La Asociación de Gestores Integrales al Servicio del Medio Ambiente (Asogemed) arrancó 2020 con la expectativa de tener su mejor año de producción de árboles para la empresa Prodeco y la Gobernación del Cesar. Llevaban ocho años formando un vivero para apoyar las labores de restauración de ecosistemas que se adelantaban en su territorio y lograron recursos suficientes para pagar un salario a las 14 familias de La Jagua de Ibirico que conformaban la asociación.
La expectativa por el que sería su mejor año duró poco. La pandemia por covid-19 las obligó a parar su trabajo y, un año después, Prodeco anunció que pondría fin a la operación de sus dos minas de carbón, de las más grandes del Cesar. “Nos dijeron que nos tocaba esperar para retomar el contrato. Ya vamos para seis años y seguimos esperando”, cuenta Elizabeth Hernández, representante legal de Asogemed.
Algo similar ocurrió con alrededor de 12.000 trabajadores directos e indirectos de las minas, restaurantes, hoteles y servicios de una economía que giraba alrededor del carbón. La situación se extendió a otros municipios, como El Paso, Becerril y Agustín Codazzi, que también se habían volcado a trabajar alrededor de la bonanza del carbón.
El Gobierno de Gustavo Petro, en 2022, llegó con la promesa de convertir al corredor minero en el “piloto de la transición energética”, con el objetivo de recuperar actividades económicas que no estuvieran vinculadas a la minería. La semana pasada, a pocos meses de terminar su mandato, la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, entregó los primeros resultados del llamado “corredor de vida y biodiversidad”. Las acciones implementadas incluyen restauración ecológica, fortalecimiento de asociaciones productivas y agrícolas, así como la implementación de soluciones para el riego y la conectividad eléctrica.
Sin embargo, esta es apenas la primera etapa de una política que se pensó a un plazo de nueve años. Las comunidades reconocen los buenos resultados, pero les preocupa que no hay certeza sobre la implementación de una segunda etapa. Los recursos para seguir la implementación no están asegurados y el Gobierno dice que será una labor para el próximo Gobierno, mientras persisten varios retos en la región.
De la Zapatosa al Perijá
El Cesar alberga algunos de los últimos remanentes del bosque seco tropical que hay en Colombia, uno de los ecosistemas que más impactos ha tenido en nuestro país por la actividad humana. “Está considerado como uno de los ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocido. Algunos estimativos señalan que, de 8 millones de hectáreas originales, solo quedan cerca de 720.000 hectáreas”, explica el Ministerio de Ambiente en su página web.
La minería no ha sido el único proceso de transformación que ha sufrido el paisaje en el Cesar. “Durante el siglo XX tuvimos el auge de los cultivos de sorgo y algodón en estas sabanas. También entró la ganadería y, más adelante, la palma de aceite, causando una devastación en los bosques”, cuenta Clara Solano, directora de la Fundación Natura y representante legal del consorcio que conformaron junto a la Fundación Alma para trabajar en el “Corredor de vida”.
La llegada de la minería, hacia final de siglo, también coincidió con la escalada del conflicto armado en el Cesar. “Empieza a haber una transformación de la cultura, de los servicios y de toda la economía, además del paisaje. Pasan de ser municipios agrícolas a mineros”, añade Solano. Se refiere a La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso, Agustín Codazzi, Chiriguaná, Chimichanga, todo en Cesar, que hicieron parte de la economía minera.
En el proyecto, ambas fundaciones plantearon la recuperación de esta región a partir de tres tipos de ecosistema: la Serranía del Perijá, en donde hay bosque alto andino y áreas protegidas; las sabanas del César, transformadas en su mayoría por el agro y la minería; y el complejo cenagoso de Zapatosa, ubicado en Magdalena. Teniendo en cuenta ese último ecosistema, se incluyó como parte del corredor a El Banco, un municipio ubicado en ese departamento.
Durante esta primera etapa del proyecto, el Consorcio Alma-Natura estableció 50 acuerdos prediales de conservación con comunidades de los siete municipios, se implementaron acciones de restauración en más de 1.200 hectáreas y se fortalecieron viveros como el de Asogemed, a quienes les compraron parte de los árboles utilizados en la restauración. Otros proyectos, como “Naranjable”, que vendía jugos y otros derivados de la naranja a las minas, también se beneficiaron con mejoras técnicas para su cadena de producción.
“Yo estaba pagando recibos de luz entre COP 200.000 y COP 300.000 pesos. Ahora pago alrededor de COP 90.000”, cuenta Sandra López, una de las lideresas de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas, que agrupa a 140 mujeres de La Jagua de Ibirico. En su vivienda instalaron paneles solares que abastecen un refrigerador en el que conserva suero costeño, yogures y otros productos lácteos que produce la asociación. “Ya no pierdo productos, porque todo el tiempo tengo el congelador conectado”, añade.
¿Habrá segunda etapa?
Durante el evento de presentación de resultados, que se realizó en Valledupar, la pregunta que rondaba entre comunidades, emprendimientos y asociaciones era la misma: ¿habrá segunda etapa? “Nosotros confiamos en que sí, porque ¿cómo nos van a dejar iniciados? Ya hicimos una etapa, vamos a terminar”, señala Hernández, de Asogemed. En algunos predios, que ya tienen sistemas de riego y estrategias de restauración y producción agrícola, esperan también soluciones para la escasez de agua, que afecta principalmente a las zonas rurales, y el servicio de luz, que es de los más caros del país.
De acuerdo con Solano, del Consorcio Alma-Natura, esta primera fase se implementó con COP 12.000 millones que provenían del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, una bolsa de recursos que se creó en 2024 durante la COP16, en Cali. “El proyecto original para que haya una transformación que realmente deje huella en la recuperación de la biodiversidad es de cerca de COP 70.000 millones de pesos”, asegura.
Durante las esperadas palabras de Vélez, ministra de Ambiente (e), en el evento, la funcionaria se refirió principalmente a los resultados de esta primera etapa. “El Gobierno cumplió”, repitió en varias oportunidades. Al preguntarle por los recursos que se necesitan para continuar con el proceso, dijo que “tenemos una planeación de un programa de largo plazo, porque una dependencia económica como la que se generó con el carbón no se supera en cuatro años”. Sin embargo, dijo que su continuidad dependerá de las prioridades que tenga el próximo Gobierno con esta política.
Desde el Fondo para la Vida aseguraron que, a pesar de que cuentan con recursos propios, necesitan más fuentes de financiamiento para seguir con todos los proyectos que hay a nivel nacional. Mientras tanto, el Consorcio Alma-Natura también está buscando plata en el sector privado para continuar con la implementación. “Las empresas mineras todavía tienen que cumplir compromisos ambientales y sociales con el departamento. Y aquí ya hay una plataforma de viveros y productores que pueden hacer parte de ese proceso”, apunta Solano. El “Corredor de vida” del Cesar quedará a la espera de luz verde para seguir adelante.
*El Consorcio Alma-Natura financió el viaje para conocer los resultados del proyecto.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
