Procuraduría exige cumplir medidas de protección a Ciénaga Grande de Santa Marta
También le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue presuntos delitos en el manejo del humedal en los que estarían comprometidos servidores y particulares.
- Redacción Vivir
La Procuraduría General de la Nación exigió a seis entidades del orden nacional el reporte del cumplimiento a las medidas que solicitó para proteger la Ciénaga Grande de Santa Marta, y pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue presuntos delitos en el manejo del humedal en los que estarían comprometidos servidores y particulares.
Después de avanzar en la acción preventiva y de actividades de trabajo coordinado con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público ofició al ente de investigación para que evalúe presuntas conductas penales que estarían afectando los recursos naturales en la CGSM.
Por otro lado, cerró la acción preventiva y envió informe con fines disciplinarios para que se investigue presuntas omisiones en la recuperación, conservación y mantenimiento del ecosistema.
Entre las solicitudes hechas por la Procuraduría están: que el Departamento Nacional de Planeación asigne los recursos ypara dar respuesta a la grave problemática social, económica y ambiental que presenta la ciénaga; que el Ministerio de Ambiente active control permanente y superior sobre los procesos de licenciamiento ambiental en la zona, además de enviar exhortos, llamados urgentes, y que active el Comité Interinstitucional para la protección de la Ciénaga Grande de Santa Marta para proteger este ecosistema. (El fotógrafo que capturó la intimidad de la Ciénaga Grande de Santa Marta).
Además, en una carta enviada el pasado 4 de marzo de 2019 al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano Picón; al director de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena (Copamag), Carlos Francisco Díaz Granados; a la gobernadora, Rosa Cotes de Zúñiga; a la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Territorial Caribe, Luz Elvira Angarita Jiménez; a la Capitanía del Puerto de Santa Marta, capitán de corbeta Juan Pablo Huertas; al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Gustavo Verdugo Garavito, y al director de fiscalías de Magdalena, Vicente Guzmán, la Procuraduría reclamó un trabajo articulado entre las instituciones para proteger la Ciénaga Grande de Santa Marta, y diseñar e implementar un plan de acción que permita afrontar esta grave problemática.
Las autoridades tiene 30 días para “frenar la sedimentación, la alteración geomorfológica del suelo como adecuación para cultivos y ganado, la canalización de arroyos, los cambios en la calidad de hábitats y la fragmentación ecosistémica en general y el déficit hídrico de la CGSM”.
La Procuraduría pidió adelantar control de vertimientos, restitución de cauces y bienes de uso público, saneamiento predial, celeridad en los procesos sancionatorios ambientales, y adopción del Plan de Manejo Ambiental, control a la expansión de la frontera agrícola en zonas de humedal y ordenamiento pesquero, y de las captaciones de aguas superficiales y subterráneas. (El jalón de orejas de la Contraloría por la CGSM)
La Ciénaga Grande de Santa Marta fue declarada RAMSAR, soporta múltiples presiones. A finales de diciembre de 2018, la Contraloría General de la Nación también le jaló las orejas a las entidades de control por el estado de cosas en la Ciénaga. Los apuntes de la Contraloría se extienden a lo largo de un informe de más 150 páginas sobre contratos financieros pactados por Corpamag y el efecto de estos acuerdos, relacionados con obras hidráulicas dentro del sistema lagunar. Si bien estas acciones fueron hechas para restauración ambiental (con el fin de dragar sedimentos) el efecto de algunas ha afectado a las comunidades y a otros sectores de la Ciénaga.
El problema es que, al parecer, la corporación desconoció que al dragar primero ciertos caños habría un impacto para otros sitios del sistema lagunar. Lo cual fue un error, porque “se ha debido iniciar el dragado de los caños secundarios y luego el de los caños principales, para así, lograr la efectividad del proyecto y mejorar la conectividad hídrica”.
La Procuraduría General de la Nación exigió a seis entidades del orden nacional el reporte del cumplimiento a las medidas que solicitó para proteger la Ciénaga Grande de Santa Marta, y pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue presuntos delitos en el manejo del humedal en los que estarían comprometidos servidores y particulares.
Después de avanzar en la acción preventiva y de actividades de trabajo coordinado con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público ofició al ente de investigación para que evalúe presuntas conductas penales que estarían afectando los recursos naturales en la CGSM.
Por otro lado, cerró la acción preventiva y envió informe con fines disciplinarios para que se investigue presuntas omisiones en la recuperación, conservación y mantenimiento del ecosistema.
Entre las solicitudes hechas por la Procuraduría están: que el Departamento Nacional de Planeación asigne los recursos ypara dar respuesta a la grave problemática social, económica y ambiental que presenta la ciénaga; que el Ministerio de Ambiente active control permanente y superior sobre los procesos de licenciamiento ambiental en la zona, además de enviar exhortos, llamados urgentes, y que active el Comité Interinstitucional para la protección de la Ciénaga Grande de Santa Marta para proteger este ecosistema. (El fotógrafo que capturó la intimidad de la Ciénaga Grande de Santa Marta).
Además, en una carta enviada el pasado 4 de marzo de 2019 al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano Picón; al director de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena (Copamag), Carlos Francisco Díaz Granados; a la gobernadora, Rosa Cotes de Zúñiga; a la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Territorial Caribe, Luz Elvira Angarita Jiménez; a la Capitanía del Puerto de Santa Marta, capitán de corbeta Juan Pablo Huertas; al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Gustavo Verdugo Garavito, y al director de fiscalías de Magdalena, Vicente Guzmán, la Procuraduría reclamó un trabajo articulado entre las instituciones para proteger la Ciénaga Grande de Santa Marta, y diseñar e implementar un plan de acción que permita afrontar esta grave problemática.
Las autoridades tiene 30 días para “frenar la sedimentación, la alteración geomorfológica del suelo como adecuación para cultivos y ganado, la canalización de arroyos, los cambios en la calidad de hábitats y la fragmentación ecosistémica en general y el déficit hídrico de la CGSM”.
La Procuraduría pidió adelantar control de vertimientos, restitución de cauces y bienes de uso público, saneamiento predial, celeridad en los procesos sancionatorios ambientales, y adopción del Plan de Manejo Ambiental, control a la expansión de la frontera agrícola en zonas de humedal y ordenamiento pesquero, y de las captaciones de aguas superficiales y subterráneas. (El jalón de orejas de la Contraloría por la CGSM)
La Ciénaga Grande de Santa Marta fue declarada RAMSAR, soporta múltiples presiones. A finales de diciembre de 2018, la Contraloría General de la Nación también le jaló las orejas a las entidades de control por el estado de cosas en la Ciénaga. Los apuntes de la Contraloría se extienden a lo largo de un informe de más 150 páginas sobre contratos financieros pactados por Corpamag y el efecto de estos acuerdos, relacionados con obras hidráulicas dentro del sistema lagunar. Si bien estas acciones fueron hechas para restauración ambiental (con el fin de dragar sedimentos) el efecto de algunas ha afectado a las comunidades y a otros sectores de la Ciénaga.
El problema es que, al parecer, la corporación desconoció que al dragar primero ciertos caños habría un impacto para otros sitios del sistema lagunar. Lo cual fue un error, porque “se ha debido iniciar el dragado de los caños secundarios y luego el de los caños principales, para así, lograr la efectividad del proyecto y mejorar la conectividad hídrica”.