Este domingo 26 de abril se conoció una denuncia del fotoperiodista Federico Ríos, publicada en el New York Times, sobre la existencia de una explotación de oro, vinculada con el Clan del Golfo, en predios que pertenecen al Ministerio de Defensa.
La explotación en cuestión, denominada La Mandinga, consistía, según cuenta Ríos, en una serie de actividades a cielo abierto en las que decenas de mineros extraían oro de manera ilegal. Esta operación no solo ocurría a pocos metros del Batallón Rifles 31, ubicado en Antioquia, sino que se había adentrado en su perímetro oficial.
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“¿No les preocupaba operar tan cerca de las autoridades? Después de todo, la mina financiaba al tristemente célebre cartel del Clan del Golfo", cuenta Ríos, en su nota en el NYT. “Pero nada de eso”.
A través de imágenes capturadas con drones, se capturó a mineros operando en una zona boscosa, que pertenece a la base, en particular utilizando mangueras de alta como parte de la extracción del material.
Al comentarle esta situación, el comandante de la base, el coronel Daniel Echeverry, negó que esta actividad estuviese ocurriendo. Sin embargo, luego de una visita al sitio, los militares le ordenaron a los mineros retirarse del sitio indicándoles que “esto es propiedad privada del Ministerio de Defensa; nosotros podemos dispararles por estar aquí”.
Posteriormente, algunos militares trajeron bidones de gasolina y prendieron en fuego algunas de las máquinas que operaban en la zona. Por su parte, el comandante de base le indicó a Ríos que aplicaría medidas enérgicas ante este caso.
“Los mineros deben pagar al grupo armado ilegal Clan del Golfo un impuesto por el derecho a explotar La Mandinga. Estaba claro que, en lo que respecta a muchos de ellos, creían que ese derecho se extendía hasta el lugar donde nos encontrábamos, fuera o no propiedad militar”, concluye Ríos, en su artículo publicado en el New York Times.
Al conocerse estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que ordenó una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes.
“No toleraremos ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales, ni admitiremos omisiones en el cumplimiento de nuestro deber institucional de combatir la minería ilegal y los delitos ambientales”, indicó el ministro, a través de su cuenta de X.
Por su parte, el funcionario insistió en que se han reforzado los controles y acciones contra la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías ilícitas que financian la violencia generada por los carteles criminales del EGC–Clan del Golfo, ELN y las disidencias de alias Calarcá y alias Mordisco.
“Este año, hemos intervenido alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilegal. Esto representa un aumento de resultados superior al 40 % en comparación con el año anterior”, indicó el ministro de Defensa, a través de su cuenta de X.
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