¿Pagar $9.000 por recolectar una mariposa?

Si se hace un recorrido rápido sobre la investigación científica en Colombia, la queja casi siempre ha sido la misma: en el segundo país más biodiverso del mundo son muchas las trabas que se les ponen a los investigadores para que puedan estudiar el material biológico. Sin embargo, en 2013 el panorama empezó a cambiar. Con la firma de un decreto que reglamentó la recolección científica de especímenes con fines de investigación no comercial, en el cual se otorgaron permisos a centros de investigación hasta por diez años, los estudiosos empezaron a sentir que se les estaba facilitando hacer su trabajo.

Ahora, dos años después, el Ministerio de Ambiente presentó un proyecto de decreto y dos proyectos de resolución para reglamentar uno cobro para compensar la caza de fauna silvestre. Propuesta que muchos biólogos creen que podría desestimular la investigación de la biodiversidad en el país, pues, según explica el documento, por cada espécimen recolectado la persona deberá pagar una suma que variaría dependiendo del tipo de caza, el grupo trófico del animal, el coeficiente biótico (que entre otras cosas implica el estado de conservación de la especie) y el coeficiente de valoración (relativo al valor intrínseco de la especie).

La inconformidad del gremio ante la propuesta parte de la idea de que se equipare la recolección científica con cualquier otro tipo de caza, pues la utilización de animales o especímenes para la investigación científica no siempre genera pérdidas que deben ser compensadas.

“A diferencia de los minerales, en una población natural los individuos se reproducen y mueren, por lo cual hay renovación constante”, afirma el profesor F. Gary Stiles en su artículo titulado “¿A quién se le ocurre cobrar por la recolección científica?”, publicado recientemente por la agencia de noticias de la Universidad Nacional. “El tamaño de cualquier población natural varía de un año a otro. Incluso, la tasa de nacimiento, generalmente, es más que suficiente para mantener números estables... por esto, la ‘afectación’ es mínima o nula y la ‘compensación’ ocurre naturalmente”, agrega el ornitólogo.

La opinión de Dimitri Forero, coordinador de Colecciones Biológicas de la Universidad Javeriana, es parecida. “Lo que hacemos no es caza, estamos tratando de investigar la biodiversidad de un país. Entonces, cuando un investigador tiene un permiso de recolección de especímenes biológicos, contemplado por la ley, no se le debería pedir esa compensación”, explicó el entomólogo a El Espectador.

Aunque en el proyecto la tasa de compensación a pagar cambia según la especie del animal, es mayor para los animales de gran porte que para los pequeños, se cobra más por un omnívoro que por un detritívoro, la tasa mínima de ese monto quedaría establecida en $9.000 por espécimen o número de muestras, cuando el tamaño de la especie es menor a 1 cm y el método de muestreo no es selectivo. Una cifra que, según los investigadores, actuaría como una especie de “multa” y terminaría por desincentivar esta práctica, que, de por sí, suele tener bajos presupuestos.

“El dinero que se estaría recaudando va para mantener la misma especie que se está estudiando o, incluso, en investigaciones”, respondió a este diario Mauricio Mira, director de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente, quien participó en la elaboración del proyecto. “Además se propone el 90% de descuento para los especímenes de recolección científica”, agregó.

Pero para Diana Carolina Guzmán, presidenta de la Asociación Primatológica Colombiana, la propuesta del proyecto de decreto tiene dos inconvenientes más. Está inspirada en el problema que tuvo el doctor Manuel Elkin Patarroyo con los micos nocturnos, y los montos que propone, aunque alcanzan a afectar los cortos presupuestos de la investigación, son mínimos para desmotivar otras cazas, como la deportiva o la comercial. “No se pueden juntar dos usos de la fauna en un mismo proyecto. No es lo mismo recolectar ranas para estudiarlas, sin matarlas, que hacer pruebas sobre monos. No todo se puede poner en la misma bolsa de lo que hace Patarroyo”, afirmó la investigadora.

Ante esto, María Claudia García, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y quien asesoró la parte técnica del documento, asegura que el problema es que los científicos están entendiendo mal el decreto. Según García, este no está regulando la investigación científica sino la tasa de compensación por la caza en general, que incluye la caza científica.

Sin embargo, el Ministerio dice que aún está analizando los comentarios que fueron enviados durante el proceso de consulta pública y buscará que la redacción del decreto sea más clara para evitar una confusión.

Lo bueno, parecen acordar ambas partes, es que aún nada está firmado. “Como gremio de investigadores en el área de biodiversidad luchamos por más de 20 años para que la legislación nos facilitara el trabajo. Somos optimistas respecto a los cambios que se vayan a hacer al decreto”, concluyó Forero, coordinador de Colecciones Biológicas de la Universidad Javeriana.

mmonsalve@elespectador.com

Si se hace un recorrido rápido sobre la investigación científica en Colombia, la queja casi siempre ha sido la misma: en el segundo país más biodiverso del mundo son muchas las trabas que se les ponen a los investigadores para que puedan estudiar el material biológico. Sin embargo, en 2013 el panorama empezó a cambiar. Con la firma de un decreto que reglamentó la recolección científica de especímenes con fines de investigación no comercial, en el cual se otorgaron permisos a centros de investigación hasta por diez años, los estudiosos empezaron a sentir que se les estaba facilitando hacer su trabajo.

Ahora, dos años después, el Ministerio de Ambiente presentó un proyecto de decreto y dos proyectos de resolución para reglamentar uno cobro para compensar la caza de fauna silvestre. Propuesta que muchos biólogos creen que podría desestimular la investigación de la biodiversidad en el país, pues, según explica el documento, por cada espécimen recolectado la persona deberá pagar una suma que variaría dependiendo del tipo de caza, el grupo trófico del animal, el coeficiente biótico (que entre otras cosas implica el estado de conservación de la especie) y el coeficiente de valoración (relativo al valor intrínseco de la especie).

La inconformidad del gremio ante la propuesta parte de la idea de que se equipare la recolección científica con cualquier otro tipo de caza, pues la utilización de animales o especímenes para la investigación científica no siempre genera pérdidas que deben ser compensadas.

“A diferencia de los minerales, en una población natural los individuos se reproducen y mueren, por lo cual hay renovación constante”, afirma el profesor F. Gary Stiles en su artículo titulado “¿A quién se le ocurre cobrar por la recolección científica?”, publicado recientemente por la agencia de noticias de la Universidad Nacional. “El tamaño de cualquier población natural varía de un año a otro. Incluso, la tasa de nacimiento, generalmente, es más que suficiente para mantener números estables... por esto, la ‘afectación’ es mínima o nula y la ‘compensación’ ocurre naturalmente”, agrega el ornitólogo.

La opinión de Dimitri Forero, coordinador de Colecciones Biológicas de la Universidad Javeriana, es parecida. “Lo que hacemos no es caza, estamos tratando de investigar la biodiversidad de un país. Entonces, cuando un investigador tiene un permiso de recolección de especímenes biológicos, contemplado por la ley, no se le debería pedir esa compensación”, explicó el entomólogo a El Espectador.

Aunque en el proyecto la tasa de compensación a pagar cambia según la especie del animal, es mayor para los animales de gran porte que para los pequeños, se cobra más por un omnívoro que por un detritívoro, la tasa mínima de ese monto quedaría establecida en $9.000 por espécimen o número de muestras, cuando el tamaño de la especie es menor a 1 cm y el método de muestreo no es selectivo. Una cifra que, según los investigadores, actuaría como una especie de “multa” y terminaría por desincentivar esta práctica, que, de por sí, suele tener bajos presupuestos.

“El dinero que se estaría recaudando va para mantener la misma especie que se está estudiando o, incluso, en investigaciones”, respondió a este diario Mauricio Mira, director de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente, quien participó en la elaboración del proyecto. “Además se propone el 90% de descuento para los especímenes de recolección científica”, agregó.

Pero para Diana Carolina Guzmán, presidenta de la Asociación Primatológica Colombiana, la propuesta del proyecto de decreto tiene dos inconvenientes más. Está inspirada en el problema que tuvo el doctor Manuel Elkin Patarroyo con los micos nocturnos, y los montos que propone, aunque alcanzan a afectar los cortos presupuestos de la investigación, son mínimos para desmotivar otras cazas, como la deportiva o la comercial. “No se pueden juntar dos usos de la fauna en un mismo proyecto. No es lo mismo recolectar ranas para estudiarlas, sin matarlas, que hacer pruebas sobre monos. No todo se puede poner en la misma bolsa de lo que hace Patarroyo”, afirmó la investigadora.

Ante esto, María Claudia García, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y quien asesoró la parte técnica del documento, asegura que el problema es que los científicos están entendiendo mal el decreto. Según García, este no está regulando la investigación científica sino la tasa de compensación por la caza en general, que incluye la caza científica.

Sin embargo, el Ministerio dice que aún está analizando los comentarios que fueron enviados durante el proceso de consulta pública y buscará que la redacción del decreto sea más clara para evitar una confusión.

Lo bueno, parecen acordar ambas partes, es que aún nada está firmado. “Como gremio de investigadores en el área de biodiversidad luchamos por más de 20 años para que la legislación nos facilitara el trabajo. Somos optimistas respecto a los cambios que se vayan a hacer al decreto”, concluyó Forero, coordinador de Colecciones Biológicas de la Universidad Javeriana.

mmonsalve@elespectador.com