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29 Sep 2020 - 2:27 p. m.

ONU pide detener operaciones en la mina del Cerrejón

El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medioambiente pidió a Colombia que suspenda, al menos temporalmente, las actividades de la mina de carbón El Cerrejón, ya que daña gravemente el medioambiente y la salud del pueblo indígena Wayúu.
La mina de carbón de Cerrejón es el yacimiento a cielo abierto más grande de América Latina y limita con tierras wayúu.
La mina de carbón de Cerrejón es el yacimiento a cielo abierto más grande de América Latina y limita con tierras wayúu.
Foto: Wikimedia Commons

“Llamo a Colombia a implementar las directrices de su Corte Constitucional y a hacer más para proteger a la vulnerable comunidad Wayúu de la reserva indígena de Provincial contra la contaminación de la mina El Cerrejón y contra la COVID-19”, manifestó David Boyd, quien especificó que durante la pandemia deberían suspenderse las operaciones en el sitio de Tajo Patilla, cerca de la reserva indígena.

Boyd explicó que el hecho de respirar aire contaminado y carecer de acceso a agua potable debido a las actividades mineras incrementa el riesgo de enfermedades para estas personas y que durante la pandemia del coronavirus esta situación puede convertirse en una amenaza mortal.

“La ciencia es clara: las personas que viven en zonas que presentan niveles más altos de contaminación del aire -como la de los alrededores de la mina El Cerrejón-, se enfrentan a un mayor riesgo de muerte prematura por COVID-19”, dijo.

Pese a una resolución judicial emitida el pasado mes de diciembre donde se ordenaba a las autoridades colombianas y a los dueños de la mina mejorar la calidad del aire y disminuir el impacto de la actividad minera en la comunidad, el experto indicó que no se tomaron las medidas suficientes para proteger a los miembros de la comunidad Wayúu en el resguardo indígena de Provincial.

La sentencia dispuso “que la empresa había perjudicado la salud de los residentes de la reserva indígena de Provincial al contaminar el aire, el agua y la vegetación, así como por el ruido y las vibraciones de la minería”.

Debido a la constante actividad minera las 24 horas del día durante toda la semana, y al uso de máquinas pesadas y explosivos, las personas que viven en las cercanías del yacimiento padecen diversas molestias como dolores de cabeza, trastornos respiratorios, tos seca, ardor en los ojos y visión borrosa. Las explosiones provocan temblores en las casas y lanzan partículas de carbón al aire, al agua y al terreno.

La compañía también provoca la contaminación de los recursos acuíferos no sólo al desviar y usar un gran número de arroyos y afluentes, sino también al verter agua contaminada con metales pesados y productos químicos.

En respuesta a esta situación, la empresa transportó agua a los residentes en camiones cisterna. Sin embargo, Boyd indicó que la contaminación acuífera impidió que las comunidades tuvieran acceso a agua limpia desde el inicio. “Esto ha hecho que la comunidad Wayúu dependa en mayor medida de fuentes alternativas de agua, lo que la deja más expuesta al riesgo de COVID-19”, recalcó.

“Es absolutamente vital que Colombia proteja los derechos de los pueblos indígenas a la vida, la salud, el agua, el saneamiento y a un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible, deteniendo la minería cerca de la reserva Provincial hasta que pueda realizarse de forma segura”, concluyó el relator especial.

La empresa minera Cerrejón funciona de manera independiente y pertenece en partes iguales a las filiales de las empresas mineras internacionales BHP, Anglo American y Glencore.

El desvío del arroyo Bruno

Tal vez el episodio más sonado alrededor de la Mina del Cerrejón ha sido el desvío del arroyo Bruno, el más extenso de La Guajira. En noviembre de 2017,la Corte Constitucional falló a favor de cinco indígenas wayúu que radicaron una tutela para la protección del derecho al agua, la identidad, la diversidad étnica y la consulta previa por el desvío del arroyo.

Los accionantes decían que intervenir el arroyo, como estaban haciendo las empresa minera Cerrejón, debía considerarse como lesiva para el medio ambiente porque además de fracturar uno de los ecosistemas más escasos y frágiles del territorio nacional (corredor de bosque tropical seco entre los Montes de Oca y la Sierra Nevada de Santa Marta), podría generar gravísimas alteraciones para la conservación del recurso hídrico y biótico en un contexto de cambio climático y, en consecuencia, amenazar el abastecimiento para las comunidades indígenas y otras poblaciones como los cascos urbanos de Albania y Maicao, que acceden a agua potable mediante carro tanques.

El arroyo Bruno es el más grande de La Guajira, y según esa sentencia, Cerrejón debería detener el desvío de 3.6 kilómetros del arroyo Bruno y tendría que consultarlo con las comunidades aledañas, que suman unas 20.000 personas, en su mayoría indígenas Wayúu.

En julio de este año, la Controlaría reveló un informe de 89 páginas de seguimiento a ese fallo en donde evidencia que la ANLA, el Ministerio de Ambiente y Corpoguajira decidieron no retornar el cauce del arroyo a su forma natural y que la información que sustenta el desvío del arroyo Bruno es superficial y sesgada, y que puede representar un “riesgo moral” dado que los documentos que la soportan son generados por Cerrejón.

Hay otras 13 afectaciones reveladas por la Contraloría. "De manera particular, la Contraloría hace un reparo sobre la falta del respeto a la cultura y espiritualidad del pueblo Wayuu. En su informe reconoce que:… "desconocer los derechos de las comunidades trae consigo una afectación o impacto a su cultura y una subvaloración de la relación espiritual que tiene la comunidad Wayuú, teniendo en cuenta que su interacción con la naturaleza no se da solo por estar al lado del Arroyo, sino que existen interacciones mucho más allá de la distancia; como ellos mismos lo mencionan “el pueblo Wayuú rompería su arraigo y esa comunicación que existe entre los de la montaña y los de abajo”, expone el informe.

Sobre el comunicado de la ONU, Cerrejón emitió un comunicado en donde rechazó la petición de Boyd y dijo está en proceso de enviarle a este organismo un informe sobre afectaciones a la salud. Agregó que ha instalado 16 estaciones de monitoreo de calidad del aire (once en la mina, dos en la línea férrea y tres en Puerto Bolívar) en cumplimiento de las órdenes de la Corte.

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