Proponen que Parques y sus funcionarios sean reconocidos como víctimas ante la JEP

En enero de 2004, la directora del Parque Nacional Natural Tayrona, Martha Lucía Hernández, fue asesinada en su casa por miembros de los hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia. Tuvo el mismo destino que su predecesor, Héctor Vargas Torres, en 1994.

El 2 de febrero de 2008, en La Macarena (Meta) el funcionario de Parques Nacionales e ingeniero ambiental Martín Duarte fue asesinado con un disparo en la cabaña de Cormacarena. Según el documento que lleva la Fiscalía, lo mataron porque vio a sus asesinos uniformados en el pueblo y los reconoció.

En enero de 2011, Jairo Antonio Varela, funcionario del Parque Nacional Natural Paramillo, fue asesinado en la plaza principal del corregimiento de Saiza, en zona rural de Tierralta. El comandante de la policía de Córdoba, Héctor Páez, atribuyó al crimen a alias Jacobo Antonio, cabecilla del frente quinto de las Farc.

Estas son solo algunas de las historias que más retumban en la memoria de la opinión pública, pero puede haber más. Es por eso que la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), junto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) propusieron esta semana que “todos los parques nacionales naturales del país, dados sus valores excepcionales para el patrimonio natural de la nación y como lugares de altísima biodiversidad, sean reconocidos como entidades sujeto de derechos y tratados como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

Las áreas protegidas y sus funcionarios también han vivido la guerra y sus consecuencias. A fecha de 2018, dentro de los Parques Nacionales habían 8.000 hectáreas de coca (el 5% de todos los cultivos del país). El resguardo Nukak, por ejemplo, es el más afectado (y lo fue mucho más en otra época con la aspersión con glifosato). De hecho, para 2013 había presencia de grupos armados al margen de la ley en al menos 23 de los 57 parques.

Estas conclusiones hicieron parte de talleres, entrevistas y un caso de estudio sobre hechos victimizantes hacia Parques Nacionales y los guardaparques en el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), una zona estratégica entre Meta y Guaviare que conecta la Amazonía, los Andes y el Orinoco.

Por ejemplo, según Harold Ospino Burgos, los parques de la región amazónica (como los del AMEM) no se mantuvieron ajenos al conflicto armado ni a los impactos de las actuaciones de algunos de sus protagonistas. Uno de los bosques más importantes para la regulación climática del mundo también fue escenario para mantener una base económica para la guerra a través de economías ilegales, mantener corredores de ejércitos ilegales y su abastecimiento y asegurar el afianzamiento de poblaciones humanas, en algunas ocasiones como base social para sus intereses. 

También hay otra razón para incluir a los guardaparques, y no solo a los ecosistemas: según los proponentes, los guardaparques de Parques Nacionales están incluidos en la categoría de “activista ambiental”. De acuerdo a la organización Global Witness, América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores ambientales, con el 60% del total de asesinatos en 2016. En particular, Colombia está entre los tres países con más asesinatos desde al menos 2013. En el 2016, el país se situó como el segundo con mayor número de muertes de activistas ambientales.

De acuerdo con la propuesta, los hechos victimizantes a funcionarios de PNN que los funcionarios identificaron en talleres y entrevistas realizadas entre Vistahermosa, Villavicencio y Neiva, se encuentran las amenazas relacionadas con la libre locomoción y la movilidad, zozobra por posible reclutamiento de menores, existencia de Minas Antipersonales/Municiones sin Explotar, toques de queda impuestos por actores armados, convivencia con la muerte, la costumbre de escuchar bombas y fusiles, desplazamiento forzado, detenciones y secuestros, decomisos/Robos, y el asesinato de Martín Duarte.

“En muchas zonas los funcionarios se identifican como “el estado” dado que no hay más autoridades presentes en esos territorios y ello contribuye a que se les hagan demandas por grupos ilegales y por la misma comunidad que no corresponde a su función y eso también les genera enemistades. Ser identificado como el Estado y verse presionado a responder por temas ajenos a la autoridad ambiental, es una carga desproporcionada e injusta para estos funcionarios” escribe Eugenia Ponce de León, abogada a cargo de la propuesta.

"Por eso, los funcionarios afectados por el conflicto armado y la criminalidad organizada, han tenido que utilizar múltiples estrategias para permanecer en las áreas, buscar nichos de trabajo y formas adaptativas para cumplir su misión, muchas veces bajo permanente zozobra e intimidación, lo que llega a afectar su salud y su derecho a la tranquilidad".

Según la propuesta, instancias de la JEP como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Sala de Reconocimiento de Verdad deberían ser aprovechadas para que ni las áreas protegidas ni sus funcionarios pasen inadvertidos.

Por ejemplo, aducen que dado que la Amazonía fue declarada sujeto de derecho por la Corte Suprema de Justicia, toda acción que la vulnere afecta a esa entidad sujeto de derechos, y si además tienen nexos causales con crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional humanitario, se espera que las instancias judiciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR-, en especial el Tribunal de Paz, como Tribunal autónomo con capacidad para generar su propia jurisprudencia, en sus fallos y sanciones, reconzca los Parques Nacionales de la Amazonía como víctimas de este conflicto.

Según escribe Ponce en el documento que explica la propuesta, la deforestación, la apropiación y el acaparamiento ilegal de tierras para la reconversión de bosques en pastizales y para ganadería extensiva ha aumentado en el posconflicto gracias a la acción de grupos criminales que han aprovechado los espacios dejados por las FARC “para extender sus economías ilícitas, especialmente en la Amazonia, con el consecuente daño y degradación que se continua infringiendo a la región y a los parques nacionales. De esta forma, los parques no solo han sido víctimas del conflicto armado, sino que también son víctimas del postconflicto, lo que requiere acciones contundentes de respuesta”.

También recomiendan llevar casos emblemáticos de daños a los PNN o de crímenes contra ciertos funcionarios ante la JEP, y que las sanciones incluyan acciones de reforestación, sustición de cultivos ilíticos y otras tareas de mantenimiento de los ecosistemas.

En enero de 2004, la directora del Parque Nacional Natural Tayrona, Martha Lucía Hernández, fue asesinada en su casa por miembros de los hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia. Tuvo el mismo destino que su predecesor, Héctor Vargas Torres, en 1994.

El 2 de febrero de 2008, en La Macarena (Meta) el funcionario de Parques Nacionales e ingeniero ambiental Martín Duarte fue asesinado con un disparo en la cabaña de Cormacarena. Según el documento que lleva la Fiscalía, lo mataron porque vio a sus asesinos uniformados en el pueblo y los reconoció.

En enero de 2011, Jairo Antonio Varela, funcionario del Parque Nacional Natural Paramillo, fue asesinado en la plaza principal del corregimiento de Saiza, en zona rural de Tierralta. El comandante de la policía de Córdoba, Héctor Páez, atribuyó al crimen a alias Jacobo Antonio, cabecilla del frente quinto de las Farc.

Estas son solo algunas de las historias que más retumban en la memoria de la opinión pública, pero puede haber más. Es por eso que la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), junto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) propusieron esta semana que “todos los parques nacionales naturales del país, dados sus valores excepcionales para el patrimonio natural de la nación y como lugares de altísima biodiversidad, sean reconocidos como entidades sujeto de derechos y tratados como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

Las áreas protegidas y sus funcionarios también han vivido la guerra y sus consecuencias. A fecha de 2018, dentro de los Parques Nacionales habían 8.000 hectáreas de coca (el 5% de todos los cultivos del país). El resguardo Nukak, por ejemplo, es el más afectado (y lo fue mucho más en otra época con la aspersión con glifosato). De hecho, para 2013 había presencia de grupos armados al margen de la ley en al menos 23 de los 57 parques.

Estas conclusiones hicieron parte de talleres, entrevistas y un caso de estudio sobre hechos victimizantes hacia Parques Nacionales y los guardaparques en el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), una zona estratégica entre Meta y Guaviare que conecta la Amazonía, los Andes y el Orinoco.

Por ejemplo, según Harold Ospino Burgos, los parques de la región amazónica (como los del AMEM) no se mantuvieron ajenos al conflicto armado ni a los impactos de las actuaciones de algunos de sus protagonistas. Uno de los bosques más importantes para la regulación climática del mundo también fue escenario para mantener una base económica para la guerra a través de economías ilegales, mantener corredores de ejércitos ilegales y su abastecimiento y asegurar el afianzamiento de poblaciones humanas, en algunas ocasiones como base social para sus intereses. 

También hay otra razón para incluir a los guardaparques, y no solo a los ecosistemas: según los proponentes, los guardaparques de Parques Nacionales están incluidos en la categoría de “activista ambiental”. De acuerdo a la organización Global Witness, América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores ambientales, con el 60% del total de asesinatos en 2016. En particular, Colombia está entre los tres países con más asesinatos desde al menos 2013. En el 2016, el país se situó como el segundo con mayor número de muertes de activistas ambientales.

De acuerdo con la propuesta, los hechos victimizantes a funcionarios de PNN que los funcionarios identificaron en talleres y entrevistas realizadas entre Vistahermosa, Villavicencio y Neiva, se encuentran las amenazas relacionadas con la libre locomoción y la movilidad, zozobra por posible reclutamiento de menores, existencia de Minas Antipersonales/Municiones sin Explotar, toques de queda impuestos por actores armados, convivencia con la muerte, la costumbre de escuchar bombas y fusiles, desplazamiento forzado, detenciones y secuestros, decomisos/Robos, y el asesinato de Martín Duarte.

“En muchas zonas los funcionarios se identifican como “el estado” dado que no hay más autoridades presentes en esos territorios y ello contribuye a que se les hagan demandas por grupos ilegales y por la misma comunidad que no corresponde a su función y eso también les genera enemistades. Ser identificado como el Estado y verse presionado a responder por temas ajenos a la autoridad ambiental, es una carga desproporcionada e injusta para estos funcionarios” escribe Eugenia Ponce de León, abogada a cargo de la propuesta.

"Por eso, los funcionarios afectados por el conflicto armado y la criminalidad organizada, han tenido que utilizar múltiples estrategias para permanecer en las áreas, buscar nichos de trabajo y formas adaptativas para cumplir su misión, muchas veces bajo permanente zozobra e intimidación, lo que llega a afectar su salud y su derecho a la tranquilidad".

Según la propuesta, instancias de la JEP como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Sala de Reconocimiento de Verdad deberían ser aprovechadas para que ni las áreas protegidas ni sus funcionarios pasen inadvertidos.

Por ejemplo, aducen que dado que la Amazonía fue declarada sujeto de derecho por la Corte Suprema de Justicia, toda acción que la vulnere afecta a esa entidad sujeto de derechos, y si además tienen nexos causales con crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional humanitario, se espera que las instancias judiciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR-, en especial el Tribunal de Paz, como Tribunal autónomo con capacidad para generar su propia jurisprudencia, en sus fallos y sanciones, reconzca los Parques Nacionales de la Amazonía como víctimas de este conflicto.

Según escribe Ponce en el documento que explica la propuesta, la deforestación, la apropiación y el acaparamiento ilegal de tierras para la reconversión de bosques en pastizales y para ganadería extensiva ha aumentado en el posconflicto gracias a la acción de grupos criminales que han aprovechado los espacios dejados por las FARC “para extender sus economías ilícitas, especialmente en la Amazonia, con el consecuente daño y degradación que se continua infringiendo a la región y a los parques nacionales. De esta forma, los parques no solo han sido víctimas del conflicto armado, sino que también son víctimas del postconflicto, lo que requiere acciones contundentes de respuesta”.

También recomiendan llevar casos emblemáticos de daños a los PNN o de crímenes contra ciertos funcionarios ante la JEP, y que las sanciones incluyan acciones de reforestación, sustición de cultivos ilíticos y otras tareas de mantenimiento de los ecosistemas.