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21 Sep 2020 - 11:00 p. m.

¿Qué tan efectiva ha sido la intervención militar para detener la deforestación?

¿Qué tan efectiva es Artemisa, la operación militar del gobierno Duque contra la deforestación? Un informe de Ideas para la Paz revela los peligros y retos y oportunidades de militarizar el cuidado ambiental, a cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz.
Denuncias Operación Artemisa
Denuncias Operación Artemisa
Foto: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Estaba cantado: con la firma del Acuerdo de Paz y la salida de la ex guerrilla de las FARC vendría un aumento en la deforestación. Para 2017, un año después en que Colombia firmó el Acuerdo de Paz, el país perdió 219.973 hectáreas de bosque natural, un aumento del 23% con respecto al año inmediatamente anterior.

Una de las estrategias del gobierno de Duque para atener del desmonte de los bosques del país es la Operación Artemisa, la estrategia militar para detener la deforestación en Colombia, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y autoridades ambientales.

Pero el involucramiento de tropas en la conservación de los bosques tiene varias caras. Están las organizaciones sociales y campesinas han denunciado abusos de fuerza en los procedimientos, y las autoridades ambientales que solicitan que la fuerza pública apoye la lucha contra la deforestación. Por eso, tras año y medio de su implementación –la mitad en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19–, la organización Ideas para la Paz lanzó un informe en donde analiza la Operación Artemisa, sus retos y riesgos.

A un año y medio de Artemisa

Una de las zonas más afectadas por la deforestación, y donde se ha concentrado la Operación, es el Área de Manejo Especial de La Macarena, entre los Parques Nacionales Naturales Tinigua y Sierra de La Macarena. La dinámica de desmonte de bosque allí es similar en la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, la Reserva Forestal de la Amazonia y el Resguardo Indígena Nukak Makú (Guaviare), en donde hay acaparamiento de tierras, tumba e introducción de cabezas de ganado como un método para demostrar ocupación de la tierra.

En estas zonas protegidas de la Amazonia, desmontar una hectárea de bosque puede costar entre $500.000 y un millón de pesos, lo que excede con creces las posibilidades de campesinos de escasos recursos para hacer esta actividad en cientos de hectáreas. No son ellos quienes deforestan, ni talan, pero sí son ellos quienes han sufrido el reacomodo de estructuras criminales y grupos armados en la zona, junto a autoridades ambientales como Corpoamazonia y Cormacarena y Parques Nacionales funcionarios públicos como los guardaparques de Parques Nacionales.

Para no ir más lejos, en 2019, los funcionarios de cinco parques de la Amazonia (Chiribiquete, Cahuinarí, Río Puré, La Paya y Yaijagé Apaporis) fueron declarados “objetivo militar” y expulsados de la zona por disidencias de las FARC, y fueron asesinados Wilton Fauder Orrego León, guardaparques de la Sierra Nevada de Santa Marta, y Yamid Alonso Silva Torres, del Parque Nacional Natural El Cocuy.

“Esto es distinto a las épocas de las FARC, que a pesar de todo cuidaban el bosque. La selva era estratégica para la guerra, un bosque en pie también les servía para esconderse, pero parece que conservar ya no es la apuesta”, dijo el Procurador Fernando Carrillo en una entrevista de 2018 para Mongabay Latam. En ese contexto se lanzó la “Operación Artemisa”.

La primera fase comenzó en los Parques Nacionales Natural Serranía de Chiribiquete y Sierra de la Macarena ese abril, extendiéndose luego al Resguardo Llanos de Yarí (Caquetá) y al Parque Nacional Natural La Paya (Putumayo). Según el Ejército Nacional, tras cinco fases y año y medio de implementación, la campaña Artemisa ha realizado 244 operaciones militares (en los PNN Tinigua, Chiribiquete, La Paya, Macarena y Picachos), recuperado 5.91743 hectáreas de Parques Naturales, capturado a 224 personas por delitos ambientales e invertido 3.000 millones de pesos. También hicieron una operación piloto de reforestación con un “bombardeo de semillas nativas” en el Guaviare, con contradictorios resultados.

La Operación Artemisa no es la primera en su tipo. Desde 1993, se destinó parte de la Fuerza Pública al control ambiental y en la Política de Defensa y Seguridad Nacional del segundo gobierno Santos se incluyó el cuidado del medio ambiente como un área misional de la Fuerza Pública.

En 2018 se expidió la Política Ambiental del Sector Defensa, en donde Fuerzas Militares y de Policía darían apoyo al Sistema Nacional Ambiental (SINA) para unir “ciencia y defensa” para el manejo ambiental, y ese mismo año quedó creada la Fuerza Integral de Protección Ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo.

Denuncias por abuso de fuerza

“Las operaciones desplegadas también han generado críticas relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza, así como con su concentración en los eslabones más débiles de las cadenas criminales (en especial sobre los campesinos colonos que habitan las áreas protegidas)”, dice el informe.

En febrero de 2020, se presentaron protestas en Caquetá y Meta en rechazo a las acciones de la Fuerza Pública en los PNN Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos, ubicados en el Área de Manejo Especial de La Macarena. Los manifestantes se oponen a los operativos y capturas de personas que, según ellos, apenas sobreviven con los cultivos de pancoger y ganadería que tienen en las áreas protegidas, y proponen una “salida negociada” a la ocupación de los Parques Naturales. De esta operación resultaron dos muertos, varios heridos y 20 capturados, y algunos menores de edad a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se capturó campesinos por el delito de invasión a zonas de importancia ecológica (es decir, Parques Nacionales), pero según una comisión de verificación, los predios que les pertenecen no estaban dentro de zona protegida, y no “invadieron” sino que viven allí desde antes que se declarara el Parque (en este caso el Picachos):

“Esto muestra que, si bien la expectativa es que la militarización verde contribuya a la conservación de las áreas de especial importancia ecológica mediante la judicialización de quienes cometen delitos ambientales y la disuación de otros, en la práctica esta tarea resulta muy compleja y con una efectividad limitada, especialmente cuando se hace de manera intermitente y aislada”, dice el informe.

Por un lado, las autoridades ambientales están solicitando el brazo armado del Estado para proteger los bosques y ríos de otros armados que los amenazan. El pasado 10 de abril, circuló un comunicado firmado por la Unidad Jhon Linares del Frente Comandante Jorge Briseño (SIC), en donde manifestó a los campesinos que quienes hicieran parte de los proyectos productivos impulsados por la cooperación internacional serían declarados objetivo militar, e invita a “tumbar la selva en la cantidad en la que se pueda trabajar”.

¿Cómo debería ser una intervención militar para proteger los bosques en Colombia?

Según el análisis de Ideas para la Paz, no hay un único desafío. Las causas y agentes de fenómenos como la deforestación, la colonización reciente de áreas de especial importancia ecológica y el acaparamiento de tierras ubicadas por fuera de la frontera agropecuaria, son múltiples y se conectan entre sí. Algunos de ellos tienen una clara conexión con la agenda de seguridad, pero otros dependen de diferentes ámbitos de la política pública. El informe comparó la experiencia de otros países con estrategias militares similares para la defensa del medio ambiente para hacer recomendaciones a la Fuerza Pública:

En India se creó la primera unidad militar con funciones ecológicas del mundo: la Ecological Task Force, integrada por militares y ex militares. Funcionó porque recuperó 2.500 hectáreas de minería ilegal a través de la reforestación y el uso adecuado de suelos.

En República Democrática por el Congo, por el contrario, se militarizaron las fronteras del Parque Nacional Virunga, uno de los refugios de gorilas más antiguos del mundo, y se presentaron hechos violentos relacionados a conflictos por tierras y la estigmatización de las personas cercanas al parque. El caso de Sudáfrica es similar. Con el aumento de la caza ilegal de rinocerontes en el Parque Nacional Kruger, el gobierno “declaró la guerra” a los cazadores ilegales, pero la caza ilegal de rinocerontes no presentó un descenso notorio porque se abandonó el monitoreo de la biodiversidad y el diálogo con las comunidades aledañas al parque.

Lo bueno, lo malo y lo feo de la “militarización verde”

En su análisis sobre estas experiencias, Ideas para la Paz plantea que “militarizar la protección del medio ambiente” puede tener riesgo porque aumenta el riesgo sobre los guardaparques, que quedan en fuego cruzado; tiene efectos en el derecho a la libre movilidad o el libre paso de las comunidades, afectando sus medios de subsistencia; y el uso desproporcionado de la fuerza. En algunos de los casos analizados se destruyeron casas y cultivos, y se invadieron domicilios en la búsqueda de evidencia sobre crímenes.

Para 2018, se calcula que 10.555 personas vivían dentro de áreas protegidas del país, así que otro riesgo es el aumento de prácticas de exclusión de comunidades a los márgenes o dentro de áreas protegidas, por ser vistas como “invasoras”, se pueden abandonar iniciativas de trabajo conjunto con las comunidades, y se concentra en los síntomas de la deforestación y los crímenes ambientales, y no en la raíz: la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la presencia de actores armados y la débil presencia institucional.

“Otro de los riesgos de la militarización verde es que, cuando las Fuerzas Militares se enfrentan a la presión por mostrar resultados inmediatos, la represión puede recaer directamente en los agentes más débiles (como campesinos y otras comunidades vulnerables), en la medida en que las operaciones contra actores poderosos y redes más sofisticadas requieren de inteligencia, capacidades, tiempo y concentración de recursos”.

El balance costo beneficio de estas intervenciones termina siendo desfavorable para el Estado. Algunas estimaciones señalan que en un solo despliegue en el marco de la Operación Artemisa tuvo un costo de 800 millones de pesos, dejando como balance 17 capturas de personas que en la mayoría de los casos fueron dejadas en libertad.

Por último, los investigadores recomiendan que se fortalezca el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación; sumar esfuerzos con las autoridades ambientales, construir casos robustos entre fuerza pública y el sistema de justicia para hacer cumplir la ley a quienes realmente causan la deforestación y no solo detenerla temporalmente, concentrar los recursos en las acciones contra los eslabones más fuertes de las redes criminales, considerar áreas de deforestación sin comunidades en donde las fuerzas militares pueden controlar corredores estratégicos, entre otras.

Puede leer el informe completo aquí

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