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Este 28 de julio, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, cumplir con los compromisos adquiridos con el resguardo indígena Colonial Ciprián Riscanevo en el marco del proceso de delimitación del páramo de Pisba, ubicado en Boyacá.
El páramo de Pisba, que se extiende entre Boyacá y Casanare, es conocido por sus lagunas de origen glaciar y por alimentar las cuencas de los ríos Chicamocha y Magdalena. Sin embargo, la delimitación de este ecosistema ha sido motivo de discusión en los últimos años debido a la falta de concertación entre las comunidades locales y las entidades oficiales.
En esta ocasión, a través de una carta dirigida al Ministerio Público, el resguardo denunció que “no se han convocado las reuniones preparatorias de la fase de concertación que hacen parte del derecho fundamental a la consulta previa y, en las que deben participar la alcaldía, personería, organizaciones sociales y ambientales, y Juntas de Acción Comunal”.
Además, la comunidad, asentada en el municipio de Chita, advirtió que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente “no ha brindado las condiciones logísticas que les permitan asistir a los espacios deliberativos, en los que se tomarán las decisiones sobre la delimitación del páramo”.
El pasado 14 de junio, el Ministerio aseguró que el proceso de delimitación avanzaba con la articulación de las alcaldías y personerías de los 13 municipios que tienen presencia en el ecosistema. “Cada espacio de participación es coordinado previamente con las autoridades locales, garantizando el cumplimiento de la sentencia”, afirmó la entidad.
Actualmente, el páramo cuenta con una delimitación temporal establecida mediante la Resolución 1501 de 2018, que define un área de protección y desarrollo sostenible de los recursos naturales mientras se adopta una delimitación definitiva. En esta zona están prohibidas las nuevas concesiones mineras.
Frente a la denuncia del resguardo indígena, la Procuraduría recomendó al Ministerio de Ambiente “convocar las reuniones, brindar las garantías e informar de manera oportuna al resguardo la metodología prevista para el desarrollo de la consulta previa, en coherencia con los principios de participación efectiva, buena fe e interculturalidad que rigen este derecho fundamental”.
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