Rodrigo Negrete, abogado ambiental, la sentencia del 2018 lo que hizo fue agudizar estos conflictos, por lo que no solucionó nada. “Las consultas populares son de orden constitucional, un derecho fundamental a la participación y al voto, y la Corte cerró esa puerta. Sin embargo, mantuvo vigente las causas del conflicto: los proyectos minero-energéticos”, afirma. “Desde el 2014 —cuando se emitió la sentencia 123 de 2014— todos los títulos debieron suspenderse; carecen de constitucionalidad. Desde ese año se dijo que toda solicitud minera debía involucrar participación de los municipios. No ha pasado”.

Lo cierto es que la ley que ordenó crear la Corte y que ayudaría a resolver estos vacíos, se siente aún lejana. Han pasado tres años y solo existe un proyecto de ley (418) al que, además, le han caído varias críticas por no promover la participación, beneficiar a las empresas e imponer las decisiones en los municipios. Mientras tanto Cajamarca parece seguir gritando las mismas consignas que hace cuatro años: ¡Queremos agua, queremos maíz; AngloGold Ashanti, fuera del país!”.