Rezagados en lucha contra el mercurio

En 1956, los habitantes de la ciudad de Minamata, en Japón, detectaron que algo grave estaba ocurriendo a su alrededor. Ese año murieron aproximadamente 45 personas luego de sufrir alteraciones sensoriales, ataxia, perder la vista o quedar sordas. Lo mismo ocurrió con sus mascotas y las aves que anidaban en la bahía.

Las sospechas de contaminación pronto recayeron en las industrias asentadas en su territorio. La investigación para establecer el verdadero culpable tomó casi doce años. Con 111 víctimas y más de 400 personas afectadas de por medio, finalmente en 1968 el gobierno japonés informó oficialmente que la causa del problema era la ingestión de pescado y mariscos contaminados con mercurio. A espaldas de todos, y por casi tres décadas, la empresa petroquímica Chisso había vertido unas 81 toneladas de la sustancia química en sus aguas.

A partir de ahí el síndrome que produce la contaminación por mercurio se conoció como la enfermedad de Minamata, y el acuerdo global firmado en 2013, después de una ardua tarea diplomática y política para controlar su comercio, fue bautizado como el Convenio de Minamata. El convenio obliga a los países a prohibir la fabricación, importación y exportación de productos con mercurio a más tardar en 2020. Esa lista incluye productos como baterías, lámparas fluorescentes, productos cosméticos, pesticidas, antisépticos tópicos, aparatos de medición no electrónicos y, por supuesto, su aplicación en la extracción y el procesamiento del oro. En cuanto al uso de mercurio en odontología para la fabricación de amalgamas, el acuerdo es más flexible y no fijó una fecha exacta de prohibición.

Colombia, el país donde se vierte más mercurio en el mundo (ver infografía), firmó el acuerdo internacional pero cuatro años después no lo ha ratificado en el Congreso de la República.

Entre 2013 y 2015 el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública reportó en el país 1.126 casos de personas enfermas por contaminación de mercurio. La mayoría asociadas a zonas de minería legal e ilegal. Muchas más de las que hace medio siglo contabilizaron las autoridades de Minamata. La mayoría de ellas están concentradas en cinco departamentos, encabezados por Antioquia. Entre 50 y 100 toneladas del “veneno plateado” van cada año a parar a las aguas y suelos del país de acuerdo a cifras del Departamento Nacional de Planeación.

La ponencia para ratificar el convenio finalmente fue radicada en la Comisión Segunda del Senado para que se inicie su trámite y se convierta en ley. Pero aún no ha sido definida una fecha. Otros 42 países ya cumplieron con su deber. Entre ellos varios vecinos de Colombia como Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Perú y Panamá.

Mario López, asesor del Ministerio de Ambiente, dice que el uso de tecnologías limpias que ya han sido probadas en la minería de oro artesanal y de pequeña escala en Colombia permitirán reemplazar el mercurio en la industria minera.

Elias Pinto, otro de los asesores del Ministerio de Ambiente en este tema, cree que “es importante que no se postergue más tiempo el trámite por cuanto la ratificación temprana, antes de realizada la primera reunión de las partes, conlleva grandes beneficios para los países que pueden participar en ella”.

En 1956, los habitantes de la ciudad de Minamata, en Japón, detectaron que algo grave estaba ocurriendo a su alrededor. Ese año murieron aproximadamente 45 personas luego de sufrir alteraciones sensoriales, ataxia, perder la vista o quedar sordas. Lo mismo ocurrió con sus mascotas y las aves que anidaban en la bahía.

Las sospechas de contaminación pronto recayeron en las industrias asentadas en su territorio. La investigación para establecer el verdadero culpable tomó casi doce años. Con 111 víctimas y más de 400 personas afectadas de por medio, finalmente en 1968 el gobierno japonés informó oficialmente que la causa del problema era la ingestión de pescado y mariscos contaminados con mercurio. A espaldas de todos, y por casi tres décadas, la empresa petroquímica Chisso había vertido unas 81 toneladas de la sustancia química en sus aguas.

A partir de ahí el síndrome que produce la contaminación por mercurio se conoció como la enfermedad de Minamata, y el acuerdo global firmado en 2013, después de una ardua tarea diplomática y política para controlar su comercio, fue bautizado como el Convenio de Minamata. El convenio obliga a los países a prohibir la fabricación, importación y exportación de productos con mercurio a más tardar en 2020. Esa lista incluye productos como baterías, lámparas fluorescentes, productos cosméticos, pesticidas, antisépticos tópicos, aparatos de medición no electrónicos y, por supuesto, su aplicación en la extracción y el procesamiento del oro. En cuanto al uso de mercurio en odontología para la fabricación de amalgamas, el acuerdo es más flexible y no fijó una fecha exacta de prohibición.

Colombia, el país donde se vierte más mercurio en el mundo (ver infografía), firmó el acuerdo internacional pero cuatro años después no lo ha ratificado en el Congreso de la República.

Entre 2013 y 2015 el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública reportó en el país 1.126 casos de personas enfermas por contaminación de mercurio. La mayoría asociadas a zonas de minería legal e ilegal. Muchas más de las que hace medio siglo contabilizaron las autoridades de Minamata. La mayoría de ellas están concentradas en cinco departamentos, encabezados por Antioquia. Entre 50 y 100 toneladas del “veneno plateado” van cada año a parar a las aguas y suelos del país de acuerdo a cifras del Departamento Nacional de Planeación.

La ponencia para ratificar el convenio finalmente fue radicada en la Comisión Segunda del Senado para que se inicie su trámite y se convierta en ley. Pero aún no ha sido definida una fecha. Otros 42 países ya cumplieron con su deber. Entre ellos varios vecinos de Colombia como Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Perú y Panamá.

Mario López, asesor del Ministerio de Ambiente, dice que el uso de tecnologías limpias que ya han sido probadas en la minería de oro artesanal y de pequeña escala en Colombia permitirán reemplazar el mercurio en la industria minera.

Elias Pinto, otro de los asesores del Ministerio de Ambiente en este tema, cree que “es importante que no se postergue más tiempo el trámite por cuanto la ratificación temprana, antes de realizada la primera reunión de las partes, conlleva grandes beneficios para los países que pueden participar en ella”.