Pedirán suspensión de licencias a petroleras en el Putumayo

El pasado 15 de junio el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón al cabildo indígena nasa Kwima Tewe’sx. La comunidad había impuesto una acción de tutela denunciando que no había sido tenida en cuenta en la llegada de la petrolera Gran Tierra Energy Colombia a su territorio, así que los jueces ordenaron que las obras adelantadas del proyecto Sísmico Put 10 2D fueran detenidas “inmediatamente”, aunque ya se hubieran construido campamentos, helipuertos y áreas de descarga. La reactivación de las operaciones, ordenaron los jueces, “quedará sujeta a la condición de que se lleve el trámite de consulta previa”.

Las reiteradas denuncias hechas por los pueblos indígenas nasas sobre afectaciones sociales y ambientales ligadas a la extracción de petróleo en Puerto Asís, Villagarzón, Orito, Puerto Caicedo y Jardines de Sucumbíos, en Putumayo, llevaron a un grupo de congresistas a convocar para este sábado una audiencia pública en el aula máxima del colegio San Francisco de Asís, en la capital de ese departamento, donde escucharán los reclamos de los líderes comunitarios.

Además, los congresistas les pedirán a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la suspensión inmediata de los contratos de concesión petrolera en curso, así como la celebración de nuevos contratos y el otorgamiento de nuevas licencias ambientales en el departamento del Putumayo, hasta que se verifique el cumplimiento de todas las recomendaciones y compensaciones y la reparación de todos los daños ambientales causados por todos los proyectos en curso a la fecha.

Ángela María Robledo y Óscar Ospina, del Partido Verde; Iván Cepeda, Víctor Correa y Alirio Uribe Muñoz, del Polo Democrático, aseguran que tienen denuncias que implican a firmas como Amerisur Exploración Colombia Ltda., Consorcio Colombia Energy —operado por Vetra—, Gran Tierra Energy, Ecopetrol y Pacific Rubiales.

Uno de los problemas más reiterados es la falta de reconocimiento por parte de los funcionarios públicos de la presencia de indígenas en los territorios que luego son concesionados por la ANH a las compañías.

En el caso de Gran Tierra Energy y el cabildo Kwima Tewe’sx, la compañía contaba con informes en los que el Ministerio del Interior indicaban que las actividades de la petrolera estaban proyectadas en áreas donde no había pueblos indígenas, algo que también ha ocurrido con las concesiones otorgadas a la empresa Vetra.

Sin embargo los nativos comprobaron que el proyecto traslapa el territorio ancestral del asentamiento nasa Cxha Cxha, conformado por indígenas que llegaron a la zona en 1975. De igual forma el Mininterior le había advertido a la empresa que si se encontraba con indígenas mientras realizaba actividades tendría que reportarlo.

A esto se suma la falta de celeridad de instituciones como el Incoder, que ha sido objeto de críticas por parte de las comunidades. Los indígenas de esta zona llevan 15 años solicitando su constitución como resguardo, y a la fecha no se ha concluido ese proceso.

Otras de las denuncias tienen que ver con la presencia de actividades de exploración y explotación de petróleo sobre áreas protegidas y zonas de protección ecológica especial, como la Zona de Reserva Forestal Alto Orito y la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Bajo Cuembí-Comandante, que se ubica en el corregimiento de la Perla Amazónica y en la que se encuentran compañías como Amerisur, Vetra y el consorcio Colombia Energy.

Partiendo de esta realidad, el grupo de congresistas le pedirá al Incoder que termine los procesos de titulación dentro de la zona de reserva campesina y gestione la formulación de un plan de manejo ambiental que respete la vocación del suelo, incluya el desarrollo de renglones productivos, la participación comunitaria y la defensa ambiental. Además le insistirá para que inicie o culmine los proceso pendientes de saneamiento, ampliación o reestructuración de resguardos indígenas.

Consultada al respecto, Ecopetrol aseguró que los bloques en Putumayo le fueron asignados “hace muchos años cumpliendo toda la legislación. Son bloques en producción. No hay razón para suspender. La consulta se hace antes de iniciar la etapa de producción. Quizás las denuncias hacen referencia a bloques en exploración de otras empresas. La producción de Ecopetrol en Putumayo es de unos 9.000 barriles por día, que es el 1,1% de nuestra producción”.

Tomás González, ministro de Minas y Energía, le dijo a El Espectador que no está enterado de la reunión de este fin de semana en Puerto Asís, “pero le puedo responder que los contratos de concesión petrolera que hay en Putumayo, incluidos los permisos ambientales, locales y nacionales, son legales. No puede haber duda sobre la legalidad de las concesiones por una razón sencilla y es que es un desarrollo que necesitan Colombia y el departamento. En épocas en que queremos hacer inversión social necesitamos un sector petrolero fuerte, no uno débil”, aseguró.

El pasado 15 de junio el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón al cabildo indígena nasa Kwima Tewe’sx. La comunidad había impuesto una acción de tutela denunciando que no había sido tenida en cuenta en la llegada de la petrolera Gran Tierra Energy Colombia a su territorio, así que los jueces ordenaron que las obras adelantadas del proyecto Sísmico Put 10 2D fueran detenidas “inmediatamente”, aunque ya se hubieran construido campamentos, helipuertos y áreas de descarga. La reactivación de las operaciones, ordenaron los jueces, “quedará sujeta a la condición de que se lleve el trámite de consulta previa”.

Las reiteradas denuncias hechas por los pueblos indígenas nasas sobre afectaciones sociales y ambientales ligadas a la extracción de petróleo en Puerto Asís, Villagarzón, Orito, Puerto Caicedo y Jardines de Sucumbíos, en Putumayo, llevaron a un grupo de congresistas a convocar para este sábado una audiencia pública en el aula máxima del colegio San Francisco de Asís, en la capital de ese departamento, donde escucharán los reclamos de los líderes comunitarios.

Además, los congresistas les pedirán a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la suspensión inmediata de los contratos de concesión petrolera en curso, así como la celebración de nuevos contratos y el otorgamiento de nuevas licencias ambientales en el departamento del Putumayo, hasta que se verifique el cumplimiento de todas las recomendaciones y compensaciones y la reparación de todos los daños ambientales causados por todos los proyectos en curso a la fecha.

Ángela María Robledo y Óscar Ospina, del Partido Verde; Iván Cepeda, Víctor Correa y Alirio Uribe Muñoz, del Polo Democrático, aseguran que tienen denuncias que implican a firmas como Amerisur Exploración Colombia Ltda., Consorcio Colombia Energy —operado por Vetra—, Gran Tierra Energy, Ecopetrol y Pacific Rubiales.

Uno de los problemas más reiterados es la falta de reconocimiento por parte de los funcionarios públicos de la presencia de indígenas en los territorios que luego son concesionados por la ANH a las compañías.

En el caso de Gran Tierra Energy y el cabildo Kwima Tewe’sx, la compañía contaba con informes en los que el Ministerio del Interior indicaban que las actividades de la petrolera estaban proyectadas en áreas donde no había pueblos indígenas, algo que también ha ocurrido con las concesiones otorgadas a la empresa Vetra.

Sin embargo los nativos comprobaron que el proyecto traslapa el territorio ancestral del asentamiento nasa Cxha Cxha, conformado por indígenas que llegaron a la zona en 1975. De igual forma el Mininterior le había advertido a la empresa que si se encontraba con indígenas mientras realizaba actividades tendría que reportarlo.

A esto se suma la falta de celeridad de instituciones como el Incoder, que ha sido objeto de críticas por parte de las comunidades. Los indígenas de esta zona llevan 15 años solicitando su constitución como resguardo, y a la fecha no se ha concluido ese proceso.

Otras de las denuncias tienen que ver con la presencia de actividades de exploración y explotación de petróleo sobre áreas protegidas y zonas de protección ecológica especial, como la Zona de Reserva Forestal Alto Orito y la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Bajo Cuembí-Comandante, que se ubica en el corregimiento de la Perla Amazónica y en la que se encuentran compañías como Amerisur, Vetra y el consorcio Colombia Energy.

Partiendo de esta realidad, el grupo de congresistas le pedirá al Incoder que termine los procesos de titulación dentro de la zona de reserva campesina y gestione la formulación de un plan de manejo ambiental que respete la vocación del suelo, incluya el desarrollo de renglones productivos, la participación comunitaria y la defensa ambiental. Además le insistirá para que inicie o culmine los proceso pendientes de saneamiento, ampliación o reestructuración de resguardos indígenas.

Consultada al respecto, Ecopetrol aseguró que los bloques en Putumayo le fueron asignados “hace muchos años cumpliendo toda la legislación. Son bloques en producción. No hay razón para suspender. La consulta se hace antes de iniciar la etapa de producción. Quizás las denuncias hacen referencia a bloques en exploración de otras empresas. La producción de Ecopetrol en Putumayo es de unos 9.000 barriles por día, que es el 1,1% de nuestra producción”.

Tomás González, ministro de Minas y Energía, le dijo a El Espectador que no está enterado de la reunión de este fin de semana en Puerto Asís, “pero le puedo responder que los contratos de concesión petrolera que hay en Putumayo, incluidos los permisos ambientales, locales y nacionales, son legales. No puede haber duda sobre la legalidad de las concesiones por una razón sencilla y es que es un desarrollo que necesitan Colombia y el departamento. En épocas en que queremos hacer inversión social necesitamos un sector petrolero fuerte, no uno débil”, aseguró.