Operativo militar contra la deforestación en la Amazonia levanta ampolla

El 17 de octubre se llevó a cabo un operativo militar en el Parque Nacional Natural la Paya, en Putumayo, como parte de la Operación Artemisa liderada por la Presidencia de la República y las Fuerzas Militares en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Según las Fuerzas Militares, el operativo respondía a “procesos investigativos adelantados por la Sijin-Dicar” y su objetivo era lograr el “control territorial para la conservación y defensa de esta área protegida”. Por eso, con una orden de allanamiento emitida por la Fiscalía, unidades de la Fuerza Pública se desplegaron en siete puntos del Parque Nacional Natural La Paya. Como resultado, aseguran, lograron “el control de 1.500 hectáreas deforestadas, la captura de ocho sujetos y la destrucción de 16 construcciones rústicas”.

Sin embargo, lo que las Fuerzas Militares presentan como logros, ha sido denunciado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) como una vulneración y desconocimiento de los derechos fundamentales de las familias campesinas allí asentadas. (Le puede interesar: ¿Podrá la 'Operación Artemisa' frenar la deforestación en Colombia?)

“Durante el procedimiento, agentes de la Sijin arribaron en cuatro helicópteros, allanaron varias fincas, quemaron viviendas y enseres y capturaron a campesinas y campesinos integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Triunfo, afectando los derechos fundamentales de tres menores de edad, quienes fueron separados de sus padres en el momento de allanamiento y captura”, asegura en un comunicado la CCJ. “La Comisión Colombiana de Juristas lamenta que el Gobierno nacional insista en impulsar la realización de operativos militares contra el campesinado con ‘acciones para la conservación’”, reiteran.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que un operativo militar en Parques Nacionales Naturales es motivo de controversia. El pasado 25 de abril se llevó a cabo otro operativo en el Parque Nacional Natural Chiribiquete en el que también se presentaron denuncias por el procedimiento militar, el desconocimiento del debido proceso, la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades campesinas (reconocidas como sujeto especial de protección constitucional según la Directiva 007 de junio de 2019 de la Procuraduría General) y donde, a su vez, se denunciaron quemas de viviendas y capturas arbitrarias.

En octubre del año pasado, el operativo en el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, al que llegaron miembros del Ecuadron Móvil Antidisturbios (Esmad) también fue rechazado por asociaciones y líderes campesinos, que salieron a marchar por las calles de San Vicente del Caguán en contra de la violencia y el uso de la fuerza y gases lacrimógenos para el desalojo, asegurando que los grandes deforestadores aún no han sido capturados.

Para la Comisión Colombiana de Juristas, militarizar la conservación no es la respuesta para solucionar los conflictos en áreas protegidas. “Es necesaria una perspectiva de integralidad de derechos, la protección al ambiente y las garantías fundamentales de las comunidades campesinas que habitan estas áreas protegidas”, aseguran.

También insisten en que realizar operativos militares es una decisión contradictoria, teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo séptimo establece la “posibilidad de suscribir acuerdos entre la autoridad de Parques Nacionales Naturales y familias campesinas para dar solución al conflicto socioambiental por el uso, poblamiento y tenencia al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales”. (Puede leer: Ecoturismo, la apuesta para frenar la deforestación en Caquetá)

El problema es más profundo de lo que parece. Los campesinos se mueven entre la línea roja de ser propietarios, colonizadores y deforestadores al vivir en un área protegida en la que, igual, necesitan de la tierra para subsistir. Asimismo, las soluciones planteadas por el gobierno se han propuesto en dos frentes antagónicos. Por un lado, han buscado generar acuerdos de restauración, protección e iniciativas de ecoturismo de la mano de los campesinos, pero por otro, han impulsado operativos militares y judiciales como los mencionados, cuyos principales afectados terminan siendo los mismos pobladores.

Deforestación fuera de control

Más allá del malestar y las críticas que han generado estos operativos, Colombia lleva varios años tratando infructuosamente de detener uno de sus mayores problemas ambientales: la deforestación. De hecho, la semana pasada se conoció el último boletín de detección temprana de deforestación, elaborado por el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). 

Según la institución, de los diez núcleos de deforestación entre enero y marzo del 2019, seis se encuentran en la Amazonía. Esta región, en la que se encuentra el Parque Nacional La Paya,  concentró el 57% de la deforestación del país. (Vea: Amazonía concentró el 56% de la deforestación del país en el primer trimestre de 2019).

Además de los programas del gobierno reunidos bajo la sombrilla de "Visión Amazonía" para atajar la deforestación, el pasado 28 de abril el  operación el presidente Duque lanzó Artemisa con tres propósitos: “El primero, parar lo que he denominado esa hemorragia deforestadora que se ha visto en los últimos años. Dos, que nosotros recuperemos nuestra selva tropical húmeda, nuestros bosques. Y tres, que judicialicemos a los que están detrás de esa cultura devastadora”. (La estrategia militar contra la deforestación arranca en la Orinoquia).

El 17 de octubre se llevó a cabo un operativo militar en el Parque Nacional Natural la Paya, en Putumayo, como parte de la Operación Artemisa liderada por la Presidencia de la República y las Fuerzas Militares en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Según las Fuerzas Militares, el operativo respondía a “procesos investigativos adelantados por la Sijin-Dicar” y su objetivo era lograr el “control territorial para la conservación y defensa de esta área protegida”. Por eso, con una orden de allanamiento emitida por la Fiscalía, unidades de la Fuerza Pública se desplegaron en siete puntos del Parque Nacional Natural La Paya. Como resultado, aseguran, lograron “el control de 1.500 hectáreas deforestadas, la captura de ocho sujetos y la destrucción de 16 construcciones rústicas”.

Sin embargo, lo que las Fuerzas Militares presentan como logros, ha sido denunciado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) como una vulneración y desconocimiento de los derechos fundamentales de las familias campesinas allí asentadas. (Le puede interesar: ¿Podrá la 'Operación Artemisa' frenar la deforestación en Colombia?)

“Durante el procedimiento, agentes de la Sijin arribaron en cuatro helicópteros, allanaron varias fincas, quemaron viviendas y enseres y capturaron a campesinas y campesinos integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Triunfo, afectando los derechos fundamentales de tres menores de edad, quienes fueron separados de sus padres en el momento de allanamiento y captura”, asegura en un comunicado la CCJ. “La Comisión Colombiana de Juristas lamenta que el Gobierno nacional insista en impulsar la realización de operativos militares contra el campesinado con ‘acciones para la conservación’”, reiteran.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que un operativo militar en Parques Nacionales Naturales es motivo de controversia. El pasado 25 de abril se llevó a cabo otro operativo en el Parque Nacional Natural Chiribiquete en el que también se presentaron denuncias por el procedimiento militar, el desconocimiento del debido proceso, la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades campesinas (reconocidas como sujeto especial de protección constitucional según la Directiva 007 de junio de 2019 de la Procuraduría General) y donde, a su vez, se denunciaron quemas de viviendas y capturas arbitrarias.

En octubre del año pasado, el operativo en el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, al que llegaron miembros del Ecuadron Móvil Antidisturbios (Esmad) también fue rechazado por asociaciones y líderes campesinos, que salieron a marchar por las calles de San Vicente del Caguán en contra de la violencia y el uso de la fuerza y gases lacrimógenos para el desalojo, asegurando que los grandes deforestadores aún no han sido capturados.

Para la Comisión Colombiana de Juristas, militarizar la conservación no es la respuesta para solucionar los conflictos en áreas protegidas. “Es necesaria una perspectiva de integralidad de derechos, la protección al ambiente y las garantías fundamentales de las comunidades campesinas que habitan estas áreas protegidas”, aseguran.

También insisten en que realizar operativos militares es una decisión contradictoria, teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo séptimo establece la “posibilidad de suscribir acuerdos entre la autoridad de Parques Nacionales Naturales y familias campesinas para dar solución al conflicto socioambiental por el uso, poblamiento y tenencia al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales”. (Puede leer: Ecoturismo, la apuesta para frenar la deforestación en Caquetá)

El problema es más profundo de lo que parece. Los campesinos se mueven entre la línea roja de ser propietarios, colonizadores y deforestadores al vivir en un área protegida en la que, igual, necesitan de la tierra para subsistir. Asimismo, las soluciones planteadas por el gobierno se han propuesto en dos frentes antagónicos. Por un lado, han buscado generar acuerdos de restauración, protección e iniciativas de ecoturismo de la mano de los campesinos, pero por otro, han impulsado operativos militares y judiciales como los mencionados, cuyos principales afectados terminan siendo los mismos pobladores.

Deforestación fuera de control

Más allá del malestar y las críticas que han generado estos operativos, Colombia lleva varios años tratando infructuosamente de detener uno de sus mayores problemas ambientales: la deforestación. De hecho, la semana pasada se conoció el último boletín de detección temprana de deforestación, elaborado por el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). 

Según la institución, de los diez núcleos de deforestación entre enero y marzo del 2019, seis se encuentran en la Amazonía. Esta región, en la que se encuentra el Parque Nacional La Paya,  concentró el 57% de la deforestación del país. (Vea: Amazonía concentró el 56% de la deforestación del país en el primer trimestre de 2019).

Además de los programas del gobierno reunidos bajo la sombrilla de "Visión Amazonía" para atajar la deforestación, el pasado 28 de abril el  operación el presidente Duque lanzó Artemisa con tres propósitos: “El primero, parar lo que he denominado esa hemorragia deforestadora que se ha visto en los últimos años. Dos, que nosotros recuperemos nuestra selva tropical húmeda, nuestros bosques. Y tres, que judicialicemos a los que están detrás de esa cultura devastadora”. (La estrategia militar contra la deforestación arranca en la Orinoquia).