Procuraduría pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible la caza deportiva
Para la Procuraduría las normas actuales son contrarias a la dimensión ecológica de la Constitución de 1991.
Redacción Vivir
La Procuraduría General de la Nación, en un concepto que envió esta semana a la Corte Constitucional, planteó que no existe una justificación válida que permita determinar que la caza deportiva es necesaria y que el sufrimiento que padecen los animales sea razonable o proporcional.
En un comunicado, el órgano de control sostuvo "que las normas que actualmente reglamentan esta actividad son contrarias a la dimensión ecológica de la Constitución Política de 1991, porque matar a un animal por recreación es desconocer los progresos alcanzados en materia de protección ambiental en el país"
Para la Procuraduría la caza deportiva desconoce el deber de proteger a los animales como seres sintientes y no como cosas. Además “este tipo de caza no se trata de una actividad justificada en razones de subsistencia, ni de control poblacional de las especies”, agregó la entidad en su concepto.
Una postura que va en sintonía con otras decisiones de la misma Corte que busca extender la protección ambiental más allá de los derechos humanos. En 2017 la Corte Constitucional en una sentencia histórica reconoció al río Atrato como sujeto de derechos y ordenó al Estado la protección de su cuenca y sus afluentes.
“Es imperioso que se retiren del ordenamiento jurídico las normas demandadas, que permiten la muerte, tortura y mutilación de los animales exclusivamente para recrear al ser humano”, señaló el Ministerio Público.
El órgano de control sostuvo en el concepto que aunque se han hecho avances significativos en materia de protección y bienestar animal, el Estado se ha quedado corto en su reglamentación porque aún existen normas como las demandadas que permiten y avalan el maltrato de los animales por la simple satisfacción y recreación de las personas.
Las normas objeto de la demanda de constitucionalidad hacen parte del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Ley 2811 de 1974, arts. 248, 252 y 256), y el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989, arts. 8 y 30).
En el concepto, el Ministerio Público solicitó que los efectos de inconstitucionalidad de esas normas se difieran por el tiempo que el alto tribunal considere pertinente, para reducir la afectación a los derechos de quienes actualmente desarrollan esa actividad amparados en el régimen vigente.
La Procuraduría General de la Nación, en un concepto que envió esta semana a la Corte Constitucional, planteó que no existe una justificación válida que permita determinar que la caza deportiva es necesaria y que el sufrimiento que padecen los animales sea razonable o proporcional.
En un comunicado, el órgano de control sostuvo "que las normas que actualmente reglamentan esta actividad son contrarias a la dimensión ecológica de la Constitución Política de 1991, porque matar a un animal por recreación es desconocer los progresos alcanzados en materia de protección ambiental en el país"
Para la Procuraduría la caza deportiva desconoce el deber de proteger a los animales como seres sintientes y no como cosas. Además “este tipo de caza no se trata de una actividad justificada en razones de subsistencia, ni de control poblacional de las especies”, agregó la entidad en su concepto.
Una postura que va en sintonía con otras decisiones de la misma Corte que busca extender la protección ambiental más allá de los derechos humanos. En 2017 la Corte Constitucional en una sentencia histórica reconoció al río Atrato como sujeto de derechos y ordenó al Estado la protección de su cuenca y sus afluentes.
“Es imperioso que se retiren del ordenamiento jurídico las normas demandadas, que permiten la muerte, tortura y mutilación de los animales exclusivamente para recrear al ser humano”, señaló el Ministerio Público.
El órgano de control sostuvo en el concepto que aunque se han hecho avances significativos en materia de protección y bienestar animal, el Estado se ha quedado corto en su reglamentación porque aún existen normas como las demandadas que permiten y avalan el maltrato de los animales por la simple satisfacción y recreación de las personas.
Las normas objeto de la demanda de constitucionalidad hacen parte del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Ley 2811 de 1974, arts. 248, 252 y 256), y el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989, arts. 8 y 30).
En el concepto, el Ministerio Público solicitó que los efectos de inconstitucionalidad de esas normas se difieran por el tiempo que el alto tribunal considere pertinente, para reducir la afectación a los derechos de quienes actualmente desarrollan esa actividad amparados en el régimen vigente.