Por amenazas a líderes ambientales piden frenar proyectos pilotos de fracking
La Alianza Colombia Libre de Fracking, congresistas y ambientalistas denunciaron amenazas contra varios jóvenes de Puerto Wilches (Santander) en donde se desarrollaría el primer piloto de fracturación hidráulica del país.
AguaWil es un comité conformado recientemente en Puerto Wilches, Santander, que desde diciembre ha liderado acciones pacíficas de carácter pedagógico, cultural y de movilización para expresar su oposición a los llamados “Proyectos Piloto de Investigación Integral – PPII” que comenzarán en el Magdalena Medio, y que son la primera aproximación al fracking,
A principios de esta semana, la Alianza Colombia Libre de Fracking (de al que hace parte AguaWil) denunció que habían denunciado a los jóvenes que hacen parte del colectivo en Puerto Wilches (Santander), en donde se anunció que se haría el primer proyecto piloto de fracturación hidráulica del país. (Este jueves arranca dálogo sobre piloto de fracking sobre Puerto Wilches)
Ante las amenazas, y para evitar un mayor conflicto social, el Foro Nacional Ambiental, congresistas, ambientalistas (incluyendo a investigadores miembros de la Comisión Interdisciplinaria Independiente (CII) que elaboró el “Informe sobre efectos ambientales (sociales, físicos y bióticos) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de “fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal” en abril de 2019) solicitaron al presidente Iván Duque frenar los pilotos de fracking.
En una solicitud a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior, de Defensa y Ambiente, el FNA dijo que permitir las amenazas iba en contravía del principio de “licencia social” que habían recomendado en el informe entregado en abril de 2019 (concepto que fue acogido públicamente por el Gobierno Nacional, que se comprometió aponerlo en práctica).
“Las recientes amenazas a miembros de organizaciones sociales que se oponen al fracking en Puerto Wilches son opuestas y contrarias al espíritu de lo propuesto por la comisión interdisciplinaria independiente (cii).La CII propuso transparencia, diálogo y activa participación ciudadana en el proceso previo a la ejecución de los PPII, durante su ejecución y en la posterior evaluación integral de los PPII para definir sobre la pertinencia o no del fracking en nuestro país”, escribió el Foro en un comunicado.
En una carta enviada por los congresistas Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Pablo Catatumbo o Katherine Miranda (entre otros) ponen de manifiesto una “honda preocupación que este debate y que la exigencia de licencia social, entendida como aprobación o aceptación sin objeciones de las comunidades a los proyectos extractivos, sea tramitada, promovida o coadyuvadapor medios violentos, represivos e ilícitos, coartando gravemente una multiplicidad de derechos fundamentales como el derecho a la movilización y la protesta social, a la reunión, a la libre expresión y circulación pacíficas, a la libertad de conciencia, a la integridad personal, y el derecho a la oposición, en una sociedad que se reputa democrática”.
Entre otras, le exigen a Ecopetrol como operadora del proyecto piloto en Puerto Wilches, garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las etapas de implementación de dichos proyectos, en aplicación coherente y eficaz de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) de 2011que como empresa mayoritariamente estatal le corresponde.
El pasado 11 de febrero se llevó a cabo una jornada de cacerolazo contra el fracking en Puerto Wilches, Santander, de manera simultánea a la instalación y puesta en marcha de la “Mesa Territorial Permanente de Diálogo y Seguimiento” en este municipio donde el gobierno y Ecopetrol contemplan desarrollar los primeros pilotos de esta técnica.
AguaWil es un comité conformado recientemente en Puerto Wilches, Santander, que desde diciembre ha liderado acciones pacíficas de carácter pedagógico, cultural y de movilización para expresar su oposición a los llamados “Proyectos Piloto de Investigación Integral – PPII” que comenzarán en el Magdalena Medio, y que son la primera aproximación al fracking,
A principios de esta semana, la Alianza Colombia Libre de Fracking (de al que hace parte AguaWil) denunció que habían denunciado a los jóvenes que hacen parte del colectivo en Puerto Wilches (Santander), en donde se anunció que se haría el primer proyecto piloto de fracturación hidráulica del país. (Este jueves arranca dálogo sobre piloto de fracking sobre Puerto Wilches)
Ante las amenazas, y para evitar un mayor conflicto social, el Foro Nacional Ambiental, congresistas, ambientalistas (incluyendo a investigadores miembros de la Comisión Interdisciplinaria Independiente (CII) que elaboró el “Informe sobre efectos ambientales (sociales, físicos y bióticos) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de “fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal” en abril de 2019) solicitaron al presidente Iván Duque frenar los pilotos de fracking.
En una solicitud a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior, de Defensa y Ambiente, el FNA dijo que permitir las amenazas iba en contravía del principio de “licencia social” que habían recomendado en el informe entregado en abril de 2019 (concepto que fue acogido públicamente por el Gobierno Nacional, que se comprometió aponerlo en práctica).
“Las recientes amenazas a miembros de organizaciones sociales que se oponen al fracking en Puerto Wilches son opuestas y contrarias al espíritu de lo propuesto por la comisión interdisciplinaria independiente (cii).La CII propuso transparencia, diálogo y activa participación ciudadana en el proceso previo a la ejecución de los PPII, durante su ejecución y en la posterior evaluación integral de los PPII para definir sobre la pertinencia o no del fracking en nuestro país”, escribió el Foro en un comunicado.
En una carta enviada por los congresistas Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Pablo Catatumbo o Katherine Miranda (entre otros) ponen de manifiesto una “honda preocupación que este debate y que la exigencia de licencia social, entendida como aprobación o aceptación sin objeciones de las comunidades a los proyectos extractivos, sea tramitada, promovida o coadyuvadapor medios violentos, represivos e ilícitos, coartando gravemente una multiplicidad de derechos fundamentales como el derecho a la movilización y la protesta social, a la reunión, a la libre expresión y circulación pacíficas, a la libertad de conciencia, a la integridad personal, y el derecho a la oposición, en una sociedad que se reputa democrática”.
Entre otras, le exigen a Ecopetrol como operadora del proyecto piloto en Puerto Wilches, garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las etapas de implementación de dichos proyectos, en aplicación coherente y eficaz de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) de 2011que como empresa mayoritariamente estatal le corresponde.
El pasado 11 de febrero se llevó a cabo una jornada de cacerolazo contra el fracking en Puerto Wilches, Santander, de manera simultánea a la instalación y puesta en marcha de la “Mesa Territorial Permanente de Diálogo y Seguimiento” en este municipio donde el gobierno y Ecopetrol contemplan desarrollar los primeros pilotos de esta técnica.