Polémica por definir quién va a estudiar la minería

“Los abajo firmantes —ciudadanos, integrantes de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y universidades públicas y privadas— acudimos a ustedes a fin de expresar la preocupación que nos asiste por la manera como el Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desconoce el alcance de lo ordenado por ese Honorable Tribunal en la Sentencia T-445 de 2016”.

Así comienza la carta firmada por más de 100 personas que fue radicada ante la Corte Constitucional luego de que el Ministerio de Ambiente fijara los criterios para definir quiénes serán los encargados de estudiar los impactos de la minería en los ecosistemas del territorio colombiano. La idea de llevar a cabo una gran evaluación de los efectos que la minería ha tenido en las últimas dos décadas en el país fue una de las exigencias de los magistrados al Gobierno en 2016.

“A nuestro juicio los criterios para la convocatoria y escogencia del grupo de expertos son confusos y muestran un sesgo centralista y academicista que excluye a actores con idoneidad y experticia en el tema que se pretende investigar”, anotaron los autores de la carta. Se refieren a la exigencia de títulos de posgrado y mínimo dos publicaciones en revistas nacionales o internacionales, cuando existen personas que han trabajado en estos temas por décadas aunque no cumplen esos criterios.

Algo similar ocurre con los criterios para los expertos tradicionales y locales. “Se restringe la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos que habitan el territorio, y que no necesariamente tienen contacto con el ámbito académico”, señalaron.

Pero uno de los puntos que más preocupan a los firmantes de la carta, encabezados por el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra y el exministro de Minas y Energía Jorge Eduardo Cock, es que estos y otros criterios podrían dejar por fuera a grupos de interés marginados “que no tienen cómo asumir el pago de expertos que defiendan el interés general, y por el contrario propiciarían la inclusión de muchas personas con el respaldo de empresas extractivas”.

De acuerdo con el cronograma de Minambiente para llevar a cabo esta gran evaluación de la minería, el 1º de septiembre se conocerían los nombres de los grupos de expertos elegidos para l tarea.

“Los abajo firmantes —ciudadanos, integrantes de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y universidades públicas y privadas— acudimos a ustedes a fin de expresar la preocupación que nos asiste por la manera como el Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desconoce el alcance de lo ordenado por ese Honorable Tribunal en la Sentencia T-445 de 2016”.

Así comienza la carta firmada por más de 100 personas que fue radicada ante la Corte Constitucional luego de que el Ministerio de Ambiente fijara los criterios para definir quiénes serán los encargados de estudiar los impactos de la minería en los ecosistemas del territorio colombiano. La idea de llevar a cabo una gran evaluación de los efectos que la minería ha tenido en las últimas dos décadas en el país fue una de las exigencias de los magistrados al Gobierno en 2016.

“A nuestro juicio los criterios para la convocatoria y escogencia del grupo de expertos son confusos y muestran un sesgo centralista y academicista que excluye a actores con idoneidad y experticia en el tema que se pretende investigar”, anotaron los autores de la carta. Se refieren a la exigencia de títulos de posgrado y mínimo dos publicaciones en revistas nacionales o internacionales, cuando existen personas que han trabajado en estos temas por décadas aunque no cumplen esos criterios.

Algo similar ocurre con los criterios para los expertos tradicionales y locales. “Se restringe la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos que habitan el territorio, y que no necesariamente tienen contacto con el ámbito académico”, señalaron.

Pero uno de los puntos que más preocupan a los firmantes de la carta, encabezados por el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra y el exministro de Minas y Energía Jorge Eduardo Cock, es que estos y otros criterios podrían dejar por fuera a grupos de interés marginados “que no tienen cómo asumir el pago de expertos que defiendan el interés general, y por el contrario propiciarían la inclusión de muchas personas con el respaldo de empresas extractivas”.

De acuerdo con el cronograma de Minambiente para llevar a cabo esta gran evaluación de la minería, el 1º de septiembre se conocerían los nombres de los grupos de expertos elegidos para l tarea.