6 Dec 2015 - 1:45 a. m.

Noruegos, los nuevos padrinos de los bosques colombianos

Colombia se comprometió esta semana a frenar la deforestación de sus selvas.

Pablo Correa, París

Desde los grandes ventanales del Museo del muelle Branly, dedicado a objetos de civilizaciones antiguas, se podía apreciar muy cerca, en todo su esplendor, la Torre Eiffel. Eran las 8:00 a.m. y todavía no aclaraba el día. Los que asistieron al desayuno organizado por el Gobierno colombiano esa mañana, el pasado martes, aprovecharon el escenario para tomarse selfies y fotos en grupo.

En la mesa principal se sentó el presidente Juan Manuel Santos y a su lado Luis Alberto Moreno, del Banco Interamericano de Desarrollo. También estaba James Lovejoy, el científico norteamericano que acuñó el término “diversidad biológica”. Era el único con corbatín. Los demás que completaban el círculo, representantes de los gobiernos de Inglaterra, Alemania y Noruega, todos eligieron corbata.

Los discursos fueron, por fortuna, breves. Y optimistas. Entonces, tras las palabras y un desayuno frugal, llegó el momento definitivo de firmar lo que se venía negociando desde hace casi tres años. Un acuerdo en el que Colombia se compromete a reducir a cero su tasa neta de deforestación en el Amazonas, que en el último año fue de 63.280 hectáreas. A cambio de ese esfuerzo, los tres países europeos aportarán US$100 millones. Hay una condición: sólo pagan si ven resultados.

El entusiasmo hizo que los periodistas cerraran filas antes de tiempo y el presidente Santos quedó detrás de la muralla de cámaras. Luis Alberto Moreno tuvo que llamar la atención para que le abrieran un camino hacia las fotos con las que se divulgaría la noticia.

Gran compromiso

Independiente de lo que ocurra en la Cumbre de Cambio Climático de París esta semana, si los 196 gobiernos se ponen o no de acuerdo en luchar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, puede decirse que los colombianos regresan con su propio plan de lucha. La tala de bosques en el mundo representa un 20% de emisiones de C02. En Colombia esa cifra ronda el 9% de las emisiones nacionales. El trato ha sido bautizado Visión Amazonia.

Pero la apuesta de los noruegos por los bosques de Colombia no termina ahí. También en París, la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, y el presidente Santos firmaron un memorando de entendimiento que debe traducirse en un acuerdo similar al de Amazonas, pero a nivel nacional. Noruega está dispuesta a aportar otros US$200 millones si Colombia extiende su lucha contra la deforestación a todo el país. Esa puede ser una tarea aún más complicada. Es un problema disperso por el Chocó, los Andes, la Costa Caribe. En el último año la deforestación aumentó 16% en todo el país. Y en vísperas de un acuerdo de paz, parte de la estrategia está basada en otorgar títulos de tierras baldías, ampliar la frontera agrícola, entre otras medidas.

“El miedo de todos los que trabajamos en esto es que actuemos demasiado tarde”, explicaría más tarde a El Espectador Per Fredrik Ilsaas, director de la Iniciativa Internacional del Gobierno de Noruega para el Clima y los Bosques y uno de los arquitectos de este pacto. “Los bosques son esenciales para llegar a la meta de los 2°C grados, pero éstos son esenciales para los bosques”.

¿En qué momento los noruegos decidieron salvar los bosques de Colombia? Per Fredrik recuerda que en 2008, en la antesala de la Cumbre de Cambio Climático que tuvo lugar en Copenhague y de la que se esperaba un acuerdo global, el Parlamento noruego discutió su plan de acción frente al problema.

“Hicimos un acuerdo entre todos los partidos políticos. Tanto en lo concerniente a Noruega como al plan de acción internacional. En 2008 la protección de bosques estaba sin fondos y en peligro. Pensamos en crear un mecanismo que sirviera de puente para uno más grande que crearía Naciones Unidas. Eso nunca ocurrió, pero decidimos trabajar por nuestra cuenta hasta 2020”, dice.

Eligieron a países donde sobreviven grandes masas boscosas. Brasil entró en la lista, también Perú, Guyana, Liberia, Etiopía, Congo e Indonesia. El último es Colombia. Una condición era que los gobiernos demostraran voluntad política para luchar contra la deforestación.

“El camino normal del desarrollo es deforestar. Piense en Noruega”, responde el diplomático. “Hace 100 años teníamos bosques. Parte de nuestro desarrollo se debió a una deforestación masiva para establecer agricultura y diversos productos”.

Una tarea nada fácil

Pero el optimismo del acuerdo puede opacar las dificultades que entraña la tarea. “El principal obstáculo para reducir la deforestación reside en la fragilidad de la gestión pública”, responde Alberto Galán, director de Patrimonio Natural, entidad que tendrá a cargo la administración de los recursos.

La Amazonia colombiana, aunque ocupa el 40% del territorio y produce el 1% del PIB, es una región donde proliferaron los cultivos ilícitios y los grupos armados. De acuerdo con una encuesta de la organización Amazonas 2030, más del 60% de los indígenas no conocen entidades u organizaciones que protejan la selva, lo mismo que casi 90% de la población no indígena. Con excepción de Parques Nacionales Naturales y del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y los medios de comunicación, las entidades relacionadas con la gestión ambiental tienen una imagen desfavorable superior a 49%.

Para el hermano del líder político Luis Carlos Galán, el éxito de la batalla contra la deforestación sólo será posible si “los colombianos, desde lo local a lo nacional, en lo público, lo privado y lo comunitario, nos comprometemos a transformar a fondo y de manera perdurable la cultura institucional predominante incluyendo a los actores armados”.

Esa es la misma preocupación de Julia Miranda, directora de Parques Nacionales. Colombia se ha comprometido a realizar una tarea en la parte del territorio nacional donde hasta ahora hay menos gobernabilidad. “Tenemos que lograr que en las áreas rurales y pequeños centros urbanos haya presencia del Estado con todo lo que se requiere: infraestructura, salud, educación, vivienda, vías, bancos, jueces y sistemas productivos rentables”, dice.

Desde ese punto de vista, no se trata sólo de contar árboles en pie, sino bienestar en las comunidades que viven en esos bosques. “Los US$100 millones solos no alcanzan. Ese dinero probablemente alcance para apoyar sistemas productivos rentables para las familias, monitoreo y sistemas de información”, comenta Miranda.

Roberto Gómez, subdirector de desarrollo local e institucional de la Fundación Natura, coincide en que no será un objetivo fácil de lograr “en una región donde la gobernanza sobre los bosques es escasa, la presencia del Estado casi nula y los fenómenos de ilegalidad (como cultivos de uso ilícito, minería ilegal, extracción de maderas) variados y de difícil control”.

Para Gómez también está claro que estos recursos, que equivalen a cuatro veces el presupuesto anual de Parques Nacionales, “son insuficientes para la magnitud de los desafíos que actualmente deben enfrentarse. Sin embargo, es importante considerar este como un paso importante en la dirección correcta, que debe ser reforzado con una estrategia de inversión de recursos nacionales, públicos y privados, que demuestren el verdadero interés del país en la conservación de sus bosques y reduzcan su dependencia de los recursos de cooperación internacional (que en cualquier momento puede cambiar de prioridades)”.

Para Per Fredrik Ilsaas cada país debe crear su propio modelo de lucha contra la deforestación, pero cree que Brasil es un gran modelo a seguir. De la mano de Lula y su ministra de Ambiente, Marina Silva, los brasileños lograron reducir en una década el 75% su tasa de deforestación. Para conseguirlo ampliaron áreas protegidas, invirtieron en tecnologías satelitales para rastrear deforestación en tiempo real, fortalecieron redadas policiales y restringieron el crédito a actividades asociadas con la deforestación como la ganadería.

¿Cómo hacer más transparente la información? ¿Cómo lograr sistemas productivos sostenibles y se acabe la historia de fracasos institucionales en este sentido? ¿Cómo convencer a los ganaderos del Caquetá para que dejen de avanzar sobre la selva? ¿Cómo fortalecer la participación de comunidades indígenas? Y, sobre todo, ¿cómo lograr que el país deje de vivir de espaldas a su principal riqueza: la biodiversidad?

Parece que los colombianos ahora tenemos una gran tarea por delante y poco tiempo para cumplirla.

Deforestación, un mal de 140 mil hectáreas

Aunque el convenio firmado esta semana con Noruega es una gran noticia para el país, lo cierto es que cumplir con ese reto no es una tarea fácil para Colombia. Hace menos de dos semanas el Ideam presentó la tasa de deforestación en 2014 y los resultados prendieron las alarmas: ese año se talaron 140.356 hectáreas (ha), mientras que en 2013 se talaron 120.934 ha.

Y si bien es cierto que la Amazonia presentó una reducción del 8%, en otras regiones ese índice se disparó. El Caribe y el Pacífico son las zonas que más preocupan. En la primera se concentró el 14% de la superficie deforestada (18.903 ha) y en la segunda hubo un aumento de más del 100%: se pasó de 5.028 hectáreas deforestadas en 2013 a 13.855 en 2014.

Municipios en conflicto, con más deforestación

Esta semana, en medio de las noticias de la Cumbre del Clima, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) reveló cuál es la estrecha relación que hay entre la deforestación y el conflicto armado colombiano. Según aseguró esta entidad, el 58% de la tala ocurre en municipios que padecen la guerra.

“De las 5 millones de hectáreas deforestadas en los últimos 25 años, 3 millones están en estos municipios”, reveló Simón Gaviria, director del DNP.

Entre los factores que más han contribuido a que se dispare la tala ilegal en esas zonas, está el cultivo de coca. De hecho, por cada hectárea que se siembre de esta planta, hay que desaparecer 1,7 hectáreas de bosque. Y en Colombia, anualmente, como lo muestra el DNP, se siembran unas 74.687 ha.

Además, en aquellos municipios hay otros puntos que contribuyen a que los índices sean más altos: el 50% de ellos han sido afectados por la minería ilegal y 46% de la sobreutilización de los suelos colombianos se concentra en sus tierras.

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