¿Por qué se volvió a encender el debate sobre Santurbán?
La delimitación del páramo de Santurbán está embolatada y la ANLA todavía estudia si otorga la licencia de explotación minera a la multinacional Minesa en inmediaciones al páramo. Sin embargo, declaraciones de la viceministra de Minas alarmaron a defensores del ecosistema, quienes ven el la postura del Gobierno un interés por acudir a la megaminería en Santander como una “salida a la crisis”.
Daniela Quintero Díaz
Las declaraciones de la viceministra de Minas y Energía, Carolina Rojas, el pasado 25 de julio en una entrevista televisada, incomodaron a santandereanos, nortesantandereanos y defensores del páramo de Santurbán. Muchos temen que se aproveche la pandemia para avanzar en proyectos megamineros que el Gobierno muestra ahora como una “solución a la crisis”.
Al referirse al proyecto megaminero que adelanta la multinacional Minesa en la provincia de Soto Norte (Santander), en las inmediaciones del páramo de Santurbán, la viceministra aseguró que “el Gobierno colombiano quiere promover una minería con todos los estándares” y que “las autoridades ambientales tomarán todas las medidas de revisión para asegurar que ese proyecto se haga con estos estándares, y que podamos aprovechar el recurso natural que está ahí y puede ayudar a la recuperación sostenible de todos los colombianos”.
Lo problemático de las afirmaciones fue que, por más de que el proyecto megaminero se encuentre en “etapas avanzadas de licenciamiento ambiental”, como afirmó Rojas, todavía está siendo evaluado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que será la encargada de decidir si el proyecto tiene luz verde o no. Además, el Ministerio de Ambiente aún no ha concluido el proceso de delimitación que define en dónde empieza y termina el páramo de Santurbán.
Para Erwing Rodríguez-Salah, uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, que obligó a restablecer la delimitación del páramo de Santurbán, las palabras de la ministra “alborotaron el avispero”. “Según esas declaraciones, para el Gobierno ya es un hecho que se va a dar la licencia ambiental para la explotación de megaminería del proyecto Soto Norte. La gran paradoja de esto es que, actualmente, el Estado colombiano (representado por los actos administrativos que pueden emitir las entidades como el Ministerio de Ambiente) es la principal amenaza para nuestra agua y nuestros páramos”, asegura.
“Si respetaran el orden natural de la institucionalidad tendrían que reconocer que, si la ANLA no ha expedido la licencia, ellos no pueden hablar de que el proyecto va. Es como si dijeran: no nos importa que se esté estudiando, no nos importa que no se haya terminado todavía con la delimitación, ese proyecto va porque va”, insiste Carlos Sotomonte, vocero en temas ambientales de la Alcaldía de Bucaramanga.
Las reacciones en redes sociales tampoco se hicieron esperar. En una “twiterattón” en defensa del páramo hasta los niños y niñas de la región alzaron la voz: “Señora viceministra de Minas y Energía, sus declaraciones nos ponen muy tristes. Ninguna megaminería que se haga en un páramo o cerca de un páramo será responsable. Los niños de Santander necesitamos el agua no el oro”, dijo Sara Sofía, una niña de Floridablanca.
Pero la indignación más grande fue contra el presidente Iván Duque. En época de campaña, el entonces candidato a la presidencia realizó una visita a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en donde aseguró haber «escuchado con mucha atención las preocupaciones de la comunidad de Santander (sobre el páramo)”. “Es que eso no es si es aquí abajito o aquí arribita, lo que está comprometido es un riesgo sobre las fuentes de agua, y no se pueden adelantar proyectos que comprometan o pongan en riesgo las fuentes de agua de ciudades como Bucaramanga y de otros municipios”, dijo, asegurando que su compromiso era proteger el páramo. “Un engaño total a Colombia”, “Le exigimos que cumpla su palabra”, “Duque mentiroso” le replicaron en redes sociales.
Lo cierto es que el debate generado por las declaraciones de la ministra sirvió para desempolvar todas las discusiones que, tras casi diez años, siguen sin resolverse en cuanto al Páramo de Santurbán y al estudio de la licencia del proyecto de Minesa.
¿Qué ha pasado con el Páramo de Santurbán?
En la zona del páramo de Santurbán hay dos grandes procesos. Por un lado, está la redelimitación del páramo que ordenó la Corte Constitucional con la Sentencia T-361 tras los vacíos que dejó la primera delimitación durante el periodo de la «locomotora minera» de Juan Manuel Santos. En 2017 la Corte le dio un año al Minambiente para que trazara unos nuevos límites teniendo en cuenta esta vez a las comunidades tradicionales del páramo y corrigiendo las deficiencias técnicas. Aunque el proceso debía finalizar en junio de 2018, el ministerio no logró cumplir los términos. Solicitó dos prórrogas, la última vencía el 18 de diciembre de 2019 y también se incumplió.
El 2020 parecía traer el cierre del proceso. Se organizaron reuniones con los nuevos alcaldes y gobernadores, se iban a iniciar las mesas técnicas previas a la concertación y las audiencias públicas. Pero la pandemia, el aislamiento social obligatorio, la restricción de eventos masivos y las inquietudes de la Procuraduría General de la Nación sobre una verdadera participación de las comunidades rurales -muchas de estas sin conexión a internet- en las audiencias públicas virtuales lo paralizaron todo. Hasta ahora, el Minambiente no ha presentado el cronograma para continuar con el proceso.
Las comunidades del páramo se han visto gravemente afectadas por estas demoras, pues hasta que la delimitación no se resuelva no sabrán si pueden hacer las actividades que han hecho durante siglos, como la minería artesanal y la agricultura. También les preocupa que la nueva delimitación genere desplazamiento en la zona. “Entendemos la situación que vive el país, pero a nosotros tampoco pueden cobrarnos las consecuencias de la emergencia. No es justo que ahora la pandemia se convierta en una nueva excusa para que el proceso no avance”, explica Edwin Alberto Blanco, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Suratá.
Los defensores del páramo también tienen sus preocupaciones.”Es una delimitación sin los estudios científicos pertinentes, como los hidrológicos e hidrogeológicos. Uno esperaría que los páramos, ecosistemas vitales que proporcionan agua al 70% del país, se delimitaran para su protección, pero aquí en Colombia se han delimitado es para la explotación minera”, dice Rodríguez-Salah. “Lo más grave es que Santurbán es el referente nacional, y todo lo que se aplique en este páramo se podría repicar los otros 36 páramos del país. ¿Dejarían en Bogotá que hicieran minería en el páramo Cruz Verde?”.
Sotomonte coincide. “Que el Gobierno nacional quiera ponerle el acelerador al proyecto devela también las intenciones de llevarlo a cabo con base en un principio soso: que estamos en recuperación económica y, entonces, hay que echarle mano a todo. Sin embargo, todos sabemos que al país no le va bien con esos proyectos, y que los municipios con peores indicadores de pobreza multidimensional en Colombia son los que tienen proyectos megamineros”.
Hay otro proceso que tiene lugar en la zona aledaña al páramo de Santurbán. La multinacional Minesa se encuentra a la espera de que la ANLA le otorgue la licencia para la explotación minera en inmediaciones del páramo. A principios de 2019 la empresa envió su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) -con 2.800 páginas- a la autoridad ambiental para que estudiara la posibilidad de otorgar o no dicha licencia. La pelea que han dado aquí los ambientalistas y quienes defienden el páramo es que los estudios técnicos no son suficientes y que, aunque el proyecto puede estar fuera de la línea de protección del ecosistema, cualquier afectación a la montaña podría terminar afectando las fuentes de agua para más de 2 millones de personas que habitan estos departamentos.
De hecho, la Alcaldía de Bucaramanga, el Acueducto Metropolitano y el Área Metropolitana de esa ciudad presentaron hace unas semanas el Primer Informe de Observaciones al EIA de Minesa. “En los resultados hay cosas alarmantes”, asegura Sotomonte. “Minesa dice que no existe conexión hídrica entre las aguas del páramo y las aguas de su proyecto, y que no se va a afectar el río Suratá que abastece el Acueducto de Bucaramanga. Pero lo que demuestran los estudios es que efectivamente hay un gran impacto para el agua de la región”. Los hallazgos del informe ya fueron presentados a la ANLA, que será quien tenga la última palabra.
Mientras tanto, el proceso de licenciamiento ambiental para el proyecto megaminero se encuentra suspendido hasta que el Minambiente no termine la delimitación del páramo; la delimitación se encuentra retrasada y aún no se tiene un cronograma claro sobre la continuación de las actividades debido a la pandemia. Este jueves a las 9 a.m. habrá un debate de control político en la Cámara de Representantes sobre el páramo de Santurbán, con el que muchos esperan que se aclare este panorama.
Las declaraciones de la viceministra de Minas y Energía, Carolina Rojas, el pasado 25 de julio en una entrevista televisada, incomodaron a santandereanos, nortesantandereanos y defensores del páramo de Santurbán. Muchos temen que se aproveche la pandemia para avanzar en proyectos megamineros que el Gobierno muestra ahora como una “solución a la crisis”.
Al referirse al proyecto megaminero que adelanta la multinacional Minesa en la provincia de Soto Norte (Santander), en las inmediaciones del páramo de Santurbán, la viceministra aseguró que “el Gobierno colombiano quiere promover una minería con todos los estándares” y que “las autoridades ambientales tomarán todas las medidas de revisión para asegurar que ese proyecto se haga con estos estándares, y que podamos aprovechar el recurso natural que está ahí y puede ayudar a la recuperación sostenible de todos los colombianos”.
Lo problemático de las afirmaciones fue que, por más de que el proyecto megaminero se encuentre en “etapas avanzadas de licenciamiento ambiental”, como afirmó Rojas, todavía está siendo evaluado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que será la encargada de decidir si el proyecto tiene luz verde o no. Además, el Ministerio de Ambiente aún no ha concluido el proceso de delimitación que define en dónde empieza y termina el páramo de Santurbán.
Para Erwing Rodríguez-Salah, uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, que obligó a restablecer la delimitación del páramo de Santurbán, las palabras de la ministra “alborotaron el avispero”. “Según esas declaraciones, para el Gobierno ya es un hecho que se va a dar la licencia ambiental para la explotación de megaminería del proyecto Soto Norte. La gran paradoja de esto es que, actualmente, el Estado colombiano (representado por los actos administrativos que pueden emitir las entidades como el Ministerio de Ambiente) es la principal amenaza para nuestra agua y nuestros páramos”, asegura.
“Si respetaran el orden natural de la institucionalidad tendrían que reconocer que, si la ANLA no ha expedido la licencia, ellos no pueden hablar de que el proyecto va. Es como si dijeran: no nos importa que se esté estudiando, no nos importa que no se haya terminado todavía con la delimitación, ese proyecto va porque va”, insiste Carlos Sotomonte, vocero en temas ambientales de la Alcaldía de Bucaramanga.
Las reacciones en redes sociales tampoco se hicieron esperar. En una “twiterattón” en defensa del páramo hasta los niños y niñas de la región alzaron la voz: “Señora viceministra de Minas y Energía, sus declaraciones nos ponen muy tristes. Ninguna megaminería que se haga en un páramo o cerca de un páramo será responsable. Los niños de Santander necesitamos el agua no el oro”, dijo Sara Sofía, una niña de Floridablanca.
Pero la indignación más grande fue contra el presidente Iván Duque. En época de campaña, el entonces candidato a la presidencia realizó una visita a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en donde aseguró haber «escuchado con mucha atención las preocupaciones de la comunidad de Santander (sobre el páramo)”. “Es que eso no es si es aquí abajito o aquí arribita, lo que está comprometido es un riesgo sobre las fuentes de agua, y no se pueden adelantar proyectos que comprometan o pongan en riesgo las fuentes de agua de ciudades como Bucaramanga y de otros municipios”, dijo, asegurando que su compromiso era proteger el páramo. “Un engaño total a Colombia”, “Le exigimos que cumpla su palabra”, “Duque mentiroso” le replicaron en redes sociales.
Lo cierto es que el debate generado por las declaraciones de la ministra sirvió para desempolvar todas las discusiones que, tras casi diez años, siguen sin resolverse en cuanto al Páramo de Santurbán y al estudio de la licencia del proyecto de Minesa.
¿Qué ha pasado con el Páramo de Santurbán?
En la zona del páramo de Santurbán hay dos grandes procesos. Por un lado, está la redelimitación del páramo que ordenó la Corte Constitucional con la Sentencia T-361 tras los vacíos que dejó la primera delimitación durante el periodo de la «locomotora minera» de Juan Manuel Santos. En 2017 la Corte le dio un año al Minambiente para que trazara unos nuevos límites teniendo en cuenta esta vez a las comunidades tradicionales del páramo y corrigiendo las deficiencias técnicas. Aunque el proceso debía finalizar en junio de 2018, el ministerio no logró cumplir los términos. Solicitó dos prórrogas, la última vencía el 18 de diciembre de 2019 y también se incumplió.
El 2020 parecía traer el cierre del proceso. Se organizaron reuniones con los nuevos alcaldes y gobernadores, se iban a iniciar las mesas técnicas previas a la concertación y las audiencias públicas. Pero la pandemia, el aislamiento social obligatorio, la restricción de eventos masivos y las inquietudes de la Procuraduría General de la Nación sobre una verdadera participación de las comunidades rurales -muchas de estas sin conexión a internet- en las audiencias públicas virtuales lo paralizaron todo. Hasta ahora, el Minambiente no ha presentado el cronograma para continuar con el proceso.
Las comunidades del páramo se han visto gravemente afectadas por estas demoras, pues hasta que la delimitación no se resuelva no sabrán si pueden hacer las actividades que han hecho durante siglos, como la minería artesanal y la agricultura. También les preocupa que la nueva delimitación genere desplazamiento en la zona. “Entendemos la situación que vive el país, pero a nosotros tampoco pueden cobrarnos las consecuencias de la emergencia. No es justo que ahora la pandemia se convierta en una nueva excusa para que el proceso no avance”, explica Edwin Alberto Blanco, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Suratá.
Los defensores del páramo también tienen sus preocupaciones.”Es una delimitación sin los estudios científicos pertinentes, como los hidrológicos e hidrogeológicos. Uno esperaría que los páramos, ecosistemas vitales que proporcionan agua al 70% del país, se delimitaran para su protección, pero aquí en Colombia se han delimitado es para la explotación minera”, dice Rodríguez-Salah. “Lo más grave es que Santurbán es el referente nacional, y todo lo que se aplique en este páramo se podría repicar los otros 36 páramos del país. ¿Dejarían en Bogotá que hicieran minería en el páramo Cruz Verde?”.
Sotomonte coincide. “Que el Gobierno nacional quiera ponerle el acelerador al proyecto devela también las intenciones de llevarlo a cabo con base en un principio soso: que estamos en recuperación económica y, entonces, hay que echarle mano a todo. Sin embargo, todos sabemos que al país no le va bien con esos proyectos, y que los municipios con peores indicadores de pobreza multidimensional en Colombia son los que tienen proyectos megamineros”.
Hay otro proceso que tiene lugar en la zona aledaña al páramo de Santurbán. La multinacional Minesa se encuentra a la espera de que la ANLA le otorgue la licencia para la explotación minera en inmediaciones del páramo. A principios de 2019 la empresa envió su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) -con 2.800 páginas- a la autoridad ambiental para que estudiara la posibilidad de otorgar o no dicha licencia. La pelea que han dado aquí los ambientalistas y quienes defienden el páramo es que los estudios técnicos no son suficientes y que, aunque el proyecto puede estar fuera de la línea de protección del ecosistema, cualquier afectación a la montaña podría terminar afectando las fuentes de agua para más de 2 millones de personas que habitan estos departamentos.
De hecho, la Alcaldía de Bucaramanga, el Acueducto Metropolitano y el Área Metropolitana de esa ciudad presentaron hace unas semanas el Primer Informe de Observaciones al EIA de Minesa. “En los resultados hay cosas alarmantes”, asegura Sotomonte. “Minesa dice que no existe conexión hídrica entre las aguas del páramo y las aguas de su proyecto, y que no se va a afectar el río Suratá que abastece el Acueducto de Bucaramanga. Pero lo que demuestran los estudios es que efectivamente hay un gran impacto para el agua de la región”. Los hallazgos del informe ya fueron presentados a la ANLA, que será quien tenga la última palabra.
Mientras tanto, el proceso de licenciamiento ambiental para el proyecto megaminero se encuentra suspendido hasta que el Minambiente no termine la delimitación del páramo; la delimitación se encuentra retrasada y aún no se tiene un cronograma claro sobre la continuación de las actividades debido a la pandemia. Este jueves a las 9 a.m. habrá un debate de control político en la Cámara de Representantes sobre el páramo de Santurbán, con el que muchos esperan que se aclare este panorama.