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Corpoguajira acaba de hacer pública su decisión de negar la solicitud de licencia ambiental al proyecto minero de Cañaverales, una mina de carbón a cielo abierto que Best Coal Company buscaba abrir en San Juan del Cesar, La Guajira.
La decisión, sostuvo la autoridad ambiental por medio de un comunicado, se tomó “luego de un extenso trámite administrativo que incluyó la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), visitas técnicas de verificación en campo, conceptos de entidades especializadas como el IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Alexander von Humboldt, así como la realización de una Audiencia Pública Ambiental con amplia participación ciudadana”.
La resolución con la que se formalizó la decisión fue emitida el pasado 26 de diciembre y Best Coal Company ya fue notificada, según confirmó la Corporación a este medio.
“De acuerdo con el acto administrativo, el grupo técnico evaluador de Corpoguajira concluyó que el proyecto no es ambientalmente viable, al advertir riesgos significativos sobre los componentes abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia, así como la superposición con determinantes ambientales relevantes del territorio”, explicó la Corporación.
Uno de los argumentos clave es la cercanía que tiene el lugar en el que estaría la explotación minera y la zona de reserva forestal Manantial de Cañaverales, separados por menos de dos kilómetros. Corpoguajira consideró que la extracción de carbón entraría en conflicto con el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del río Ranchería, uno de los afluentes más importantes de La Guajira y que ha sido afectado por la minería en el pasado.
Otro de los puntos centrales de la decisión fue la presencia de la comunidad afro Los Negros de Cañaverales, un Consejo Comunitario que está dentro del área de influencia del proyecto y el único, de nueve que hay en la región, con el que Best Coal Company no completó el proceso de consulta previa por la vía concertada.
“Uno de los aspectos centrales del análisis fue la compleja situación relacionada con la consulta previa a comunidades negras, proceso que ha estado marcado por múltiples actuaciones judiciales, tutelas y órdenes de distintos despachos judiciales, sin que se lograra consolidar un escenario que garantizara plenamente los derechos de participación de las comunidades potencialmente afectadas”, dijo la autoridad ambiental.
Las dudas técnicas sobre la mina de carbón
Tanto el Ideam, como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), dos de los institutos científicos del país, plantearon algunas dudas frente al Estudio de Impacto Ambiental que presentó Best Coal Company. Estos fueron planteados en una audiencia pública realizada durante la primera mitad de 2025 y durante las semanas que siguieron a esta.
El SGC presentó un documento de más de 100 páginas en el que expresó varias preocupaciones sobre los posibles impactos ambientales que podría tener el proyecto. En este aseguraban que la solicitud “contiene serias falencias, incompletitudes e incoherencia en lo que se refiere a los temas ambientales relacionados con las geociencias que se encuentran desarrollados en la línea base ambiental”. Para la entidad, aunque Best Coal Company sostenía que no habría impactos ambientales en las fuentes de agua subterráneas que nutren el Manantial de Cañaverales, no entregaron evidencia que soporte esa afirmación.
Esto fue soportado por el Ideam en un concepto entregado semanas más tarde, en el que afirmaron que “no se tiene claridad del posible efecto del proyecto en los usos y conectividad superficial, con los elementos de caños, el efecto de los canales proyectados y los posibles efectos sobre la intercepción en las zonas de explotación y la conectividad con los drenajes naturales”.
La comunidad de Los Negros de Cañaverales sostuvo que esta fuente de agua es crucial para su sostenibilidad y su cultura, ya que de allí se desprenden tradiciones agrícolas.
“La autoridad ambiental precisó que, aunque el solicitante cumplió formalmente con los requisitos documentales exigidos por el Decreto 1076 de 2015, el análisis integral del EIA y de los insumos técnicos y sociales recopilados no permitió concluir que el proyecto garantizara un manejo ambiental adecuado, ni que los impactos identificados pudieran ser prevenidos, mitigados o compensados de manera suficiente”, concluyó Corpoguajira en su decisión.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
