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Desde el 2011, cuando el primer mandato del gobierno Santos afirmó que los páramos del país debían ser delimitados a una escala diez veces más detallada que la anterior, estos ecosistemas empezaron a ganar protagonismo. En la lógica política caló una idea que antes solo abanderaban científicos y ecólogos: los páramos, como sala cunas del agua, debían ser conservados y protegidos para garantizar que el recurso siguiera llegando a las ciudades. Se aceptó que estos territorios son una herramienta fundamental para mitigar los efectos del cambio climático, por lo que, en teoría, debería prohibirse la minería y la agricultura en estos territorios.
Sin embargo, esta perspectiva centrada en lo biológico dejó muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasará con los pobladores para quienes el páramo más que un ecosistema es su hogar? Si la mayoría de los proyectos van a estar enfocados en conservar los recursos de los ecosistemas, ¿quién protegerá a quienes los cuidan? ¿Qué alternativas de producción se pueden proponer desde el saber local y cómo se puede incentivar la conservación a través de beneficios monetarios?
Para responder a estas preguntas, Tropenbos Colombia, respaldado por la Universidad Central, desarrolló un diplomado en Páramos y Adaptación al Cambio Climático. Un espacio en donde participaron personas de las veredas de los páramos de Chingaza, Guerrero, Cruz Verde y cerros orientales, profesionales universitarios, líderes campesinos y funcionarios de algunas corporaciones autónomas regionales para crear una agenda ciudadana de cómo deberían gobernarse y gestionarse estos territorios. El diplomado está enmarcado en el proyecto “Comunidades de los páramos: fortaleciendo las capacidades y la coordinación a los efectos del cambio climático”, dirigido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - Suramérica y financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia.
“Uno de los temas más recurrentes durante estos talleres fue la inequidad urbana-rural. Por ejemplo, en Fómeque, que garantiza casi el 80 % de agua para Bogotá, porque es el municipio que más área tiene en Chingaza, no tiene agua potable”, explica Diana Duque, coordinadora del proyecto en Colombia. Por esto, partieron de algunos puntos preliminares para definir esta hoja de ruta: el agua es un bien común, por lo que debe existir una articulación entre varios actores locales para gestionarla y un reconocimiento concertado de áreas intocables donde se compense a sus dueños y la concepción de los páramos habitados, donde se entienda que su conservación no deba ir en contravía con la permanencia de sus pobladores.
“Lo central de este diplomado era descifrar cómo las comunidades pueden seguir en los páramos haciendo una gestión sostenible del territorio. Como lograr que las comunidades se incluyan en la construcción de políticas y no solo sean receptoras. En función de esto creamos siete aspectos fundamentales sobre lo que consideramos necesario trabajar”, aclara Duque.