Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A inicios de octubre, en Turbaco, Bolívar, se inauguró el que promete ser el parque solar flotante más grande de Colombia hasta el momento. Al evento, que se realizó junto al embalse de la Zona Franca Parque Central, asistió Yamil Arana Padauí, gobernador del departamento, quien aseguró que esta planta es un “hito de sostenibilidad, innovación y desarrollo tecnológico”.
YurbaQua, como se conoce al parque solar flotante de Turbaco, apenas tiene terminada su primera etapa, compuesta por 2.300 paneles fotovoltaicos y con una capacidad de producir 1,4 megavatios de energía, suficiente para abastecer a unos 1.000 hogares. La idea es que el proyecto alcance el doble de capacidad: 5.000 paneles y 2,8 MW de generación de energía. No es la primera vez que esto pasa en Colombia. En junio de 2023, en la represa de Urrá, en Córdoba, se inauguró un proyecto con características similares: paneles solares flotantes sobre un embalse artificial. También está ocurriendo en países como China, Indonesia, España y Singapur.
Aunque parece ser una buena idea, por la reducción de emisiones contaminantes y el uso eficiente del espacio para producir más energía, hay varias consideraciones ambientales que no se han puesto sobre la mesa en Colombia: no existen normas claras sobre cómo construir parques solares flotantes ni cómo deben compensarse los impactos que estos tendrían. Además, la normativa del país tampoco ha aclarado cuáles son los usos que puede dársele a humedales artificiales, como los embalses, para evitar degradarlos.
Más allá de la superficie
Hay una diferencia fundamental entre los proyectos de Córdoba y Bolívar. El de la represa de Urrá cuenta con 3.200 paneles solares que no ocupan más de 10.000 metros cuadrados (m²) de la superficie del embalse, que tiene un área total de 7.900 hectáreas (79 millones de m²). El de Parque Central, en cambio, planea tener 5.000 paneles que ocuparían de 18.000 m², en un embalse que tiene un área de 53.000 m².
¿Por qué es importante esta consideración? Lo primero que recuerda Sandra Vilardy, exviceministra de Ambiente y PhD en Ecología, es que “los embalses son humedales, aunque sean artificiales”. Así lo reconoce la convención Ramsar y la Ley 357 de 1997, en donde se establece que “los humedales naturales y los humedales artificiales son elementos fundamentales para generar una serie de funciones ecológicas y servicios ecosistémicos”, añade Vilardy.
Para José María Castillo, PhD en Estudios Ambientales y Rurales y docente del Departamento de Ecología y Territorio de la Universidad Javeriana, hay, al menos, dos elementos necesarios “para que el ecosistema de un embalse se mantenga en condiciones adecuadas: la presencia de oxígeno en el agua y la transferencia de oxígeno del ambiente externo al agua”. Para ambos procesos, advierte, se necesita que la radiación solar penetre la superficie, permitiendo que las algas y microalgas que se encuentran dentro del humedal hagan fotosíntesis. De acuerdo con el investigador, “si eso no ocurre, se pierde parte de la vida que hay en el ecosistema y se deteriora la calidad del agua”.
En España, en donde se ha vuelto común utilizar la superficie del agua como una base para producir más energía solar, emitieron un decreto con los lineamientos que deben seguir ese tipo de proyectos, como no cubrir más del 15 % de la superficie del agua. Además, para autorizar la instalación, los proyectos deben presentar un estudio en el que analicen los impactos que tendría la planta en el embalse en aspectos como “la propagación de especies invasoras, la biodiversidad, el paisaje, así como, la posible afección a otros usos del dominio público hidráulico del embalse”, según el documento.
Aunque la normatividad de ese país puede servir como un referente, “hay que tener en cuenta que los embalses en zonas tropicales son muy diferentes a los de las zonas templadas o secas, como España”, advierte Úrsula Jaramillo, investigadora del Instituto Javeriano del Agua, donde adelanta su doctorado. Los efectos de construir una planta solar flotante en un humedal cambian dependiendo de factores como la extensión o la profundidad de este. También de las condiciones externas. Por eso, explica Jaramillo, es necesario hacer estudios específicos que permitan medir en cuánto se disminuye la entrada de luz y cómo esto puede afectar al ecosistema y los servicios que presta.
Desde El Espectador intentamos obtener una entrevista con Zona Franca Parque Central y con la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, que es la autoridad ambiental de Turbaco, para conocer si alguno de estos aspectos se tuvo en cuenta a la hora de instalar los paneles solares, que ocuparían más del 30 % del embalse cuando el proyecto esté terminado. Después de tres semanas de espera, no fue posible obtener la entrevista con ninguna de las dos.
¿Energía limpia?
La seccional Bolívar de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que también estuvo presente en la inauguración de la planta solar flotante en Turbaco, explicó en sus redes sociales que el proyecto “evitará más de 23.000 toneladas de dióxido de carbono”, uno de los gases contaminantes que contribuye al cambio climático. Esto es algo que también afirma Zona Franca Parque Central en su página web.
Frente a esto, Jaramillo recuerda que “todas las formas de producir energía tienen un impacto ambiental, unas más que otras. En este caso, sería valioso preguntarles cómo se hace el cálculo de reducción de emisiones. Es valioso que la energía se utilice para alimentar una zona industrial, pero si no tenemos una comparación con respecto a la cual se mida la reducción de emisiones, no es claro cómo beneficia ambientalmente el proyecto”.
Las emisiones contaminantes también son claves a la hora de evaluar el impacto en el ecosistema acuático. Como explica Castillo, cuando se generan condiciones de ausencia de oxígeno bajo el agua, “se pierde parte importante de la vida que hay allí y eso genera emisiones de metano, que pueden tener un mayor impacto que las de dióxido de carbono”. En ese caso, añade, no se podría hablar de un proyecto sin emisiones contaminantes.
Además de coincidir en que se requieren estudios y una normativa clara para hacer este tipo de proyectos, Vilardy apunta que “todos estos pilotos deberían tener un acompañamiento de las autoridades ambientales del país”, con el fin de verificar que estén alineados con las prioridades de mitigación y adaptación al cambio climático que requiere una región como el Caribe.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
Por Andrés Mauricio Díaz Páez
