Proyecto minero La Colosa: ¿sí o no?

La primera vez que los colombianos escucharon sobre La Colosa, uno de los megaproyectos mineros más ambiciosos del país, fue hacia el año 2007. En medio de un boom de oro que resonaba en toda Latinoamérica y que ya fichaba a Colombia como una de sus principales piezas, el entonces presidente de la multinacional Anglo Gold Ashanti anunció que este yacimiento, ubicado en el municipio de Cajamarca (Tolima), era el “más grande hallado en los últimos diez años en todo el mundo”.

Pero lo que resultó una buena noticia para los mineros , despertó grandes temores entre las comunidades aledañas a la mina. En Cajamarca, Ibagué y otros municipios del Tolima, la afectación que podrían llegar a sufrir la reserva forestal y las fuentes hídricas a cambio de 28 millones de onzas de oro no les pareció un buen negocio a muchos habitantes. Organizaciones civiles, políticos regionales y ciudadanos comenzaron una movilización social que ya casi cumple una década. Este domingo, 26 de marzo, con la realización de la consulta popular en Cajamarca, por fin se podrá saber cuál es la visión de desarrollo que se impone en el lugar: locomotora minera o conservación.

“¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” es la pregunta que deberán responder 5.500 ciudadanos, de un censo de 16.300 votantes, para que los resultados tengan validez.

Llegar a esa consulta ha sido un camino lleno de tropiezos, mentiras, desinformación, amenazas a líderes sociales, tensiones políticas, leguleyadas y, sobre todo, una profunda demostración de los vacíos para resolver los choques entre diferentes visiones del desarrollo que existen en Colombia.

Como lo explicó Róbinson Mejía, uno de los miembros del comité que impulsó la consulta a principios del 2016, el proceso “ha estado en un péndulo de lo jurídico, donde se le han puesto todos los obstáculos, pero hemos logrado avanzar”.

Un camino turbulento

El 28 de junio de 2013, el municipio de Piedras, también en Tolima, marcó un hito en esa historia. A través de una consulta popular sin precedentes, sus ciudadanos hicieron público su descontento con la presencia de operaciones mineras en su territorio, entre ellos el proyecto La Colosa de la empresa Anglo Gold. La pregunta, a nivel nacional, quedó abierta: ¿tienen el poder los habitantes de una localidad para decidir si se explotan o no los minerales del subsuelo?

Los habitantes de Cajamarca comenzaron a pensar en imitar a sus vecinos de Piedras. En principio, explica Mejía, un grupo de ciudadanos le pidió al alcalde de entonces, Luis Evelio Gómez, hacer la solicitud ante el Concejo de Cajamarca, pero esta fue negada en el 2015. Incluso se supo que la Procuraduría, junto con los ministerios de Minas y del Interior, intimidaron a varios de los concejales diciendo que se les podría abrir una investigación si le daban visto bueno a la consulta. Como en la Guerra Fría, el municipio tolimense se convirtió en escenario de un juego de poder mucho mayor.

Cuando esta primera puerta quedó cerrada, a principios de 2016 el Comité Promotor de la Consulta Popular decidió tomar una vía alterna: inscribir la consulta ante la Registraduría a partir de la recolección de firmas. En agosto del mismo año lograron que la mayoría del Concejo votara sí a la iniciativa (con ocho votos a favor y tres en contra). Sólo un mes después, el Tribunal Administrativo de Tolima les dio vía libre para realizar la consulta popular. Fue entonces cuando comenzaron los entuertos.

El fallo de la Corte

Para esa época, la Corte Constitucional, al ver que los intereses del Gobierno Nacional colisionaban con los de comunidades en Santurbán, Pijao, Tauramena, entre muchos otros municipios, se pronunció en mayo de 2016 y tumbó el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en el que se prohibía a los entes territoriales negarse a proyectos mineros que se desarrollaran en sus territorios. Con esa decisión, los gobernadores, alcaldes y concejos recuperaron la potestad de oponerse al desarrollo de proyectos mineros en sus regiones, pese a que el Gobierno Nacional no esté de acuerdo.

La primera fecha propuesta para la consulta de Cajamarca, el 27 de noviembre de 2016, fue refutada por la Registraduría, ya que el alcalde del momento, William Poveda, quien además falleció en el mes siguiente, la había convocado con sólo seis días de anticipación, lo que no daba tiempo para cumplir con las garantías. En la segunda fecha, 22 de enero de 2017, propuesta por la Registraduría, el proceso se vino abajo como consecuencia de una acción de tutela que radicó la multinacional Anglo Gold ante el Consejo de Estado.

No obstante, superando estos obstáculos, y no sin sufrir ciertas modificaciones en el camino, como el cambio de la pregunta original propuesta por el Comité Promotor, este domingo los habitantes de Cajamarca podrán, finalmente, decidir sobre su futuro.

“El hecho de que sea la primera consulta popular de iniciativa ciudadana, además con carácter ambiental, va a abrir un espacio para que se den este tipo de decisiones”, aclara Mejía, quien aun así no da por sentado el triunfo. Con algo de escepticismo explica que las mesas dispuestas por la Registraduría para este domingo son más o menos la mitad de las que hubo en la última votación.

“Tememos que el hecho de que se pase de 35 mesas a 18 para el mismo censo electoral pueda afectar las votaciones, porque habrá congestión y la gente deja de votar si hay mucha fila”, afirma. Por esto, ya le han pedido a la entidad que aumente el número de mesas.

Por su parte, Verónica Muriel, coordinadora de la Red por la Justicia Ambiental, quien ha seguido el proceso, considera que la consulta es un paso importante porque demuestra el gran avance que se ha tenido en la protección de los derechos de las personas. “Es una muestra de cómo se ha ido movilizando la comunidad para decir qué quiere en el territorio, y que contrasta con los proyectos de desarrollo que tiene el Gobierno. Es decir: ‘Espere, primero garantíceme los derechos’, y eso es muy importante”, concluye.

Afectación ambiental

Uno de los principales argumentos de quienes se oponen al proyecto está relacionado con la afectación de la Reserva Forestal Central del Tolima. “Parte de nuestras principales preocupaciones es que la zona está muy cerca a páramo y en bosque alto andino, donde Cortolima ya ha advertido que podría verse en riesgo la riqueza hídrica. Por ejemplo, si cuando se empiece a hacer explotación minera se rompe un dique de cola, el impacto por contaminación va a ser inmenso”, explica Jorge Rubiano, director del comité ambiental Semillas de Agua.

En efecto, voceros de la empresa Anglo Gold le aclararon a El Espectador que durante el proceso de exploración en el que se encuentra el proyecto se le ha solicitado al Ministerio de Ambiente que autorice tres sustracciones sobre la reserva: dos ya aprobadas (de 6,39 y 35,9 hectáreas) y una aún en proceso (de 29,62 hectáreas). Igualmente, ante la duda de si 39.704 hectáreas del proyecto están sobre el páramo, como lo afirmó en el 2014 la ONG inglesa Colombia Solidarity Campaign, la compañía señaló haber renunciado y solicitado recorte de todas las áreas que pueden estar o tener superposición con zonas de páramos.

Otro de los puntos que han generado rechazo a La Colosa es el impacto que la mina podría tener sobre el abastecimiento de agua. El municipio de Cajamarca está ubicado en la cuenca alta del río Coello, la cual, según advirtió Cortolima en el 2011, tiene agotamiento del recurso hídrico debido a que hay más demanda que oferta. Por su parte, Anglo Gold aclaró que ha venido trabajando con las concesiones de agua otorgadas por esta corporación en las quebradas La Arenosa y La Colosa, afluentes de la quebrada La Guala, así como de agua lluvia. Además explicó que el agua que se usaría en una posible fase de explotación es equivalente a menos del 1 % del caudal medio del río Coello, gracias a un programa de recirculación continua.

A esto, claro, se suman preocupaciones típicas de la minería, como el almacenamiento de escombros, los residuos tóxicos que se podrían verter en los ríos, la remoción de altos volúmenes de vegetación y la afectación de la fauna de la zona. No obstante, la compañía dice: “Hemos estado realizando actividades en la zona desde hace más de seis años, implementando los estándares ambientales más exigentes de la industria, por lo que podemos decir con total tranquilidad que el impacto generado hasta hoy es de baja intensidad, puntual, mitigable y compensable”.

En cuanto a la consulta popular, Anglo Gold afirmó que el apoyo de las comunidades es fundamental para seguir adelante con el proyecto. “No obstante, de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado en la sentencia de tutela sobre la consulta popular de Ibagué, los efectos de una consulta popular no afectarán los contratos de concesión suscritos y actualmente vigentes, y por ende sólo tendrán efectos hacia el futuro”, explica en un comunicado. Por lo que habría que ver, más adelante, cómo se interpretarán los escrutinios.

Lo importante por ahora es que la consulta se lleve a cabo en paz y ambos lados defiendan su posición con buenos argumentos y respeto.

La primera vez que los colombianos escucharon sobre La Colosa, uno de los megaproyectos mineros más ambiciosos del país, fue hacia el año 2007. En medio de un boom de oro que resonaba en toda Latinoamérica y que ya fichaba a Colombia como una de sus principales piezas, el entonces presidente de la multinacional Anglo Gold Ashanti anunció que este yacimiento, ubicado en el municipio de Cajamarca (Tolima), era el “más grande hallado en los últimos diez años en todo el mundo”.

Pero lo que resultó una buena noticia para los mineros , despertó grandes temores entre las comunidades aledañas a la mina. En Cajamarca, Ibagué y otros municipios del Tolima, la afectación que podrían llegar a sufrir la reserva forestal y las fuentes hídricas a cambio de 28 millones de onzas de oro no les pareció un buen negocio a muchos habitantes. Organizaciones civiles, políticos regionales y ciudadanos comenzaron una movilización social que ya casi cumple una década. Este domingo, 26 de marzo, con la realización de la consulta popular en Cajamarca, por fin se podrá saber cuál es la visión de desarrollo que se impone en el lugar: locomotora minera o conservación.

“¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” es la pregunta que deberán responder 5.500 ciudadanos, de un censo de 16.300 votantes, para que los resultados tengan validez.

Llegar a esa consulta ha sido un camino lleno de tropiezos, mentiras, desinformación, amenazas a líderes sociales, tensiones políticas, leguleyadas y, sobre todo, una profunda demostración de los vacíos para resolver los choques entre diferentes visiones del desarrollo que existen en Colombia.

Como lo explicó Róbinson Mejía, uno de los miembros del comité que impulsó la consulta a principios del 2016, el proceso “ha estado en un péndulo de lo jurídico, donde se le han puesto todos los obstáculos, pero hemos logrado avanzar”.

Un camino turbulento

El 28 de junio de 2013, el municipio de Piedras, también en Tolima, marcó un hito en esa historia. A través de una consulta popular sin precedentes, sus ciudadanos hicieron público su descontento con la presencia de operaciones mineras en su territorio, entre ellos el proyecto La Colosa de la empresa Anglo Gold. La pregunta, a nivel nacional, quedó abierta: ¿tienen el poder los habitantes de una localidad para decidir si se explotan o no los minerales del subsuelo?

Los habitantes de Cajamarca comenzaron a pensar en imitar a sus vecinos de Piedras. En principio, explica Mejía, un grupo de ciudadanos le pidió al alcalde de entonces, Luis Evelio Gómez, hacer la solicitud ante el Concejo de Cajamarca, pero esta fue negada en el 2015. Incluso se supo que la Procuraduría, junto con los ministerios de Minas y del Interior, intimidaron a varios de los concejales diciendo que se les podría abrir una investigación si le daban visto bueno a la consulta. Como en la Guerra Fría, el municipio tolimense se convirtió en escenario de un juego de poder mucho mayor.

Cuando esta primera puerta quedó cerrada, a principios de 2016 el Comité Promotor de la Consulta Popular decidió tomar una vía alterna: inscribir la consulta ante la Registraduría a partir de la recolección de firmas. En agosto del mismo año lograron que la mayoría del Concejo votara sí a la iniciativa (con ocho votos a favor y tres en contra). Sólo un mes después, el Tribunal Administrativo de Tolima les dio vía libre para realizar la consulta popular. Fue entonces cuando comenzaron los entuertos.

El fallo de la Corte

Para esa época, la Corte Constitucional, al ver que los intereses del Gobierno Nacional colisionaban con los de comunidades en Santurbán, Pijao, Tauramena, entre muchos otros municipios, se pronunció en mayo de 2016 y tumbó el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en el que se prohibía a los entes territoriales negarse a proyectos mineros que se desarrollaran en sus territorios. Con esa decisión, los gobernadores, alcaldes y concejos recuperaron la potestad de oponerse al desarrollo de proyectos mineros en sus regiones, pese a que el Gobierno Nacional no esté de acuerdo.

La primera fecha propuesta para la consulta de Cajamarca, el 27 de noviembre de 2016, fue refutada por la Registraduría, ya que el alcalde del momento, William Poveda, quien además falleció en el mes siguiente, la había convocado con sólo seis días de anticipación, lo que no daba tiempo para cumplir con las garantías. En la segunda fecha, 22 de enero de 2017, propuesta por la Registraduría, el proceso se vino abajo como consecuencia de una acción de tutela que radicó la multinacional Anglo Gold ante el Consejo de Estado.

No obstante, superando estos obstáculos, y no sin sufrir ciertas modificaciones en el camino, como el cambio de la pregunta original propuesta por el Comité Promotor, este domingo los habitantes de Cajamarca podrán, finalmente, decidir sobre su futuro.

“El hecho de que sea la primera consulta popular de iniciativa ciudadana, además con carácter ambiental, va a abrir un espacio para que se den este tipo de decisiones”, aclara Mejía, quien aun así no da por sentado el triunfo. Con algo de escepticismo explica que las mesas dispuestas por la Registraduría para este domingo son más o menos la mitad de las que hubo en la última votación.

“Tememos que el hecho de que se pase de 35 mesas a 18 para el mismo censo electoral pueda afectar las votaciones, porque habrá congestión y la gente deja de votar si hay mucha fila”, afirma. Por esto, ya le han pedido a la entidad que aumente el número de mesas.

Por su parte, Verónica Muriel, coordinadora de la Red por la Justicia Ambiental, quien ha seguido el proceso, considera que la consulta es un paso importante porque demuestra el gran avance que se ha tenido en la protección de los derechos de las personas. “Es una muestra de cómo se ha ido movilizando la comunidad para decir qué quiere en el territorio, y que contrasta con los proyectos de desarrollo que tiene el Gobierno. Es decir: ‘Espere, primero garantíceme los derechos’, y eso es muy importante”, concluye.

Afectación ambiental

Uno de los principales argumentos de quienes se oponen al proyecto está relacionado con la afectación de la Reserva Forestal Central del Tolima. “Parte de nuestras principales preocupaciones es que la zona está muy cerca a páramo y en bosque alto andino, donde Cortolima ya ha advertido que podría verse en riesgo la riqueza hídrica. Por ejemplo, si cuando se empiece a hacer explotación minera se rompe un dique de cola, el impacto por contaminación va a ser inmenso”, explica Jorge Rubiano, director del comité ambiental Semillas de Agua.

En efecto, voceros de la empresa Anglo Gold le aclararon a El Espectador que durante el proceso de exploración en el que se encuentra el proyecto se le ha solicitado al Ministerio de Ambiente que autorice tres sustracciones sobre la reserva: dos ya aprobadas (de 6,39 y 35,9 hectáreas) y una aún en proceso (de 29,62 hectáreas). Igualmente, ante la duda de si 39.704 hectáreas del proyecto están sobre el páramo, como lo afirmó en el 2014 la ONG inglesa Colombia Solidarity Campaign, la compañía señaló haber renunciado y solicitado recorte de todas las áreas que pueden estar o tener superposición con zonas de páramos.

Otro de los puntos que han generado rechazo a La Colosa es el impacto que la mina podría tener sobre el abastecimiento de agua. El municipio de Cajamarca está ubicado en la cuenca alta del río Coello, la cual, según advirtió Cortolima en el 2011, tiene agotamiento del recurso hídrico debido a que hay más demanda que oferta. Por su parte, Anglo Gold aclaró que ha venido trabajando con las concesiones de agua otorgadas por esta corporación en las quebradas La Arenosa y La Colosa, afluentes de la quebrada La Guala, así como de agua lluvia. Además explicó que el agua que se usaría en una posible fase de explotación es equivalente a menos del 1 % del caudal medio del río Coello, gracias a un programa de recirculación continua.

A esto, claro, se suman preocupaciones típicas de la minería, como el almacenamiento de escombros, los residuos tóxicos que se podrían verter en los ríos, la remoción de altos volúmenes de vegetación y la afectación de la fauna de la zona. No obstante, la compañía dice: “Hemos estado realizando actividades en la zona desde hace más de seis años, implementando los estándares ambientales más exigentes de la industria, por lo que podemos decir con total tranquilidad que el impacto generado hasta hoy es de baja intensidad, puntual, mitigable y compensable”.

En cuanto a la consulta popular, Anglo Gold afirmó que el apoyo de las comunidades es fundamental para seguir adelante con el proyecto. “No obstante, de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado en la sentencia de tutela sobre la consulta popular de Ibagué, los efectos de una consulta popular no afectarán los contratos de concesión suscritos y actualmente vigentes, y por ende sólo tendrán efectos hacia el futuro”, explica en un comunicado. Por lo que habría que ver, más adelante, cómo se interpretarán los escrutinios.

Lo importante por ahora es que la consulta se lleve a cabo en paz y ambos lados defiendan su posición con buenos argumentos y respeto.