En las últimas semanas, el páramo de Santurbán ha sido protagonista de varias discusiones: las denuncias por minería ilegal dentro del ecosistema (hechas por el diario Vanguardia) o las declaraciones del ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona Hincapié, sobre la posibilidad de que la minera canadiense Aris Mining tenga presencia en el páramo, son dos de las más reciente. Sin embargo, hay un tema de fondo que sigue generando opiniones divididas: la definición de cuáles serán las áreas de este ecosistema donde se prohíben actividades como la minería.
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Bucaramanga fue uno de los escenarios donde se vio esa división recientemente. Al auditorio de la facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander (UIS) llegaron dos bandos para una mesa de concertación alrededor de la delimitación del páramo, organizada por el Ministerio de Ambiente. A un lado estaba el grupo encabezado por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que dejó claro su rechazo a las actividades de minería a gran escala en el ecosistema. Al otro lado, estaban los representantes de la provincia de Soto Norte (Santander), quienes le pedían al ministerio “respetar los acuerdos” a los que ya habían llegado con sus municipios meses atrás.
Las más de seis horas de reunión transcurrieron entre gritos, discusiones y desencuentros que iniciaron desde la entrada al evento y que imposibilitaron avanzar de manera eficiente en los puntos planteados por el Ministerio. La mesa de concertación, que ya había tenido un primer momento 15 días atrás (el 4 de julio), logró avanzar sólo en dos de los cuatro puntos que hacían falta (en total son seis).
Esos puntos son conocidos como ineludibles y fueron establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017. Allí, el alto tribunal le ordenó al Ministerio de Ambiente hacer una nueva delimitación de Santurbán, después de considerar que la expedida en 2014 vulneró el derecho a la participación de las comunidades afectadas.
Precisamente, para garantizar ese derecho, la Corte ordenó que el nuevo proceso debía involucrar no solo a los municipios con territorio dentro del área de influencia del páramo, sino también a aquellos que se benefician de sus servicios ecosistémicos, como el abastecimiento de agua. Por esa razón, Bucaramanga y su área metropolitana participan en las mesas de concertación, que se deben desarrollar en 40 municipios: 27 de Norte de Santander y 13 de Santander.
En esos espacios, lo que se hace es el debate y análisis “de cada uno de los ineludibles, de tal manera que en el acta se consiguen los consensos y disensos que puedan llegar a tener los actores que hacemos parte de este proceso”, explicó Natalia María Ramírez Martínez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Minambiente.
El Ministerio dice que ya hubo concertación con 28 municipios, lo que representa un avance significativo. Sin embargo, el problema está en que la delimitación debió quedar lista en noviembre de 2018, pero ocho años después, y tras dos gobiernos presidenciales (el de Iván Duque y Gustavo Petro) el proceso no ha culminado.
Ante este retraso, el Ministerio optó por una alternativa: una “delimitación progresiva” que “permitirá que los territorios donde ya culminó el proceso participativo avancen hacia la delimitación, mientras continúan el diálogo y las etapas pendientes en los demás sectores, sin fragmentar los ecosistemas ni disminuir su protección ambiental”, explicó la cartera.
La propuesta está en un proyecto de resolución que publicó el Minambiente en su página para que los ciudadanos dejen sus comentarios hasta este miércoles, 29 de julio. La cartera dice que esta es la manera de “avanzar en el cumplimiento de las órdenes judiciales”.
Ocho años sin resultados
La propuesta del Ministerio de Ambiente se dio a conocer el 15 de julio. En el documento se explica que la delimitación se basa en el área de referencia elaborada por el Instituto Humboldt, en los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales correspondientes y en la comprensión integral del complejo ecosistémico.
Esa área de referencia fue hecha en 2014 por el Humboldt y abarcaba 135.253 hectáreas, un área casi nueve veces más grande que Bucaramanga, y que quedó establecida en la Resolución 2090 de 2014. Esa delimitación definía qué zonas quedaban protegidas y cuáles podrían destinarse a otras actividades, como la minería. Pero, esa es la propuesta que fue demandada por un grupo de personas, entre ellas representantes del Comité para la Defensa del Páramo, quienes alegaron que se vulneraron los derechos al debido proceso, acceso a la información, petición y participación ambiental.
La Corte les dio la razón y dejó sin efectos la Resolución 2090. Sin embargo, como eso podía dejar un vacío en la protección del ecosistema, el Tribunal Administrativo de Santander emitió un auto en septiembre de 2018 donde señalaba que la delimitación de 2014 debía conservar su vigencia hasta que el Ministerio de Ambiente expidiera y publicara una nueva.
Mientras eso ocurría, en 2019, el Instituto Humboldt actualizó la información técnica y la zona de páramo pasó a tener 138.699 hectáreas, es decir, 3.445 ha (2.48%) más que en 2014. Esta nueva área de referencia, y la de 2014, son las que se están teniendo en cuenta en el proceso de delimitación actual, que, hasta el momento, ha concluido la concertación para 29.199 hectáreas, que quedarían delimitadas de manera definitiva si se expide la resolución.
¿Qué dicen los ciudadanos?
La propuesta del Ministerio de Ambiente no termina de caer bien en diferentes sectores. Por un lado, los habitantes de Soto Norte, una provincia de Santander que comprende los municipios de Vetas, Matanza, Suratá, California, Charta y Tona, (donde ya se hizo la concertación, a excepción del último), están en desacuerdo con el proyecto de resolución porque “no respeta los acuerdos a los que llegamos con el ministerio”, dice Edwin Blanco Portilla, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Suratá.
El principal inconformismo es otro proyecto de resolución del Minambiente que publicó el mismo día (15 de julio). Ese documento actualiza la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal declarada en 2025, otra medida de protección que abarca más de 75 mil hectáreas, y que con la actualización incorpora cerca de 88 hectáreas.
“La iniciativa también propone prorrogar la vigencia de la medida hasta el 4 de marzo de 2029, garantizando que los estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y jurídicos culminen antes de adoptar decisiones definitivas”, explicó el ministerio.
Durante ese tiempo las autoridades mineras y ambientales competentes no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales. Tampoco se podrán tramitar solicitudes de modificación de licencia ambiental cuyo objeto sea ampliar nuevas áreas mineras o modificar el proyecto.
Esta decisión, como contamos en este artículo, fue la razón principal del paro minero que se realizó en Santander el 21 de octubre de 2024 y que se prolongó por una semana.
Por otro lado, los representantes del Comité para la Defensa del Agua y el páramo de Santurbán, expresan su apoyo al proyecto de resolución de la reserva temporal porque dicen que “complementa” la delimitación progresiva y de esa manera se “garantiza el principio de integridad ecosistémica”, asegura Mayerly López, integrante del colectivo.
Aunque aún no se sabe si la resolución quedará en firme, lo que sí es seguro es que la concertación sobre la delimitación deberá continuar en el próximo gobierno. El actual Ministerio de Ambiente dice que si las mesas continúan al ritmo actual, Santurbán podría tener, por fin, una delimitación en noviembre de este año.
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