La Contraloría General de la República advirtió al legislativo que a pesar del crecimiento de la economía nacional, el gasto público en medio ambiente muestra una alta tendencia a la baja, con una tasa de crecimiento promedio negativa del 0.79.
Según el comunicado, la entidad de control hizo esta advertencia durante el acto de presentación al Congreso de la República del informe sobre el "Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2008-2009" por parte del contralor General Julio César Turbay Quintero, en cumplimiento del mandato constitucional.
El problema central radica en que los recursos asignados a la investigación sobre los recursos naturales y al desarrollo de productos más limpios en los sectores productivos son ínfimos con respecto al valor del presupuesto público y muestran tendencia a la reducción, dice el informe
Para la Contraloría General, un riesgo en la sostenibilidad ambiental del país es la restricción que tiene el sector en materia del desarrollo de la investigación científica, ya que a pesar del incremento de los recursos de que disponen los cinco institutos de investigación con que cuenta el Sistema Nacional Ambiental, los mismos siguen siendo bajos frente a las necesidades de investigación y avance tecnológico.
Según el análisis realizado, la participación de tales institutos en el presupuesto nacional de 2008 fue del 0,044% y en el de Colciencias de apenas 0,13%, precisa el informe.
Al intervenir ante los presidentes de la corporación y de las comisiones quinta y séptima del Senado y la Cámara de Representantes, el Contralor Turbay Quintero reiteró su propuesta para la creación de una zona franca exclusiva para las curtiembres que permita mitigar el grave impacto ambiental que afecta actualmente al Río Bogotá.
El jefe del ente de control, aseguró además que para buena parte del país, uno de los problemas que más se ha hecho evidente en los años recientes tiene que ver con la mayor intensidad e impacto de los desastres durante las temporadas invernales. "Este problema, ocupa un lugar importante en la mirada institucional actual, lo cual, justifica mucho más una nueva mirada al gasto en gestión ambiental, incluyendo el concepto de gestión del riesgo".
Especies extintas
El informe de la Contraloría resalta que el 56,6% del territorio nacional, aproximadamente 363.289 kilómetros cuadrados, ha sido transformado por completo al destinar tierras para usos humanos (el 95% del bosque seco tropical, el 40% de la selva del Chocó, el 80% de la vegetación andina, el 98,5% de los bosques desiduos y semidesiduos y casi la totalidad del bosque subandino). Tan sólo 86 de los 337 ecosistemas del país permanecen intactos o con reducidos niveles de alteración.
"Los análisis sobre los cambios en las coberturas vegetales y el uso del suelo en las zonas de alta montaña de Colombia señalan que del área total de páramos, estimada en 1'932.955 hectáreas, el 24%, (unas 463.336 ha) presentan algún grado de transformación y degradación, amenazando la oferta hídrica para gran parte de la población colombiana" advirtió el contralor.
La deforestación autorizada legalmente por cambios en el uso del suelo a través del licenciamiento ambiental asciende a 902.000 para periodo 1998-2008, cifra significativa si se compara con las 668.000 hectáreas en el periodo 1994-2001. Adicionalmente las medidas compensatorias impuestas por las autoridades ambientales en los procesos de licenciamiento carecen de soportes metodológicos sólidos para garantizar una compensación adecuada de los impactos ambientales.
El contralor señaló que de las 909 especies amenazadas las autoridades ambientales están atendiendo sólo al 10% y las cifras de inversión ($5.422.576.345) para un período de diez años, en promedio la inversión total para cada uno de los planes de conservación, es de 58 millones de pesos, lo que equivale por año a 5 millones de pesos aproximadamente, que es una suma modesta e insuficiente frente a las reales necesidades de implementar cualquiera de estos planes.