El pasado 22 de febrero, el Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de resolución con el que busca declarar una zona de reserva temporal en el suroeste de Antioquia. El documento, según comunicó la entonces jefe de cartera, Susana Muhamad, fue producto de un año y medio de trabajo de la mano con diferentes actores de la región, desde el campesinado hasta movimientos ambientales.
En concreto, el proyecto tiene como objetivo proteger el agua y las cuencas que abastecen a los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada. De igual manera, la propuesta buscaría fortalecer la vocación agrícola y ambiental del territorio, según el Minambiente.
En ese momento, Muhamad subrayó la importancia de proteger estos suelos de la explotación minera, ya que el 88% de los predios clave para sostener la recarga de acuíferos y las cuencas estratégicas para la población se superponen con títulos mineros que “podrían causar un daño irreversible”.
De ese modo, la resolución pretende que las autoridades mineras y ambientales competentes, en concordancia con el principio de precaución, no otorguen nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales. Tampoco se emitirían nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales. La medida tendría una vigencia de dos años y la zona de reserva temporal ocuparía alrededor de 37.000 hectáreas.
Ahora, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que, en el marco de la consulta pública del proyecto y para “enriquecer su análisis técnico y jurídico”, pidió al ministerio crear una instancia de participación que involucre a distintos actores.
“Este nuevo espacio de diálogo se sumará a los ya desarrollados para asegurar, tal como lo requirió el Ministerio Público, un proceso de construcción colectiva, participativa y transparente en torno a la declaratoria de la zona de reserva”, señaló el ente de control.
De acuerdo con la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, se ha comprometido a diseñar dicho espacio de diálogo, que contará con la participación de la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, actores claves del territorio e, incluso, el propio Ministerio Público, en línea con lo planteado por su delegación para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
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