Pregunta sobre consulta minera en Ibagué puede cambiar

Este mes se cumple un año desde que el Consejo de Ibagué aprobó el proyecto de consulta popular presentado por el alcalde de la ciudad, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuyo objetivo es ponerle freno a la minería. Convocatoria que, de forma indirecta, busca rechazar el megaproyecto de extracción minera La Colosa, que desarrollaría la multinacional Anglo Gold Ashanti sobre el vecino municipio tolimense de Cajamarca.

Sin embargo, esta es la hora en la que la ida a las urnas no ha sido posible. La primera cita, programada para el 2 de octubre del año pasado, fue aplazada debido a que se cruzaba con la votación del plebiscito, y sólo unos días antes de que se cumpliera la segunda, el 30 de octubre de 2016, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la consulta. ¿La razón? Se debía tomar una decisión sobre varias acciones de tutela interpuestas en contra del Tribunal Administrativo de Tolima, entidad encargada de dar el aval sobre la constitucionalidad de la pregunta que deberían responder los ibaguereños.

“¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”, fue la pregunta que aprobó el Tribunal.

En primera instancia, el Consejo de Estado había aclarado, entre otras cosas, que, aunque la pregunta era inconstitucional debido a que estaba sesgada e inducía al elector, el municipio tenía la competencia para convocar a esta consulta y su objetivo era legal. Ayer, después de que la decisión fuera apelada por los accionantes y la Alcaldía de Ibagué, el Consejo de Estado dio en segunda instancia una nueva ruta para continuar con la consulta.

En concreto, afirma una aclaración emitida por Dejusticia, la sentencia explica que el Consejo de Estado no tiene la competencia para hacer un nuevo juicio de constitucionalidad o para definir cuál será la pregunta, ya que lo primero corresponde al Tribunal y lo segundo al alcalde de Ibagué. No obstante, reafirma que la pregunta puede inducir al lector.

Por ende, el Consejo estableció que el “Tribunal del Tolima debe emitir una nueva sentencia haciendo un examen de constitucionalidad de la pregunta que se ajustara a los parámetros dados en el fallo de segunda instancia”, se lee en el documento de Dejusticia. En otras palabras, la pregunta podría cambiar.

“El Comité Ambiental del Tolima manifiesta que lo que se decidió en el fallo de segunda instancia sólo define que el Tribunal tendrá 30 días para sacar una nueva sentencia diciendo si se aprueba o no una nueva consulta, o si se debe cambiar la pregunta y quien debe hacerlo. El Consejo de Estado no tumbó la consulta”, aclara Róbinson Mejía, del Comité Ambiental del Tolima.

Por ahora, a los ibaguereños les queda seguir esperando, como lo vienen haciendo desde hace un año.